Judicial
FGR ordena la detención de acusados por delitos de índole sexual en el departamento de San Salvador
Las cinco oficinas fiscales del municipio de San Salvador han girado 54 órdenes de captura, de las cuales se han hecho efectivas por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el momento 36, en contra de igual número de personas acusados de diversos delitos de índole sexual, entre los que destacan varios casos de Violación en perjuicio de menores de edad, así como diversos procesos por Agresión Sexual y Acoso Sexual.
La oficina fiscal de Apopa ha reportado, hasta el momento, trece detenciones, seis de ellas por Violación Agravada, tres más por el delito de Agresión Sexual en Menor o Incapaz. Lesiones, amenazas y Lesiones graves, una cada ilícito
La Fiscalía de Soyapango registra ocho órdenes de captura ejecutadas por la Policía Nacional Civil. Cinco por el delito de Agresión Sexual en Menor y tres por Violación Agravada.
La dependencia ubicada en la capital reporta seis detenciones. Una por Corrupción de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad a través del uso de las Tecnologías, en perjuicio de una niña de 10 años, una por Acoso Sexual y cuatro más por Violación Agravada.
Las oficinas fiscales de San Marcos y Mejicanos reportan tres y seis detenciones respectivamente. Las tres capturas de San Marcos han sido por el delito de Violación Agravada y las de la oficina de Mejicanos son: dos por Violación, una por Acoso Sexual y tres por Agresión Sexual
El total de las órdenes emitidas es: Apopa ha girado la detención de 14 sujetos. San Salvador y Soyapango 11. Mientras que San Marcos y Mejicanos 9 en total.
Los capturados en cada oficina fiscal se detallan de la siguiente forma:
Apopa: Daniel Alexander Hernández Mayorga por Violación en Menor. Álex David Romero Flores por Violación Agravada en perjuicio de una mujer.
Francisco Mendoza García por Agresión Sexual en Menor en perjuicio de dos infantes. Hechos sucedidos en mayo del presente año en el municipio de Nejapa.
Miguel López Preza por el delito de Agresión Sexual en Menor Agravada en la modalidad Continuada. Hechos registrados el 9 de julio del presente año en el municipio de Guazapa.
Se ordenó la privación de libertad en contra de un menor de edad, Jefferson M., acusado por el delito de Violación en Menor e Incapaz, en perjuicio de una niña. La detención se registró en el municipio de Nejapa.
Zaqueo Azaña Rosales, Juan Edgardo Guevara, detenidos por Violación Agravada. Milton Alfredo Miranda por Lesiones muy Graves.
Manuel de Jesús Salguero Calderón, detenido por Violación Agravada en Menor. Edgar Francisco Hernández Tobar, por Acoso Sexual y Amenazas.
Guillermo Antonio Aguilar, detenido por Lesiones Agravadas. Nahomi Yesenia Machado, capturada por Agresión Sexual en Menor.
Wiliam Ernesto Pérez, miembro de la PNC, capturado por Amenazas con agravación Especial.
San Salvador: Ronald Alexis Hurtado Carrillo, 29 años, por Corrupción de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad a través del uso de las Tecnologías, en perjuicio de una niña de 10 años. Hechos sucedidos en diciembre de 2019.
Rafael Eduardo Morán, 28 años, por el delito de Violación Agravada en perjuicio de una mujer. Hechos sucedidos en las inmediaciones del barrio San Jacinto el 19 de septiembre del presente año.
Juan Carlos Estrada Garay, 43 años, por el delito de Violación Agravada en Menor en perjuicio de una niña. Detención realizada en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Martin Baltazar Ramírez Rosales, 50 años, por el delito de Acoso sexual.
Mauricio Efraín Bonilla Arévalo, 48 años, por el delito de Violación en perjuicio de una mujer.
Rufino Pérez García, 48 años, detenido por los delitos de Violación Agravada y Agresión Sexual, bajo la modalidad de delito Continuado.
Soyapango: Marciano Antonio Linares Flores, 47 años, por Agresión Sexual en Menor Continuada, en perjuicio de una adolescente. Linares fue detenido en la colonia Los Santos 2, al norte de Soyapango.
Pedro Juárez, 71 años, detenido en el municipio de San Martín, y Carlos Alberto Cuéllar González, 51 años, capturado en Soyapango, ambos acusados por el delito de Agresión Sexual en Menor.
Héctor Napoleón Martínez Abarca, 70 años, por el delito de Violación en Menor e Incapaz, en perjuicio de una niña. La detención se registró en las inmediaciones del centro del municipio de Soyapango.
Miguel Ardón Henriquez de 36 años, por el delito Agresión Sexual en Menor e Incapaz en perjuicio de un joven de 14 años de edad. Hechos sucedido en el municipio de Ilopango.
Néstor Alexander Sosa Mena, 27 años, por el delito Violación en menor e Incapaz Agravada Continuada, en perjuicio de un menor de 12 años de edad.
Jordán C. de 14 años de edad, por el delito de Agresión Sexual en menor e Incapaz en modalidad Continuada.
Ever P. de 14 años de edad, por el delito de Agresión Sexual en menor e Incapaz y Maltrato Infantil.
Mejicanos: Luis Giovanni López Luna, 37 años, por el delito de Violación Agravada en Menor en perjuicio de una niña de 13 años. Hechos sucedidos en el municipio de Ciudad Delgado.
Carlos Ernesto Argüello Ramírez, 32 años, por Acoso Sexual en perjuicio de una adolescente. Hechos sucedidos en la colonia Zacamil.
Bryan Daniel Hernández González, 18 años, por el delito de Violación en menor e Incapaz, modalidad continuada. La detención se hizo efectiva en carretera Troncal del Norte, Ciudad Delgado.
Lucio Salvador Orellana Guidos, 52 años. La detención se llevó a cabo en Colonia Scandia, del municipio de Ayutuxtepeque. Se le atribuye los delitos de Agresión Sexual en menor e incapaz.
Augusto Enrique Mendoza Mendoza, 41 años, por el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz en la modalidad continuada.
Neftaly Ventura Rivas, 47 años, quién fue intimado por el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz.
San Marcos: José Ricardo Pérez, 30 años, y José Benjamín Vásquez León, 55 años, detenidos en el municipio de Santiago Texacuangos. Ambos acusados de Violación Agravada en Menor.
Juan Carlos Rumaldo Ventura, 20 años de edad, mediante orden administrativa por el delito de Violación en Menor o Incapaz, detención realizada en barrio el Calvario Panchimalco.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
