Judicial
Envían a prisión a sujetos vinculadas a actividades relacionadas al tráfico ilícito
Foto: Fiscalía General de la República FGR)

El Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, del departamento de La Libertad decretó la instrucción formal del proceso con la detención provisional para dos personas, vinculadas a actividades relacionadas al tráfico ilícito, Según información de la Fiscalía General de la República, (FGR).
Los datos de la FGR revelan que los sujetos fueron capturados el pasado 24 de junio, cuando transportaban droga por un monto de $1,081.97.
La Unidad de Especializada de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado identificó a los imputados como: José Carlos Cornejo López y Wilian Alberto Flamenco López; quienes fueron llevados este lunes a la audiencia inicial ante el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, bajo acusación del delito de Tráfico Ilícito.
Según la relación de los hechos estos sucedieron el 24 de junio de 2020, en momentos que los imputados se conducían a excesiva velocidad a bordo en un vehículo placas P-629-219, lo que provocó que agentes de la PNC los siguieran e intervinieran sobre La Carretera que del municipio de Quezaltepeque conduce a San Salvador, a la altura del cantón Primavera.
Posteriormente, al practicar el respectivo registro se encontró en el lugar del copiloto un paquete de forma compacta y rectangular forrado con papel y cinta adhesiva transparente la cual, al practicarle el análisis físico químico, dio como resultado que la droga es Marihuana, con un peso de 949.1 gramos
Por lo que a las 7:00 de la noche de la fecha señalada se procedió a la detención en flagrancia de los dos imputados, por la comisión del delito de Tráfico Ilícito en perjuicio de la Salud Pública.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Judicial
Abusadores de menor reciben 32 y 20 años de cárcel; madre permitió los ataques

La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.