Judicial
Extorsionistas lograron burlar a la Policía cuatro veces antes de ser condenados a 12 años de prisión
Erika María Melara, de 21 años de edad, y Luis Andrés Guzmán, de 22 años de edad, son dos pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios que lograron burlar a la Policía en cuatro ocasiones que quisieron capturarlos al momento de recoger la extorsión que le exigían a un comerciante de Panchimalco.
Los sujetos comenzaron a extorsionar a su víctima a inicios de septiembre de 2014, bajo la amenaza que si no pagaba el dinero la matarían.
El afectado -identificada como “1,685” por contar con la ley de protección a testigos y víctimas- fue visitado en su negocio por unos pandilleros, quienes le brindaron una llamada telefónica en alta voz en donde amenazaban a muerte a su familia y a él mismo. En ella también le determinaban el día de la entrega de $100.
Ante esto, “1,685” decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que el 9 de septiembre organizaron un operativo de entrega de dinero controlada.
Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, la víctima se presentó a una zona cerca al Hospital Nacional de Neumología “Dr. José Antonio Saldaña” para entregar los $100 que los pandilleros le exigían como parte de la “renta”, y así podría continuar laborando en la zona de Panchimalco.
En ese momento, los agentes policiales lograron ver cuando Erika María Melara se acercaba a recoger el dinero. Tras recibirlo, la joven, quien contaba con unos meses de embarazo, abordó un microbús del transporte colectivo de la ruta 17, que hace su recorrido de Los Planes de Renderos hasta el centro de San Salvador, y logró huir con el dinero.
La segunda escapatoria de la procesada ocurrió al siguiente mes, 10 de octubre, “1,685” debía entregar otros $100 a los pandilleros, pero esta vez lo citaron en la 6° calle Poniente, frente a una sucursal bancaria ubicada en el centro de San Salvador.
“Hey, ‘maitro’ , ya sabe cómo es la onda. Ya va la ‘jaina’ a traer las bolas y no nos vaya a echar a la jura que sino armamos una balacera”, le dijeron al afectado.
Justo como lo indicó la voz masculina en la llamada amenazante, Melara volvió a aparecer para retirar el dinero. Hizo que la víctima lo contara para ver que los $100 iban totalmente. Al recibirlo caminó a toda prisa hacia el mercado Sagrado Corazón, sitio en donde se escondió entre la gente.
Nuevamente y por tercera vez, la víctima tuvo que desembolsar otros $100. Esta vez fue el día 11 de noviembre. Y es cuando entró en escena Luis Andrés Guzmán, quien fue el que llegó a cobrarlos en el mismo punto del centro de San Salvador. El hombre logró huir con el dinero.
La captura y la condena
Finalmente, se volvió a pactar una cuarta entrega. El siguiente mes los pandilleros exigieron otros $100 y fueron entregados el 10 de diciembre de 2014.
Los agentes policiales estuvieron pendientes de darles persecución, debido a que siempre habían ingresado a una colonia de Panchimalco conocida por alta peligrosidad.
Luego de las cuatro entregas, los dos sujetos fueron detenidos y procesados judicialmente por el delito de extorsión agravada continuada.
“Es cierto, sí extorsioné a un comerciante de Panchimalco. Confieso los hechos”, fueron las palabras que dijo frente a la jueza del Tribunal 6° de Sentencia, para cumplir con un procedimiento abreviado durante el desarrollo del juicio en su contra.
Al igual que ella, tuvo que aceptar también los cargos por los que eran culpados para poder recibir el beneficio de una pena más baja a cambio de admitir los hechos.
La infracción abarca una pena de hasta 20 años de prisión, pero debido al acuerdo previo por la confesión ambos recibieron una pena de 12 años de prisión y el pago de $200 por cada uno.
Esta condena se le suma a Melara que ya le había impuesto el Tribunal 1° de Sentencia por el mismo delito de extorsión agravada continuada contra otra víctima.
Por: El Salvador times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
