Judicial
Extorsionista es condenado a 15 años seis meses de cárcel en Chalatenango
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que se logró la condena de 15 años seis meses de prisión contra Óscar Humberto Diaz Girón, por el delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de la víctima que goza de medidas de protección con clave “Zeta 2019”.
En la audiencia realizada en el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, y después del desfile probatorio realizado la representación fiscal tales de tipo documental, pericial y testimonial de la víctima. El juzgador resolvió imponer a Óscar Humberto Diaz Girón, la pena de 15 años seis meses de prisión.
De acuerdo a la relación de los hechos el 2 de agosto de 2019, el imputado le salió al paso a la víctima portando un arma de fuego con la cual amenazó con matarlo junto con su familia, si no le entregaba US$300.00, a lo que la víctima por el miedo le manifestó que le iba a entregar solo US$150.00, que era lo que en ese momento llevaba y que el resto se los daría en otra ocasión, a lo que el imputado le dijo que se los depositara en una cuenta que proporcionaría posteriormente y dentro de tres días tendría que depositarle.
Luego en horas de la tarde de ese mismo día, la víctima encontró una hoja de papel con número de una cuenta bancaria donde decía que a ese número le depositara el dinero, lo cual accedió la víctima en depositar los restantes US$150.00.
Posteriormente le dan seguimiento al imputado, quien fue detenido en flagrancia, realizándole una requisa personal, encontrándose en su poder el dinero producto del delito de Extorsión, es identificado como Óscar Humberto Diaz Girón, los agentes proceden a leerle sus derechos y es llevado ante los tribunales para enfrentar a la justicia.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
