Judicial
Envían a prisión preventiva a hombre acusado del asesinato de universitario
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que el Juzgado de Paz de Concepción Batres, Usulután, decretara detención provisional contra Carlos Mario Salgado Campos, por Homicidio Agravado y Robo Agravado; además toda la prueba presentada por la institución fiscal fue admitida por el juzgador.
La FGR le atribuye a Salgado Campos, la planeación y ejecución del homicidio del estudiante universitario Brandon Elison Polío Osorio, de 20 años y del Robo Agravado de un vehículo propiedad de la víctima.
En el informe fiscal, la víctima fue vista con vida la última vez en el municipio de Santa Elena, Usulután, el 18 de mayo de este año, cuando iba en su pickup Hilux P996-319, con dirección al cantón San Felipe, del municipio de Concepción Batres ( Usulután), a realizar un negocio.
El cuerpo de la víctima fue localizado un día después (19 de mayo) en el cantón San Felipe. El cuerpo del universitario presentaba un traumatismo craneoencefálico producido por proyectil de arma de fuego. El vehículo que conducía la víctima no fue localizado y por ello, la familia del estudiante interpuso la denuncia por el robo del vehículo.
Aproximadamente, a las 7 de la mañana del 20 de mayo de este año, la Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal de la Subdelegación Policial de Mejicanos, localizó el vehículo frente al Centro Penal La Esperanza -conocido como Mariona.
Las autoridades interceptaron el vehículo y capturaron en flagrancia a Heriberto Mirando Cornejo por el delito de Receptación de Vehículo, proveniente de robo o hurto.
Según la FGR, Campos le entregó el automóvil a Cornejo para que lo vendiera en $15,000 dólares. El móvil del homicidio del universitario sería el robo del vehículo.
La víctima estudiaba licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales, en una universidad privada de San Miguel.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
