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Judicial

Exalcaldesa de Soyapango enfrenta audiencia por resistencia

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El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango desarrolló este lunes la audiencia preliminar en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, acusada del delito de resistencia, cuya resolución se dará a conocer este mismo día a las 2:00 de la tarde, según fuentes judiciales.

Los hechos por los cuales la exalcaldesa es acusada ocurrieron el 28 de diciembre de 2022, cuando mediante un control policial rutinario los agentes le hicieron señales para que se detuviera la camioneta donde viajaba Montano.

La Fiscalía General de la República (FGR) señala que la exedil al bajarse del vehículo agredió y golpeó a los policías; pero estos hechos han sido refutados por los abogados defensores durante la audiencia preliminar de esta mañana donde se definirá si Montano es enviada o no a la siguiente etapa del proceso, es decir, a juicio.

«Se puede corroborar en las publicaciones de la Fiscalía de redes sociales que no fue así (…) aparece que la capturan en el despacho municipal, pero aquí se consigna que fue capturada en la calle, es algo que esperamos que el señor juez valore y que de un sobreseimiento definitivo», comentó el defensor, Miguel Carcamo.

La normativa penal salvadoreña establece que para el delito de resistencia la condena es de seis meses a dos años de cárcel.

SEÑALADA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

Nercy Montano también enfrenta otro proceso judicial por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, actos arbitrarios e infracción a las condiciones laborales o de seguridad social.

Los problemas administrativos que la alcaldesa acumuló en esa comuna llevaron a que en ese municipio se registraran problemas en la recolección de desechos sólidos afectando a todos los pobladores de Soyapango.

Tras la detención de Montano, la alcaldía de San Salvador junto a Protección Civil y el ministerio de Obras Públicas estuvieron resolviendo los problemas generados por la acumulación de desperdicios en las cerca de 300 colonias del municipio, el cual es el segundo más poblado del país con 251,403 habitantes.

Dichas instituciones asumieron la recolección de los desechos luego que los empleados municipales de Soyapango decidieran no hacerlo, pues suspendieron labores como medida de presión para exigir el pago de salarios y demás prestaciones que Montano al frente de la comuna no les cumplió.

Actualmente la exedil se mantiene bajo arresto en el centro Penitenciario de Apanteos, Santa Ana.

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Judicial

Demandarán a Manuel Flores por $250,000

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El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.

El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.

La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.

Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.

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Judicial

Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.

Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.

En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.

De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.

Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.

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Judicial

Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año

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Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).

Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.

Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.

En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.

Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.

Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.

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