Judicial
Exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, seguirá en arresto domiciliario
En una sorpresiva resolución, la Cámara Tercera de lo Penal ha revocado la medida de detención provisional impuesta al exalcalde capitalino, Ernesto Muyshondt.
Cabe mencionar que esta medida fue decretada en audiencia inicial por el juez Tercero de Paz de San Salvador, quien lo acusaba de apropiación indebida de retenciones tributarias.
Según la acusación, Muyshondt habría dejado de pagar al Ministerio de Hacienda importantes sumas correspondientes a los ingresos de la Dirección General de Desechos Sólidos durante su gestión como alcalde. Sin embargo, el tribunal superior ha decidido que el exfuncionario, quien se encuentra hospitalizado desde el 25 de julio en un centro asistencial privado, cumpla arresto domiciliario en lugar de la detención provisional.
La resolución de la Cámara también incluye un cambio de medida para el extesorero municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares, quien deberá pagar una fianza de $10,000. Asimismo, se confirman las medidas sustitutivas decretadas a favor del director de Desechos Sólidos, Francisco José Rivera Chacón.
El caso se basa en la retención de impuestos sobre la renta por un monto de $275,145.31, que con multas e intereses aumenta a más de $500,000. Durante la audiencia inicial, se discutió la gravedad de los delitos imputados a los involucrados y la posibilidad de fuga.
La revocatoria de la detención se fundamenta en la falta de fundamentación y en una errada interpretación del Código Procesal Penal. El artículo 331 inciso primero, que especifica el peligro de fuga de un imputado, se refiere a delitos graves como homicidio y extorsión, los cuales no están presentes en este caso. Además, el artículo siguiente, el 332, sugiere que los jueces pueden imponer otras medidas cuando se trate de delitos menores.
La Cámara Tercera de lo Penal consideró las circunstancias fácticas y probatorias del caso, concluyendo que no existe un riesgo extraordinario de fuga u obstaculización de la investigación. Por lo tanto, ha decidido revocar la medida de detención provisional y sustituirla por otras medidas como el arresto domiciliario, una fianza de $50,000 y el uso de brazalete electrónico.
Esta decisión ha generado controversia y sorpresa en el ámbito político y judicial, especialmente debido a la implicación previa de Muyshondt en un proceso por supuestas negociaciones ilícitas con pandillas en busca de beneficios electorales en las elecciones de 2014. En ese caso, el Juzgado Segundo de Instrucción había impuesto medidas similares a las ratificadas por la Cámara Tercera de lo Penal.
La resolución ha dejado una incógnita sobre el futuro del exalcalde y ha avivado el debate sobre la justicia y el sistema penal en el país.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
