Judicial
Enrique Rais desacredita rotundamente al testigo Criteriado que presentó la Fiscalía para perjudicarlo
Fiscal Douglas Melendez, por favor sea mas creativo ! ponga por lo menos fechas que sean mas o menos creíbles : Prueba de otro Fraude Procesal de sus fiscales :
Ladeclaración del testigo criteriado dice “ No recuerdo la fecha pero fue en Septiembre 2014, que me ofrecieron $ 1’500 dolares para acelerar el peritaje “
CLAUDIA HERRERA FUE CAPTURADA EL 22 DE OCTUBRE, UN MES DESPUES, NI SIQUIERA EXISTÍA REQUERIMIENTO !
La acusación dice que me pidió 5 miligramos , en una llamada que no existe !
Al demostrar esa falsedad, la fiscal Mayra Raquel Guerra presenta al juez octavo de instrucción un escrito diciendo : “ DISCULPE SEÑOR JUEZ FUE UN ERROR DE LA TECNICO ENA MARICELA GRANADO PONCE, EFECTIVAMENTE EL NUMERO NO ERA DE ENRIQUE RAIS , ERA DE OTRA PERSONA, PERO CON ESA FALSEDAD O ERROR COMO LO LLAMA LA FISCAL, EL MAGISTRADO LIC. CARLOS SANCHEZ ESCOBAR CANDIDATO A LA CSJ , ORDENA MI CAPTURA .
EL ANALISIS DE BITACORA DICE QUE TUVE 78 LLAMADAS CON MI ABOGADO ERNESTO GUTIERREZ CON ESE SUPUESTO NUMERO TELEFONICO , RESULTA QUE EFECTIVAMENTE REALIZÓ 78 LLAMADAS , PERO FUE ENTRE EL PAPA ERNESTO GUTIERREZ Y SU HIJO RODRIGO, A QUIEN POR ERROR LA TECNICO PENSÓ QUE ESE NUMERO ERA EL MÍO. NO ES ESO ABERRANTE ? QUE ESA ES LA PRUEBA PARA ORDENAR MI CAPTURA ?
LUEGO LA FECHA TAMPOCO CORRESPONDE , NUEVO ESCRITO DE LIC. GUERRA, DISCULPE SEÑOR JUEZ : “ LO QUE PASA ES QUE LA TECNICO ESCRIBIÓ LA FECHA EN FORMATO NORTEAMERICANO DICE 02-10-2015 ( 2 DE OCTUBRE 2015 ) EN REALIDAD ELLA QUISO DECIR ( FEBRERO 10 DEL 2015 ) 10-02-2015, SI UTILIZAMOS EL FORMATO AMERICANO , TODAS LAS DEMAS FECHAS NADA CONCUERDA. ES LÓGICO TANTOS ERRORES PORQUE TODO ES FABRICADO Y NUNCA PENSARON QUE HARIAMOS UNA AUDITORÍA MINUCIOSA DE CADA SEGUNDO DE CADA LLAMADA DE CADA NUMERO. SON 22 PERSONAS INVESTIGADOAS EN EL EXP. 8-DIT-2014 Y 28 NUMEROS TELEFONICOS Y EN ESE EXPEDIENTE, NI UNA SOLO VEZ ME MENCIONAN, SON 5 INFORMES QUE EL DIRECTOR DEL CENTRO LIC. CAMPOS CRESPO Y EN NINGUNO ME MENCIONA COMO PERSONA INVESTIGADA , NI SOLICITADA NI SIQUIERA POR REFERENCIA. LA TECNICO GRANADO PONCE, NO ES PERITO, COMO ORDENA LA LEY, NI FUE JURAMENTADA POR NINGUN JUEZ. ELLA UNICAMENTE INGRESÓ AL CENTRO DE ESCUCHAS EL DIA 17 DE AGOSTO 2016 Y PRESENTÓ SU INFORME EL 18, EN 12 HORAS ESTUDIÓ, ANALIZÓ, INTERPRETÓ Y TRANSCRIBIÓ MAS DE 7 MIL LLAMADAS TELEFONICAS Y MAS DE UN MILLAR DE MENSAJES DE TEXTO EN 12 HORAS , ESO EQUIVALDRIA A 1900 LLAMADA INTERPRETADAS Y ESCUCHADAS POR HORA ! HUMANAMENTE , MATERIALMENTE Y FISICAMENTE IMPOSIBLE !!! OTRO FRAUDE PROCESAL, MAGISTRADOS COMO PUEDEN EXPLICAR Y JUSTIFICAR ESTO ?
EL TESTIGO CRITERIADO DICE “ LA LLAMADA FUE EL 9 DE MARZO 2015 “
CONFUNDIÓ AL FABRICAR NUEVA LLAMADA CON MI FECHA DE CUMPLEAÑOS,
SOY EFECTIVAMENTE DEL 9 DE MARZO.
LA FISCALIA ME ACUSA DE ESA LLAMADA INEXISTENTE PERO DE FECHA 5 DE MARZO 2015, NO LA ENCONTRAMOS EN NINGUNA PARTE DE LAS BITACORAS.
CLAUDIA HERRERA FUE CAPTURADA EL 22 DE OCTUBRE 2014,
POR AMENAZAS CON ARMA DE FUEGO CON SUS GUARDESPALDAS, Y EL PERITAJE FUE ORDENADO POR UNA AUXILIAR FISCAL DE CLAVE FRANCIA, EN SU TESTIMONIO LA FISCAL DICE “ YO ORDENÉ EL PERITAJE , YO MANDÉ EL OFICIO A MEDICINA LEGAL, YO LO MANDÉ A RETIRAR OFICIALMENTE, YO LO TRANSPORTÉ DE FORMA OFICIAL EL PERITAJE , YO PERSONALMENTE PRESENTÉ ESE PERITAJE AL JUZGADO.
ENTONCES SI JAMAS PASÓ POR MIS MANOS ¿ COMO PUEDO COMETER FRAUDE PROCESAL O FALSEDAD ?
SI NUNCA HABLE CON EL JUEZ, NUNCA CONOCIÓ EL JUEZ 9 DE PAZ DE ESE CASO DE CLAUDIA HERRERA, ¿ COMO ME PUEDEN ACUSARME DE COHECHO ?
LA DESESPERACION ES GRANDE DE FISCALIA CUANDO RECONOCEN QUE EL CASO LO HEMOS DESEMASCARADO Y DESBARATADO. PODRÁN PRESIONAR PARA QUE ESTE CASO SIGA CON VIDA ARTIFICIAL POR POCO TIEMPO MAS , PERO HAGO CONSIENCIA A LOS FISCALES AUXILIARES, EL FISCAL GENERAL TERMINA EN 98 DIAS SU MANDATO, PERO USTEDES ? ESTAN DISPUESTOS A SEGUIR FABRICANDO FRAUDES ?
REFLEXIONEN ! GENTE INOCENTE ESTA PADECIENDO INJUSTAMENTE .
ENRIQUE RAIS.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
