Judicial
Envían a juicio a militar acusado de quitarle la vida a su novia para cobrar pólizas
La jueza valoró que hay probabilidad que el procesado sea el autor. Hubo activación de antenas telefónicas que lo ubican preliminarmente en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima.
La mañana del 17 de enero de 2021, el imputado Mauricio Ernesto S. S. llegó a la casa de la víctima, ubicada en Sonsonate, para llevarla a su lugar de trabajo, en Santa Tecla, pues mantenían una relación de noviazgo; sin embargo, después de este encuentro presuntamente, la familia ya no supo de ella, no llegó a su trabajo ni contestó el teléfono móvil, por lo que la familia, en compañía del militar reportó su desaparición.
Se detalla que, la tarde del 18 de enero, un mandador de finca reportó el hallazgo de un cuerpo en la Finca Azucena, del municipio de Jayaque, de La Libertad.
Las autoridades identificaron que el cuerpo era de la pareja del ahora imputado y que su muerte fue violenta pues presentaba lesiones con arma blanca.
La tesis fiscal asegura que el imputado asesinó a su pareja debido a que él era el único beneficiario de tres pólizas que ella había adquirido por 54 mil dólares y que, luego de su muerte, él comenzó a realizar los trámites para obtener los beneficios económicos de las pólizas.
Al respecto, la defensa sostuvo que su cliente no fue el único que se comunicó con la víctima.
El día de los hechos, que se debió investigar más con el fin de buscar otros hechores, a su juicio no se presentaron pruebas directas de la participación, además aseguraron que su cliente no cobró los seguros.
Por este hecho, el Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador, luego de analizar la prueba ofertada, ordenó apertura a juicio contra el imputado por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de la víctima C. E. S. CH.
Consideró que hay indicios importantes que probablemente lo vinculan, entre ellos, que el imputado no estuvo en el lugar de trabajo ese día, tenía en su poder el DUI de la víctima y que el celular de ella lo había vendido a otra persona, “hubo una insistencia para cobrar los seguros de la víctima este es otro indicio importa”, señaló.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
