Judicial
FGR presenta demanda contra el exviceministro de la Defensa del FMLN, Atilio Benítez y su esposa por enriquecimiento ilícito
Este jueves 14 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla contra el exministro de la Defensa en el gobierno del FMLN, José Atilio Benítez, por el delito de enriquecimiento ilícito, el proceso también incluye a su esposa, Emma Isaura Muñoz de Benítez.
De acuerdo a las investigaciones del ministerio público el monto de lo enriquecido ilegalmente por el exministro Benítez es de $113,344; y su cónyuge Muñoz de Benítez, por $56,613.35, haciendo un total de US$169,957.35.
El demandado estuvo en el cargo durante el gobierno del expresidente prófugo, Mauricio Funes de 2009 a 2011.
Uno de los fiscales del caso explicó que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontró una irregularidad contra el exviceministro por el referido monto en 40 depósitos realizados en efectivo y de los cuales se desconoce su origen.
«Probidad determina cinco irregularidades que encontró y no pudo justificar en el caso de Benítez solo encontró por los $113,344 en 40 depósitos realizados en efectivo desconociendo su origen, y su esposa encontró cuatro irregularidades en depósitos en efectivo en cuentas corrientes y de ahorro realizados en efectivo y pagos en tarjeta de crédito por $$56,613.35 de los cuales se desconoce su origen», manifestó el representante fiscal.
La FGR explicó que la investigación surgió luego de el exfuncionario presentó sus declaraciones de patrimonio ante la referida sección de la CSJ, agregan que solicitan que se reintegre ese dinero al Estado pues se desconoce de donde provinieron esos fondos.
El ministerio público asegura que cuenta con suficiente prueba que sustenta la demanda, prueba de ellos son los documentos de los depósitos bancarios realizados por los demandados, además pedirán la realización de un peritaje financiero contable.
Procesado por peculado, actos arbitrarios y falsedad documental
En agosto de 2020 Benítez Parada junto con el exministro de la Defensa, David Munguía Payés fueron capturados por los delitos de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional.
En la acusación están procesados: Carlos Gustavo López Davidson, Héctor Abel Herrera Mejía, acusados de Peculado, en su calidad de cómplices necesarios. Además, giraron orden de captura en contra de Manuel de Jesús Romero, señalado por el delito de Peculado, en su calidad de cómplice necesario y por falsedad documental agravada.
Las investigaciones indican que el general Atilio Benítez firmó contrato de permuta de armas obsoletas y en mal estado con la empresa CENTRUM S.A. representada legalmente por López Davidson.
El contrato consistía en que el Ministerio de la Defensa le daría en calidad de permuta 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,706,472 cartuchos calibre 7.62 y 9,800 repuestos para fusil G-3, en mal estado, valorado el lote en US$2,051,893.00. A cambio, la sociedad CENTRUM dos Obuses M-71 calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un Jack de 20 toneladas, una engrasadora automática a presión.
No obstante, lo establecido en el contrato, el ministerio de Defensa entregó armas nuevas. 2,670 pistolas ametralladoras marca FMK-TRES, calibre 9 milímetros, así como diversas armas en buen estado, como fusiles G-3.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
