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Judicial

Extorsionistas lograron burlar a la Policía cuatro veces antes de ser condenados a 12 años de prisión

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Erika María Melara, de 21 años de edad, y  Luis Andrés Guzmán, de 22 años de edad, son dos pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios que lograron burlar a la Policía en cuatro ocasiones que quisieron capturarlos al momento de recoger la extorsión que le exigían a un comerciante de Panchimalco.

Los sujetos comenzaron a extorsionar a su víctima a inicios de septiembre de 2014, bajo la amenaza que si no pagaba el dinero la matarían.

El afectado -identificada como “1,685” por contar con la ley de protección a testigos y víctimas- fue visitado en su negocio por unos pandilleros, quienes le brindaron una llamada telefónica en alta voz en donde amenazaban a muerte a su familia y a él mismo. En ella también le determinaban el día de la entrega de $100.

Ante esto, “1,685” decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que el 9 de septiembre organizaron un operativo de entrega de dinero controlada.

Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, la víctima se presentó a una zona cerca al Hospital Nacional de Neumología “Dr. José Antonio Saldaña” para entregar los $100 que los pandilleros le exigían como parte de la “renta”, y así podría continuar laborando en la zona de Panchimalco.

En ese momento, los agentes policiales lograron ver cuando Erika María Melara se acercaba a recoger el dinero. Tras recibirlo, la joven, quien contaba con unos meses de embarazo, abordó un microbús del transporte colectivo de la ruta 17, que hace su recorrido de Los Planes de Renderos hasta el centro de San Salvador, y logró huir con el dinero.

La segunda escapatoria de la procesada ocurrió  al siguiente mes, 10 de octubre, “1,685” debía entregar otros $100 a los pandilleros, pero esta vez lo citaron en la 6° calle Poniente, frente a una sucursal bancaria ubicada en el centro de San Salvador.

“Hey, ‘maitro’ , ya sabe cómo es la onda. Ya va la ‘jaina’ a traer las bolas y no nos vaya a echar a la jura que sino armamos una balacera”, le dijeron al afectado.

Justo como lo indicó la voz masculina en la llamada amenazante, Melara volvió a aparecer para retirar el dinero. Hizo que la víctima lo contara para ver que los $100 iban totalmente. Al recibirlo caminó a toda prisa hacia el mercado Sagrado Corazón, sitio en donde se escondió entre la gente.

Nuevamente y por tercera vez, la víctima tuvo que desembolsar otros $100. Esta vez fue el día 11 de noviembre. Y es cuando entró en escena Luis Andrés Guzmán, quien fue el que llegó a cobrarlos en el mismo punto del centro de San Salvador.  El hombre logró huir con el dinero.

La captura y la condena

Finalmente, se volvió a pactar una cuarta entrega. El siguiente mes los pandilleros exigieron otros $100 y fueron entregados el 10 de diciembre de 2014.

Los agentes policiales estuvieron pendientes de darles persecución, debido a que siempre habían ingresado a una colonia de Panchimalco conocida por alta peligrosidad.

Luego de las cuatro entregas, los dos sujetos fueron detenidos y procesados judicialmente por el delito de extorsión agravada continuada.

“Es cierto, sí extorsioné a un comerciante de Panchimalco. Confieso los hechos”, fueron las palabras que dijo frente a la jueza del Tribunal 6° de Sentencia, para cumplir con un procedimiento abreviado durante el desarrollo del juicio en su contra.

Al igual que ella, tuvo que aceptar también los cargos por los que eran culpados para poder recibir el beneficio de una pena más baja a cambio de admitir los hechos.

La infracción abarca una pena de hasta 20 años de prisión, pero debido al acuerdo previo por la confesión ambos recibieron una pena de 12 años de prisión y el pago de $200 por cada uno.

Esta condena se le suma a Melara que ya le había impuesto el Tribunal 1° de Sentencia por el mismo delito de extorsión agravada continuada contra otra víctima.

Por: El Salvador times.

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Judicial

Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Judicial

Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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Judicial

Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.

La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.

El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.

El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.

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