Judicial
FGR pide obligar a exsecretario particular de Saca pagar más de $309,000 producto de una condena
Fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron hoy un escrito pidiendo a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que obligue a Carlos Antonio Rosales Franco, exsecretario particular del expresidente Elías Antonio Saca a pagar $309,305.18.
El ministerio público acudió al tribunal superior, ante la negativa de Rosales para pagar el monto ordenado en una condena civil por enriquecimiento ilícito emitida el 23 de marzo de 2022.
Rosales Franco, fue secretario particular del expresidente Elías Antonio Saca, en el período 2004-2009. Las magistradas resolvieron que está en la obligación de regresar el monto con el cual se le probó que tuvo un incremento patrimonial no justificado producto de 10 irregularidades.
Rosales Franco no presentó pruebas para justificar el incremento patrimonial detectado por la Sección de Probidad en el período del 1 de junio 2004 al 31 de mayo 2009.
«Las investigaciones contra Rosales iniciaron a raíz de un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en donde no pudo justificar el origen legal del aumento de su patrimonio», publicó la Fiscalía.
En la audiencia probatoria, los abogados de Rosales Franco argumentaron ante la Cámara que en su calidad de secretario particular manejó fondos y de ahí ese reflejo de incremento de dinero, pero una magistrada al leer el fallo dijo: «No es necesario que el funcionario maneje fondos del Estado para enriquecerse ilícitamente, sino que puede aprovecharse de su cargo para hacerlo».
El exfuncionario también manifestó que como secretario particular recibió montos compensatorios provenientes de gastos reservados de la Presidencia de la República para inteligencia y otros rubros como emolumentos, mejor conocidos como sobresueldos, pero la Cámara ha dicho que no se acreditó esos fondos y cantidades concretas recibidas.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
