Judicial
El montaje de casos mediáticos por parte del exfiscal Douglas Meléndez
Douglas Arquímides Meléndez Ruíz, quien fue fiscal General de la República, del período 2016 al 2019, es marcado por el montaje de casos mediáticos durante su gestión, los jueces lo confirman por medio de las resoluciones a los casos que el construyó.
El exfiscal ha sido señalado por el montaje de casos y fraude procesal en los casos mediáticos en los que montaba persecuciones a imputados sin realizar las pruebas necesarias y alterando los procesos administrativos, según señalan los acusados de los casos.
El 28 de julio del año 2020, el fiscal general actual, Raúl Melara, señaló durante una entrevista en Telecorporación Salvadoreña (TCS), a la administración de Meléndez de forma implícita, al señalar que montaba los casos mediáticamente, que al final se perdían en los juzgados.
«Hemos tenido otras administraciones de la fiscalía que hacían un ejercicio mediático y difusión mediáticas de casos, que al final se terminan cayendo en los tribunales, porque terminan no siendo sustentados», señaló Melara.
Persecución a Enrique Rais
Enrique Rais fue acusado por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado, imposibilitando a los extranjeros a continuar con el caso y extinguiendo las acciones civiles y penales contra el empresario.
Dicho caso surgió durante la gestión Meléndez en la FGR, quien entorpeció el proceso y creo una persecución contra Enrique Rais, iniciando por una captura arbitraria y mediática.
El abogado Diego Balmore Escobar, quien fuese antiguo compañero del exfiscal Douglas Meléndez, presenta una denuncia el 30 de junio del 2016, apareciendo como apoderado de Matteo Pasquale, por el delito de falsedad material, contra Rais, a través de un documento que no existió.
Rais fue citado, posteriormente, por la fiscalía el 22 de agosto de 2016, para darle a conocer formalmente sobre la denuncia, sin embargo al compadecer el empresario ante las instancias, tal citatorio no existía. Meléndez ordenó en ese momento la detención inmediata, convocando a los medios de comunicación.
El abogado Carlos Rubio, defensor de Enrique Rais, lamentó que Meléndez no actuara con objetividad en el caso y señaló que a partir de ello surgieron los bloqueos en la resolución del caso.
«Se trata de una práctica que inclusive la fiscalía actual ha realizado a favor del propio Douglas Meléndez, presentando requerimientos de sobreseimientos definitivos y también se hizo en un caso de Lavado de dinero, contra los señores Juan Wright, Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Saca, sobre los fondos provenientes de Taiwán y nada se ha dicho al respecto, a pesar que en este último caso se pidió porque el Ex Fiscal Meléndez dejó prescribir la acción penal», Añade Rubio.
El Juzgado 14 de Paz de San Salvador, decretó sobreseimiento definitivo, este 17 de marzo, por lo que el jurista, ve como un gran paso para la justicia salvadoreña, tras las persecuciones que sufrió su cliente por parte de Meléndez.
«Esta resolución es un gran paso para la justicia que como defensa hemos batallado judicialmente para alcanzar y que además demuestra que la persecución penal promovida por la Fiscalía (General de la República) durante la administración de Douglas Meléndez fue arbitraria, fabricada sobre prueba falsa, prueba ilícita y testigos sin rostro (testigos protegidos)», añadió.
La Organización de las Naciones Unidas, habría hecho un llamado a parar la persecución ante el caso del empresario Rais, tras una reunión por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), determinaron que él habría sufrido graves violaciones a sus derechos; por lo que solicitó que la corte reparara los daños ocasionados a su persona.
Caso Ramón Kury
Uno de los casos sonados últimamente es el asesinato de Ramón Kury, exsecretario departamental de San Salvador, por el partido de Conciliación Nacional (PCN), las tres personas que culpó la FGR, mientras fungía Douglas Meléndez como fiscal, fueron absueltas, al no establecerse su participación en el homicidio.
En el caso fueron culpados, sin prueba alguna, los hermanos Samuel Elías Delgado y Óscar Remberto Delgado y el policía Santos Hernández Beltrán.
«Este caso lo ordenó Douglas Meléndez. Ellos montaron la escena y ocultaron los videos originales. Este caso fue una mentira», subrayó Delgado.
Delgado señaló que la creación de este juicio fue realizado por el exfiscal con el objetivo de que quedara en la impunidad y que los verdaderos responsables quedaran en libertad de la que ahora gozan.
“¿Por qué ellos sabiendo el caso y teniendo los videos, por qué ellos tienen los videos originales, los cuales no se pudieron mostrar acá, ¿por qué?, ¿por qué Douglas Meléndez me acusó a mí?”, cuestionó el acusado.
El tribunal valoró todas las pruebas en su totalidad y el juez resolvió que los imputados son inocentes, tras dos años de dilatación por parte de la fiscalía.
«Ellos ilegalmente pusieron documentos, pusieron teléfonos que no existían, han decomisado vehículos, es un fraude procesal el que ellos han hecho. Pusieron una arma que estaba incautada desde el 2011 en la Fuerza Armada y ellos sacaron esa arma», denunció Delgado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
