Judicial
Envían a juicio a militar acusado de quitarle la vida a su novia para cobrar pólizas
La jueza valoró que hay probabilidad que el procesado sea el autor. Hubo activación de antenas telefónicas que lo ubican preliminarmente en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima.
La mañana del 17 de enero de 2021, el imputado Mauricio Ernesto S. S. llegó a la casa de la víctima, ubicada en Sonsonate, para llevarla a su lugar de trabajo, en Santa Tecla, pues mantenían una relación de noviazgo; sin embargo, después de este encuentro presuntamente, la familia ya no supo de ella, no llegó a su trabajo ni contestó el teléfono móvil, por lo que la familia, en compañía del militar reportó su desaparición.
Se detalla que, la tarde del 18 de enero, un mandador de finca reportó el hallazgo de un cuerpo en la Finca Azucena, del municipio de Jayaque, de La Libertad.
Las autoridades identificaron que el cuerpo era de la pareja del ahora imputado y que su muerte fue violenta pues presentaba lesiones con arma blanca.
La tesis fiscal asegura que el imputado asesinó a su pareja debido a que él era el único beneficiario de tres pólizas que ella había adquirido por 54 mil dólares y que, luego de su muerte, él comenzó a realizar los trámites para obtener los beneficios económicos de las pólizas.
Al respecto, la defensa sostuvo que su cliente no fue el único que se comunicó con la víctima.
El día de los hechos, que se debió investigar más con el fin de buscar otros hechores, a su juicio no se presentaron pruebas directas de la participación, además aseguraron que su cliente no cobró los seguros.
Por este hecho, el Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador, luego de analizar la prueba ofertada, ordenó apertura a juicio contra el imputado por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de la víctima C. E. S. CH.
Consideró que hay indicios importantes que probablemente lo vinculan, entre ellos, que el imputado no estuvo en el lugar de trabajo ese día, tenía en su poder el DUI de la víctima y que el celular de ella lo había vendido a otra persona, “hubo una insistencia para cobrar los seguros de la víctima este es otro indicio importa”, señaló.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
