Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
