Judicial
FGR pide obligar a exsecretario particular de Saca pagar más de $309,000 producto de una condena
Fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron hoy un escrito pidiendo a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que obligue a Carlos Antonio Rosales Franco, exsecretario particular del expresidente Elías Antonio Saca a pagar $309,305.18.
El ministerio público acudió al tribunal superior, ante la negativa de Rosales para pagar el monto ordenado en una condena civil por enriquecimiento ilícito emitida el 23 de marzo de 2022.
Rosales Franco, fue secretario particular del expresidente Elías Antonio Saca, en el período 2004-2009. Las magistradas resolvieron que está en la obligación de regresar el monto con el cual se le probó que tuvo un incremento patrimonial no justificado producto de 10 irregularidades.
Rosales Franco no presentó pruebas para justificar el incremento patrimonial detectado por la Sección de Probidad en el período del 1 de junio 2004 al 31 de mayo 2009.
«Las investigaciones contra Rosales iniciaron a raíz de un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en donde no pudo justificar el origen legal del aumento de su patrimonio», publicó la Fiscalía.
En la audiencia probatoria, los abogados de Rosales Franco argumentaron ante la Cámara que en su calidad de secretario particular manejó fondos y de ahí ese reflejo de incremento de dinero, pero una magistrada al leer el fallo dijo: «No es necesario que el funcionario maneje fondos del Estado para enriquecerse ilícitamente, sino que puede aprovecharse de su cargo para hacerlo».
El exfuncionario también manifestó que como secretario particular recibió montos compensatorios provenientes de gastos reservados de la Presidencia de la República para inteligencia y otros rubros como emolumentos, mejor conocidos como sobresueldos, pero la Cámara ha dicho que no se acreditó esos fondos y cantidades concretas recibidas.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
