Judicial
Envían a juicio a militar acusado de quitarle la vida a su novia para cobrar pólizas
La jueza valoró que hay probabilidad que el procesado sea el autor. Hubo activación de antenas telefónicas que lo ubican preliminarmente en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima.
La mañana del 17 de enero de 2021, el imputado Mauricio Ernesto S. S. llegó a la casa de la víctima, ubicada en Sonsonate, para llevarla a su lugar de trabajo, en Santa Tecla, pues mantenían una relación de noviazgo; sin embargo, después de este encuentro presuntamente, la familia ya no supo de ella, no llegó a su trabajo ni contestó el teléfono móvil, por lo que la familia, en compañía del militar reportó su desaparición.
Se detalla que, la tarde del 18 de enero, un mandador de finca reportó el hallazgo de un cuerpo en la Finca Azucena, del municipio de Jayaque, de La Libertad.
Las autoridades identificaron que el cuerpo era de la pareja del ahora imputado y que su muerte fue violenta pues presentaba lesiones con arma blanca.
La tesis fiscal asegura que el imputado asesinó a su pareja debido a que él era el único beneficiario de tres pólizas que ella había adquirido por 54 mil dólares y que, luego de su muerte, él comenzó a realizar los trámites para obtener los beneficios económicos de las pólizas.
Al respecto, la defensa sostuvo que su cliente no fue el único que se comunicó con la víctima.
El día de los hechos, que se debió investigar más con el fin de buscar otros hechores, a su juicio no se presentaron pruebas directas de la participación, además aseguraron que su cliente no cobró los seguros.
Por este hecho, el Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador, luego de analizar la prueba ofertada, ordenó apertura a juicio contra el imputado por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de la víctima C. E. S. CH.
Consideró que hay indicios importantes que probablemente lo vinculan, entre ellos, que el imputado no estuvo en el lugar de trabajo ese día, tenía en su poder el DUI de la víctima y que el celular de ella lo había vendido a otra persona, “hubo una insistencia para cobrar los seguros de la víctima este es otro indicio importa”, señaló.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
