Judicial
Exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, seguirá en arresto domiciliario
En una sorpresiva resolución, la Cámara Tercera de lo Penal ha revocado la medida de detención provisional impuesta al exalcalde capitalino, Ernesto Muyshondt.
Cabe mencionar que esta medida fue decretada en audiencia inicial por el juez Tercero de Paz de San Salvador, quien lo acusaba de apropiación indebida de retenciones tributarias.
Según la acusación, Muyshondt habría dejado de pagar al Ministerio de Hacienda importantes sumas correspondientes a los ingresos de la Dirección General de Desechos Sólidos durante su gestión como alcalde. Sin embargo, el tribunal superior ha decidido que el exfuncionario, quien se encuentra hospitalizado desde el 25 de julio en un centro asistencial privado, cumpla arresto domiciliario en lugar de la detención provisional.
La resolución de la Cámara también incluye un cambio de medida para el extesorero municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares, quien deberá pagar una fianza de $10,000. Asimismo, se confirman las medidas sustitutivas decretadas a favor del director de Desechos Sólidos, Francisco José Rivera Chacón.
El caso se basa en la retención de impuestos sobre la renta por un monto de $275,145.31, que con multas e intereses aumenta a más de $500,000. Durante la audiencia inicial, se discutió la gravedad de los delitos imputados a los involucrados y la posibilidad de fuga.
La revocatoria de la detención se fundamenta en la falta de fundamentación y en una errada interpretación del Código Procesal Penal. El artículo 331 inciso primero, que especifica el peligro de fuga de un imputado, se refiere a delitos graves como homicidio y extorsión, los cuales no están presentes en este caso. Además, el artículo siguiente, el 332, sugiere que los jueces pueden imponer otras medidas cuando se trate de delitos menores.
La Cámara Tercera de lo Penal consideró las circunstancias fácticas y probatorias del caso, concluyendo que no existe un riesgo extraordinario de fuga u obstaculización de la investigación. Por lo tanto, ha decidido revocar la medida de detención provisional y sustituirla por otras medidas como el arresto domiciliario, una fianza de $50,000 y el uso de brazalete electrónico.
Esta decisión ha generado controversia y sorpresa en el ámbito político y judicial, especialmente debido a la implicación previa de Muyshondt en un proceso por supuestas negociaciones ilícitas con pandillas en busca de beneficios electorales en las elecciones de 2014. En ese caso, el Juzgado Segundo de Instrucción había impuesto medidas similares a las ratificadas por la Cámara Tercera de lo Penal.
La resolución ha dejado una incógnita sobre el futuro del exalcalde y ha avivado el debate sobre la justicia y el sistema penal en el país.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
