Judicial
Viceministro Zelaya desmiente información y dice no ser socio de una empresa que vendió mascarillas a un precio sobrevalorado al gobierno
Foto: @AlejandroZelay9

El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, aparte de interponer una denuncia por una caso de evasión de impuetos por $5.3 millones, esta mañana de lunes, a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR); también desmintió una investigación periodística que lo liga a una empresa que vendió mascarillas por un precio aparentemente sobrevalorado al Gobierno que llega a $750 mil.
«Debido a recientes difamaciones en mi contra, quiero aclarar que no soy socio de una empresa que un periódico ha dicho en reiteradas ocasiones esta semana», dijo Zelaya.
De manera escueta, Zelaya argumentó que tiene en su poder toda la documentación de compraventa de acciones y endosos de títulos de la empresa involucrada en la venta de material de bioseguridad al Gobierno, los cuales pondrá a disposición de la Fiscalía y del Tribunal de Ética Gubernamental para demostrar que él ya no es el dueño como asegura el reportaje publicado.
«Este día aclaré que no soy socio de nadie que haya vendido al Estado. Todas las pruebas están a disposición, sigan con sus novelas, nosotros seguiremos combatiendo la evasión fiscal», manifestó, a la vez que presentó documentación que demostraría la presunta evasión fiscal de la empresa que denunció esta mañana.
Sobre la denuncia que interpuso esta mañana, dijo que no daría más información para no entorpecer las investigaciones. «Somos respetuosos de la legislación y vamos a ser cuidados con el manejo de este tema», manifestó.
Según Zelaya, la empresa denunciada evadió en un año $5.3 millones y que podrían ser más de 15 millones los que esta debe al Estado.
«Se trata de una empresa que tiene relaciones con el exterior, para lo cual necesitaremos apoyo de países amigos, para terminar con este cáncer», dijo.
Judicial
Tribunal inicia proceso penal contra 48 alumnos señalados de pertenecer a la «La Raza”

El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Judicial
Condenan a pandilleros de la MS por asesinato en torneo navideño en La Unión

Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.