Judicial
Extorsionistas lograron burlar a la Policía cuatro veces antes de ser condenados a 12 años de prisión
Erika María Melara, de 21 años de edad, y Luis Andrés Guzmán, de 22 años de edad, son dos pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios que lograron burlar a la Policía en cuatro ocasiones que quisieron capturarlos al momento de recoger la extorsión que le exigían a un comerciante de Panchimalco.
Los sujetos comenzaron a extorsionar a su víctima a inicios de septiembre de 2014, bajo la amenaza que si no pagaba el dinero la matarían.
El afectado -identificada como “1,685” por contar con la ley de protección a testigos y víctimas- fue visitado en su negocio por unos pandilleros, quienes le brindaron una llamada telefónica en alta voz en donde amenazaban a muerte a su familia y a él mismo. En ella también le determinaban el día de la entrega de $100.
Ante esto, “1,685” decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que el 9 de septiembre organizaron un operativo de entrega de dinero controlada.
Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, la víctima se presentó a una zona cerca al Hospital Nacional de Neumología “Dr. José Antonio Saldaña” para entregar los $100 que los pandilleros le exigían como parte de la “renta”, y así podría continuar laborando en la zona de Panchimalco.
En ese momento, los agentes policiales lograron ver cuando Erika María Melara se acercaba a recoger el dinero. Tras recibirlo, la joven, quien contaba con unos meses de embarazo, abordó un microbús del transporte colectivo de la ruta 17, que hace su recorrido de Los Planes de Renderos hasta el centro de San Salvador, y logró huir con el dinero.
La segunda escapatoria de la procesada ocurrió al siguiente mes, 10 de octubre, “1,685” debía entregar otros $100 a los pandilleros, pero esta vez lo citaron en la 6° calle Poniente, frente a una sucursal bancaria ubicada en el centro de San Salvador.
“Hey, ‘maitro’ , ya sabe cómo es la onda. Ya va la ‘jaina’ a traer las bolas y no nos vaya a echar a la jura que sino armamos una balacera”, le dijeron al afectado.
Justo como lo indicó la voz masculina en la llamada amenazante, Melara volvió a aparecer para retirar el dinero. Hizo que la víctima lo contara para ver que los $100 iban totalmente. Al recibirlo caminó a toda prisa hacia el mercado Sagrado Corazón, sitio en donde se escondió entre la gente.
Nuevamente y por tercera vez, la víctima tuvo que desembolsar otros $100. Esta vez fue el día 11 de noviembre. Y es cuando entró en escena Luis Andrés Guzmán, quien fue el que llegó a cobrarlos en el mismo punto del centro de San Salvador. El hombre logró huir con el dinero.
La captura y la condena
Finalmente, se volvió a pactar una cuarta entrega. El siguiente mes los pandilleros exigieron otros $100 y fueron entregados el 10 de diciembre de 2014.
Los agentes policiales estuvieron pendientes de darles persecución, debido a que siempre habían ingresado a una colonia de Panchimalco conocida por alta peligrosidad.
Luego de las cuatro entregas, los dos sujetos fueron detenidos y procesados judicialmente por el delito de extorsión agravada continuada.
“Es cierto, sí extorsioné a un comerciante de Panchimalco. Confieso los hechos”, fueron las palabras que dijo frente a la jueza del Tribunal 6° de Sentencia, para cumplir con un procedimiento abreviado durante el desarrollo del juicio en su contra.
Al igual que ella, tuvo que aceptar también los cargos por los que eran culpados para poder recibir el beneficio de una pena más baja a cambio de admitir los hechos.
La infracción abarca una pena de hasta 20 años de prisión, pero debido al acuerdo previo por la confesión ambos recibieron una pena de 12 años de prisión y el pago de $200 por cada uno.
Esta condena se le suma a Melara que ya le había impuesto el Tribunal 1° de Sentencia por el mismo delito de extorsión agravada continuada contra otra víctima.
Por: El Salvador times.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
