Judicial
Exalcaldesa de Soyapango enfrenta audiencia por resistencia
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango desarrolló este lunes la audiencia preliminar en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, acusada del delito de resistencia, cuya resolución se dará a conocer este mismo día a las 2:00 de la tarde, según fuentes judiciales.
Los hechos por los cuales la exalcaldesa es acusada ocurrieron el 28 de diciembre de 2022, cuando mediante un control policial rutinario los agentes le hicieron señales para que se detuviera la camioneta donde viajaba Montano.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala que la exedil al bajarse del vehículo agredió y golpeó a los policías; pero estos hechos han sido refutados por los abogados defensores durante la audiencia preliminar de esta mañana donde se definirá si Montano es enviada o no a la siguiente etapa del proceso, es decir, a juicio.
«Se puede corroborar en las publicaciones de la Fiscalía de redes sociales que no fue así (…) aparece que la capturan en el despacho municipal, pero aquí se consigna que fue capturada en la calle, es algo que esperamos que el señor juez valore y que de un sobreseimiento definitivo», comentó el defensor, Miguel Carcamo.
La normativa penal salvadoreña establece que para el delito de resistencia la condena es de seis meses a dos años de cárcel.
SEÑALADA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN
Nercy Montano también enfrenta otro proceso judicial por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, actos arbitrarios e infracción a las condiciones laborales o de seguridad social.
Los problemas administrativos que la alcaldesa acumuló en esa comuna llevaron a que en ese municipio se registraran problemas en la recolección de desechos sólidos afectando a todos los pobladores de Soyapango.
Tras la detención de Montano, la alcaldía de San Salvador junto a Protección Civil y el ministerio de Obras Públicas estuvieron resolviendo los problemas generados por la acumulación de desperdicios en las cerca de 300 colonias del municipio, el cual es el segundo más poblado del país con 251,403 habitantes.
Dichas instituciones asumieron la recolección de los desechos luego que los empleados municipales de Soyapango decidieran no hacerlo, pues suspendieron labores como medida de presión para exigir el pago de salarios y demás prestaciones que Montano al frente de la comuna no les cumplió.
Actualmente la exedil se mantiene bajo arresto en el centro Penitenciario de Apanteos, Santa Ana.
Judicial
Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
Judicial
Pandillero enfrenta juicio por asesinar a siete personas en La Paz
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
Judicial
Fidel Zavala deberá regresar más de $50,000 a sus víctimas
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.