Judicial
FGR pide obligar a exsecretario particular de Saca pagar más de $309,000 producto de una condena
Fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron hoy un escrito pidiendo a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que obligue a Carlos Antonio Rosales Franco, exsecretario particular del expresidente Elías Antonio Saca a pagar $309,305.18.
El ministerio público acudió al tribunal superior, ante la negativa de Rosales para pagar el monto ordenado en una condena civil por enriquecimiento ilícito emitida el 23 de marzo de 2022.
Rosales Franco, fue secretario particular del expresidente Elías Antonio Saca, en el período 2004-2009. Las magistradas resolvieron que está en la obligación de regresar el monto con el cual se le probó que tuvo un incremento patrimonial no justificado producto de 10 irregularidades.
Rosales Franco no presentó pruebas para justificar el incremento patrimonial detectado por la Sección de Probidad en el período del 1 de junio 2004 al 31 de mayo 2009.
«Las investigaciones contra Rosales iniciaron a raíz de un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en donde no pudo justificar el origen legal del aumento de su patrimonio», publicó la Fiscalía.
En la audiencia probatoria, los abogados de Rosales Franco argumentaron ante la Cámara que en su calidad de secretario particular manejó fondos y de ahí ese reflejo de incremento de dinero, pero una magistrada al leer el fallo dijo: «No es necesario que el funcionario maneje fondos del Estado para enriquecerse ilícitamente, sino que puede aprovecharse de su cargo para hacerlo».
El exfuncionario también manifestó que como secretario particular recibió montos compensatorios provenientes de gastos reservados de la Presidencia de la República para inteligencia y otros rubros como emolumentos, mejor conocidos como sobresueldos, pero la Cámara ha dicho que no se acreditó esos fondos y cantidades concretas recibidas.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
