Judicial
Enrique Rais desacredita rotundamente al testigo Criteriado que presentó la Fiscalía para perjudicarlo
Fiscal Douglas Melendez, por favor sea mas creativo ! ponga por lo menos fechas que sean mas o menos creíbles : Prueba de otro Fraude Procesal de sus fiscales :
Ladeclaración del testigo criteriado dice “ No recuerdo la fecha pero fue en Septiembre 2014, que me ofrecieron $ 1’500 dolares para acelerar el peritaje “
CLAUDIA HERRERA FUE CAPTURADA EL 22 DE OCTUBRE, UN MES DESPUES, NI SIQUIERA EXISTÍA REQUERIMIENTO !
La acusación dice que me pidió 5 miligramos , en una llamada que no existe !
Al demostrar esa falsedad, la fiscal Mayra Raquel Guerra presenta al juez octavo de instrucción un escrito diciendo : “ DISCULPE SEÑOR JUEZ FUE UN ERROR DE LA TECNICO ENA MARICELA GRANADO PONCE, EFECTIVAMENTE EL NUMERO NO ERA DE ENRIQUE RAIS , ERA DE OTRA PERSONA, PERO CON ESA FALSEDAD O ERROR COMO LO LLAMA LA FISCAL, EL MAGISTRADO LIC. CARLOS SANCHEZ ESCOBAR CANDIDATO A LA CSJ , ORDENA MI CAPTURA .
EL ANALISIS DE BITACORA DICE QUE TUVE 78 LLAMADAS CON MI ABOGADO ERNESTO GUTIERREZ CON ESE SUPUESTO NUMERO TELEFONICO , RESULTA QUE EFECTIVAMENTE REALIZÓ 78 LLAMADAS , PERO FUE ENTRE EL PAPA ERNESTO GUTIERREZ Y SU HIJO RODRIGO, A QUIEN POR ERROR LA TECNICO PENSÓ QUE ESE NUMERO ERA EL MÍO. NO ES ESO ABERRANTE ? QUE ESA ES LA PRUEBA PARA ORDENAR MI CAPTURA ?
LUEGO LA FECHA TAMPOCO CORRESPONDE , NUEVO ESCRITO DE LIC. GUERRA, DISCULPE SEÑOR JUEZ : “ LO QUE PASA ES QUE LA TECNICO ESCRIBIÓ LA FECHA EN FORMATO NORTEAMERICANO DICE 02-10-2015 ( 2 DE OCTUBRE 2015 ) EN REALIDAD ELLA QUISO DECIR ( FEBRERO 10 DEL 2015 ) 10-02-2015, SI UTILIZAMOS EL FORMATO AMERICANO , TODAS LAS DEMAS FECHAS NADA CONCUERDA. ES LÓGICO TANTOS ERRORES PORQUE TODO ES FABRICADO Y NUNCA PENSARON QUE HARIAMOS UNA AUDITORÍA MINUCIOSA DE CADA SEGUNDO DE CADA LLAMADA DE CADA NUMERO. SON 22 PERSONAS INVESTIGADOAS EN EL EXP. 8-DIT-2014 Y 28 NUMEROS TELEFONICOS Y EN ESE EXPEDIENTE, NI UNA SOLO VEZ ME MENCIONAN, SON 5 INFORMES QUE EL DIRECTOR DEL CENTRO LIC. CAMPOS CRESPO Y EN NINGUNO ME MENCIONA COMO PERSONA INVESTIGADA , NI SOLICITADA NI SIQUIERA POR REFERENCIA. LA TECNICO GRANADO PONCE, NO ES PERITO, COMO ORDENA LA LEY, NI FUE JURAMENTADA POR NINGUN JUEZ. ELLA UNICAMENTE INGRESÓ AL CENTRO DE ESCUCHAS EL DIA 17 DE AGOSTO 2016 Y PRESENTÓ SU INFORME EL 18, EN 12 HORAS ESTUDIÓ, ANALIZÓ, INTERPRETÓ Y TRANSCRIBIÓ MAS DE 7 MIL LLAMADAS TELEFONICAS Y MAS DE UN MILLAR DE MENSAJES DE TEXTO EN 12 HORAS , ESO EQUIVALDRIA A 1900 LLAMADA INTERPRETADAS Y ESCUCHADAS POR HORA ! HUMANAMENTE , MATERIALMENTE Y FISICAMENTE IMPOSIBLE !!! OTRO FRAUDE PROCESAL, MAGISTRADOS COMO PUEDEN EXPLICAR Y JUSTIFICAR ESTO ?
EL TESTIGO CRITERIADO DICE “ LA LLAMADA FUE EL 9 DE MARZO 2015 “
CONFUNDIÓ AL FABRICAR NUEVA LLAMADA CON MI FECHA DE CUMPLEAÑOS,
SOY EFECTIVAMENTE DEL 9 DE MARZO.
LA FISCALIA ME ACUSA DE ESA LLAMADA INEXISTENTE PERO DE FECHA 5 DE MARZO 2015, NO LA ENCONTRAMOS EN NINGUNA PARTE DE LAS BITACORAS.
CLAUDIA HERRERA FUE CAPTURADA EL 22 DE OCTUBRE 2014,
POR AMENAZAS CON ARMA DE FUEGO CON SUS GUARDESPALDAS, Y EL PERITAJE FUE ORDENADO POR UNA AUXILIAR FISCAL DE CLAVE FRANCIA, EN SU TESTIMONIO LA FISCAL DICE “ YO ORDENÉ EL PERITAJE , YO MANDÉ EL OFICIO A MEDICINA LEGAL, YO LO MANDÉ A RETIRAR OFICIALMENTE, YO LO TRANSPORTÉ DE FORMA OFICIAL EL PERITAJE , YO PERSONALMENTE PRESENTÉ ESE PERITAJE AL JUZGADO.
ENTONCES SI JAMAS PASÓ POR MIS MANOS ¿ COMO PUEDO COMETER FRAUDE PROCESAL O FALSEDAD ?
SI NUNCA HABLE CON EL JUEZ, NUNCA CONOCIÓ EL JUEZ 9 DE PAZ DE ESE CASO DE CLAUDIA HERRERA, ¿ COMO ME PUEDEN ACUSARME DE COHECHO ?
LA DESESPERACION ES GRANDE DE FISCALIA CUANDO RECONOCEN QUE EL CASO LO HEMOS DESEMASCARADO Y DESBARATADO. PODRÁN PRESIONAR PARA QUE ESTE CASO SIGA CON VIDA ARTIFICIAL POR POCO TIEMPO MAS , PERO HAGO CONSIENCIA A LOS FISCALES AUXILIARES, EL FISCAL GENERAL TERMINA EN 98 DIAS SU MANDATO, PERO USTEDES ? ESTAN DISPUESTOS A SEGUIR FABRICANDO FRAUDES ?
REFLEXIONEN ! GENTE INOCENTE ESTA PADECIENDO INJUSTAMENTE .
ENRIQUE RAIS.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
