Judicial
El montaje de casos mediáticos por parte del exfiscal Douglas Meléndez
Douglas Arquímides Meléndez Ruíz, quien fue fiscal General de la República, del período 2016 al 2019, es marcado por el montaje de casos mediáticos durante su gestión, los jueces lo confirman por medio de las resoluciones a los casos que el construyó.
El exfiscal ha sido señalado por el montaje de casos y fraude procesal en los casos mediáticos en los que montaba persecuciones a imputados sin realizar las pruebas necesarias y alterando los procesos administrativos, según señalan los acusados de los casos.
El 28 de julio del año 2020, el fiscal general actual, Raúl Melara, señaló durante una entrevista en Telecorporación Salvadoreña (TCS), a la administración de Meléndez de forma implícita, al señalar que montaba los casos mediáticamente, que al final se perdían en los juzgados.
«Hemos tenido otras administraciones de la fiscalía que hacían un ejercicio mediático y difusión mediáticas de casos, que al final se terminan cayendo en los tribunales, porque terminan no siendo sustentados», señaló Melara.
Persecución a Enrique Rais
Enrique Rais fue acusado por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado, imposibilitando a los extranjeros a continuar con el caso y extinguiendo las acciones civiles y penales contra el empresario.
Dicho caso surgió durante la gestión Meléndez en la FGR, quien entorpeció el proceso y creo una persecución contra Enrique Rais, iniciando por una captura arbitraria y mediática.
El abogado Diego Balmore Escobar, quien fuese antiguo compañero del exfiscal Douglas Meléndez, presenta una denuncia el 30 de junio del 2016, apareciendo como apoderado de Matteo Pasquale, por el delito de falsedad material, contra Rais, a través de un documento que no existió.
Rais fue citado, posteriormente, por la fiscalía el 22 de agosto de 2016, para darle a conocer formalmente sobre la denuncia, sin embargo al compadecer el empresario ante las instancias, tal citatorio no existía. Meléndez ordenó en ese momento la detención inmediata, convocando a los medios de comunicación.
El abogado Carlos Rubio, defensor de Enrique Rais, lamentó que Meléndez no actuara con objetividad en el caso y señaló que a partir de ello surgieron los bloqueos en la resolución del caso.
«Se trata de una práctica que inclusive la fiscalía actual ha realizado a favor del propio Douglas Meléndez, presentando requerimientos de sobreseimientos definitivos y también se hizo en un caso de Lavado de dinero, contra los señores Juan Wright, Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Saca, sobre los fondos provenientes de Taiwán y nada se ha dicho al respecto, a pesar que en este último caso se pidió porque el Ex Fiscal Meléndez dejó prescribir la acción penal», Añade Rubio.
El Juzgado 14 de Paz de San Salvador, decretó sobreseimiento definitivo, este 17 de marzo, por lo que el jurista, ve como un gran paso para la justicia salvadoreña, tras las persecuciones que sufrió su cliente por parte de Meléndez.
«Esta resolución es un gran paso para la justicia que como defensa hemos batallado judicialmente para alcanzar y que además demuestra que la persecución penal promovida por la Fiscalía (General de la República) durante la administración de Douglas Meléndez fue arbitraria, fabricada sobre prueba falsa, prueba ilícita y testigos sin rostro (testigos protegidos)», añadió.
La Organización de las Naciones Unidas, habría hecho un llamado a parar la persecución ante el caso del empresario Rais, tras una reunión por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), determinaron que él habría sufrido graves violaciones a sus derechos; por lo que solicitó que la corte reparara los daños ocasionados a su persona.
Caso Ramón Kury
Uno de los casos sonados últimamente es el asesinato de Ramón Kury, exsecretario departamental de San Salvador, por el partido de Conciliación Nacional (PCN), las tres personas que culpó la FGR, mientras fungía Douglas Meléndez como fiscal, fueron absueltas, al no establecerse su participación en el homicidio.
En el caso fueron culpados, sin prueba alguna, los hermanos Samuel Elías Delgado y Óscar Remberto Delgado y el policía Santos Hernández Beltrán.
«Este caso lo ordenó Douglas Meléndez. Ellos montaron la escena y ocultaron los videos originales. Este caso fue una mentira», subrayó Delgado.
Delgado señaló que la creación de este juicio fue realizado por el exfiscal con el objetivo de que quedara en la impunidad y que los verdaderos responsables quedaran en libertad de la que ahora gozan.
“¿Por qué ellos sabiendo el caso y teniendo los videos, por qué ellos tienen los videos originales, los cuales no se pudieron mostrar acá, ¿por qué?, ¿por qué Douglas Meléndez me acusó a mí?”, cuestionó el acusado.
El tribunal valoró todas las pruebas en su totalidad y el juez resolvió que los imputados son inocentes, tras dos años de dilatación por parte de la fiscalía.
«Ellos ilegalmente pusieron documentos, pusieron teléfonos que no existían, han decomisado vehículos, es un fraude procesal el que ellos han hecho. Pusieron una arma que estaba incautada desde el 2011 en la Fuerza Armada y ellos sacaron esa arma», denunció Delgado.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
