Judicial
Fiscalía busca pena de 50 años para sujeto que asesinó a agente policial durante un robo
El Tribunal 2° de Sentencia de Santa Tecla ha instalado este viernes la vista pública contra Julio Ernesto Arévalo, acusado de asesinar a un agente policial.
Los hechos que se le imputa a Arévalo ocurrieron el 18 de septiembre de 2018, en Lourdes Colón, La Libertad, precisa la Fiscalía General de la República (FGR).
Ese día, el agente la víctima hizo un retiro de efectivo en una agencia bancaria, cuando estaba cerca de su vivienda es interceptado por dos sujetos.
Los sujetos que le salieron al paso al hoy fallecido forcejearon y finalmente Arévalo le asestó varios disparos a la víctima, que terminaron con su vida.
En en desarrollo de la vista pública la FGR presentará las declaraciones de los testigos, quienes identifican al acusado como el autor del homicidio agravado.
Debido a la gravedad del homicidio, la representación el ministerio público solicitará que se le imponga una condena de 50 años de cárcel al imputado.
Judicial
Decretan instrucción contra King Flyp, acusado de expresiones de violencia contra las mujeres
Foto: Cortesía
Los hechos por los cuales es procesado ocurrieron el 6 de junio de 2025
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó la continuación a la etapa de instrucción del caso penal contra Marvin Ulises Martínez León, mejor conocido en redes sociales como King Flyp, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres, previsto y sancionado en el artículo 55, literal C y E de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Durante la audiencia, el juzgado determinó que existen indicios probatorios suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del procesado, motivo por el cual se ordenó que el caso continúe en la etapa de instrucción ante un juzgado LEIV.
Como medida cautelar, se le impusieron medidas sustitutivas a la detención, entre ellas: la prohibición de no acercarse a la víctima por cualquier medio y la obligación de presentarse cada 20 días ante el juzgado especializado LEIV.
Los hechos que motivan el proceso, ocurrieron el 6 de junio de 2025. Por tratarse de un delito contra una mujer, la relación circunstanciada de los hechos permanece bajo reserva total.
Judicial
Conductor enfrentará proceso judicial tras accidente que dejó lesionados a dos policías en Soyapango
Rolando Boanergues L. L., de 31 años, fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango por su presunta implicación en un accidente de tránsito que causó lesiones a dos agentes de la Policía Nacional Civil.
Según la Fiscalía, el hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera de Oro, a la altura del puente San José, cuando el imputado habría invadido el carril contrario e impactado con una motocicleta en la que se transportaban los agentes. Las víctimas recibieron incapacidades médicas de hasta ocho días.
La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.
Judicial
Madre que golpeó brutalmente a su hija de 13 años es obligada a terapia psicológica por orden judicial
Y. E. G. A., de 33 años, fue acusada por el delito de maltrato infantil en perjuicio de su hija de 13 años, luego de un incidente ocurrido el 4 de junio en la colonia San José de Soyapango.
Según el requerimiento fiscal, durante una discusión, la madre reaccionó de forma violenta, jalando del cabello a la menor y propinándole golpes en distintas partes del cuerpo. La niña llamó al sistema de emergencias 911 para denunciar la agresión, y minutos después agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a la mujer en flagrancia.
En la audiencia judicial, el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango ordenó una suspensión condicional del procedimiento por un año. Durante este tiempo, la acusada deberá cumplir con varias medidas, entre ellas, abstenerse de agredir física o verbalmente a su hija, residir en el mismo domicilio, no salir del país sin autorización judicial y asistir, junto con la menor, a sesiones de terapia psicológica en el Centro de Atención Psicosocial (CAPS).
