Judicial
Exalcaldesa de Soyapango enfrenta audiencia por resistencia
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango desarrolló este lunes la audiencia preliminar en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, acusada del delito de resistencia, cuya resolución se dará a conocer este mismo día a las 2:00 de la tarde, según fuentes judiciales.
Los hechos por los cuales la exalcaldesa es acusada ocurrieron el 28 de diciembre de 2022, cuando mediante un control policial rutinario los agentes le hicieron señales para que se detuviera la camioneta donde viajaba Montano.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala que la exedil al bajarse del vehículo agredió y golpeó a los policías; pero estos hechos han sido refutados por los abogados defensores durante la audiencia preliminar de esta mañana donde se definirá si Montano es enviada o no a la siguiente etapa del proceso, es decir, a juicio.
«Se puede corroborar en las publicaciones de la Fiscalía de redes sociales que no fue así (…) aparece que la capturan en el despacho municipal, pero aquí se consigna que fue capturada en la calle, es algo que esperamos que el señor juez valore y que de un sobreseimiento definitivo», comentó el defensor, Miguel Carcamo.
La normativa penal salvadoreña establece que para el delito de resistencia la condena es de seis meses a dos años de cárcel.
SEÑALADA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN
Nercy Montano también enfrenta otro proceso judicial por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, actos arbitrarios e infracción a las condiciones laborales o de seguridad social.
Los problemas administrativos que la alcaldesa acumuló en esa comuna llevaron a que en ese municipio se registraran problemas en la recolección de desechos sólidos afectando a todos los pobladores de Soyapango.
Tras la detención de Montano, la alcaldía de San Salvador junto a Protección Civil y el ministerio de Obras Públicas estuvieron resolviendo los problemas generados por la acumulación de desperdicios en las cerca de 300 colonias del municipio, el cual es el segundo más poblado del país con 251,403 habitantes.
Dichas instituciones asumieron la recolección de los desechos luego que los empleados municipales de Soyapango decidieran no hacerlo, pues suspendieron labores como medida de presión para exigir el pago de salarios y demás prestaciones que Montano al frente de la comuna no les cumplió.
Actualmente la exedil se mantiene bajo arresto en el centro Penitenciario de Apanteos, Santa Ana.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
