Judicial
Fiscalía apelará resolución que permite medidas cautelares a primo de expareja de Flor García
La Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer decretó medidas cautelares para Francisco Boanerges Valle Quezada, primo de la expareja de Flor García, Joel Valle y principal autor del crimen.
Antes esta resolución, el fiscal general Rodolfo Delgado afirmó que apelarán la decisión tomada.
“Analizaremos esa resolución y presentaremos el recurso correspondiente. No es la primera vez que la Fiscalía General de la República recibe este tipo de resoluciones”, expresó Delgado.
A Franciscos Boanerges Valle Quezada se le acusó en un primer momento de cómplice necesario de desaparición de personas y estaría siendo procesado por el delito de autor de encubrimiento, en perjuicio de la administración pública.
Debido a este cambio en el delito de Francisco Quezada, ya no estará en detención provisional sino que se le decretarán medidas cautelares. El imputado saldrá de prisión y deberá presentarse cada 15 días al Juzgado Especializado de Instrucción LEIV de Cojutepeque. Tendrá restricción migratoria y deberá entregar su pasaporte.
Además, no deberá comunicarse ni acercarse a los ofendidos en el proceso. Si Francisco Quezada no cumple dichas medidas lo llevarán a prisión de nuevo.
A Joel Omar Valle Leiva, expareja de Flor García, y autor material del asesinato de Flor, también se le cambió el delito. En un primer momento sería procesado por el delito de desaparición de personas, ahora será por el delito de feminicidio agravado.
Flor García fue reportada como desaparecida el martes 16 de marzo, cuando supuestamente se dirigía a comprar medicamentos para la clínica donde trabajaba con su esposo. Tres meses después fue encontrada en un botadero de ripio en el kilómetro 32 de la Carretera Panamericana en la jurisdicción de Cojutepeque.
Cortesía: LPG.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
