Este jueves 14 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla contra el exministro de la Defensa en el gobierno del FMLN, José Atilio Benítez, por el delito de enriquecimiento ilícito, el proceso también incluye a su esposa, Emma Isaura Muñoz de Benítez.

De acuerdo a las investigaciones del ministerio público el monto de lo enriquecido ilegalmente por el exministro Benítez es de $113,344; y su cónyuge Muñoz de Benítez, por $56,613.35, haciendo un total de US$169,957.35.

El demandado estuvo en el cargo durante el gobierno del expresidente prófugo, Mauricio Funes de 2009 a 2011.

Uno de los fiscales del caso explicó que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontró una irregularidad contra el exviceministro por el referido monto en 40 depósitos realizados en efectivo y de los cuales se desconoce su origen.

«Probidad determina cinco irregularidades que encontró y no pudo justificar en el caso de Benítez solo encontró por los $113,344  en 40 depósitos realizados en efectivo desconociendo su origen, y su esposa encontró cuatro irregularidades en depósitos en efectivo en cuentas corrientes y de ahorro realizados en efectivo y pagos en tarjeta de crédito por $$56,613.35 de  los cuales se desconoce su origen», manifestó el representante fiscal.

La FGR explicó que la investigación surgió luego de el exfuncionario presentó sus declaraciones de patrimonio ante la referida sección de la CSJ, agregan que solicitan que se reintegre ese dinero al Estado pues se desconoce de donde provinieron esos fondos. 

El ministerio público asegura que cuenta con suficiente prueba que sustenta la demanda, prueba de ellos son los documentos de los depósitos bancarios realizados por los demandados, además pedirán la realización de un peritaje financiero contable.

Procesado por peculado, actos arbitrarios y falsedad documental

En agosto de 2020 Benítez Parada junto con el exministro de la Defensa, David Munguía Payés fueron capturados por los delitos de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional.

En la acusación están procesados: Carlos Gustavo López Davidson, Héctor Abel Herrera Mejía, acusados de Peculado, en su calidad de cómplices necesarios. Además, giraron orden de captura en contra de Manuel de Jesús Romero, señalado por el delito de Peculado, en su calidad de cómplice necesario y por falsedad documental agravada.

Las investigaciones indican que el general Atilio Benítez firmó contrato de permuta de armas obsoletas y en mal estado con la empresa CENTRUM S.A. representada legalmente por López Davidson.

El contrato consistía en que el Ministerio de la Defensa le daría en calidad de permuta 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,706,472 cartuchos calibre 7.62 y 9,800 repuestos para fusil G-3, en mal estado, valorado el lote en US$2,051,893.00. A cambio, la sociedad CENTRUM dos Obuses M-71 calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un Jack de 20 toneladas, una engrasadora automática a presión.

No obstante, lo establecido en el contrato, el ministerio de Defensa entregó armas nuevas. 2,670 pistolas ametralladoras marca FMK-TRES, calibre 9 milímetros, así como diversas armas en buen estado, como fusiles G-3.