Judicial
El montaje de casos mediáticos por parte del exfiscal Douglas Meléndez
Douglas Arquímides Meléndez Ruíz, quien fue fiscal General de la República, del período 2016 al 2019, es marcado por el montaje de casos mediáticos durante su gestión, los jueces lo confirman por medio de las resoluciones a los casos que el construyó.
El exfiscal ha sido señalado por el montaje de casos y fraude procesal en los casos mediáticos en los que montaba persecuciones a imputados sin realizar las pruebas necesarias y alterando los procesos administrativos, según señalan los acusados de los casos.
El 28 de julio del año 2020, el fiscal general actual, Raúl Melara, señaló durante una entrevista en Telecorporación Salvadoreña (TCS), a la administración de Meléndez de forma implícita, al señalar que montaba los casos mediáticamente, que al final se perdían en los juzgados.
«Hemos tenido otras administraciones de la fiscalía que hacían un ejercicio mediático y difusión mediáticas de casos, que al final se terminan cayendo en los tribunales, porque terminan no siendo sustentados», señaló Melara.
Persecución a Enrique Rais
Enrique Rais fue acusado por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado, imposibilitando a los extranjeros a continuar con el caso y extinguiendo las acciones civiles y penales contra el empresario.
Dicho caso surgió durante la gestión Meléndez en la FGR, quien entorpeció el proceso y creo una persecución contra Enrique Rais, iniciando por una captura arbitraria y mediática.
El abogado Diego Balmore Escobar, quien fuese antiguo compañero del exfiscal Douglas Meléndez, presenta una denuncia el 30 de junio del 2016, apareciendo como apoderado de Matteo Pasquale, por el delito de falsedad material, contra Rais, a través de un documento que no existió.
Rais fue citado, posteriormente, por la fiscalía el 22 de agosto de 2016, para darle a conocer formalmente sobre la denuncia, sin embargo al compadecer el empresario ante las instancias, tal citatorio no existía. Meléndez ordenó en ese momento la detención inmediata, convocando a los medios de comunicación.
El abogado Carlos Rubio, defensor de Enrique Rais, lamentó que Meléndez no actuara con objetividad en el caso y señaló que a partir de ello surgieron los bloqueos en la resolución del caso.
«Se trata de una práctica que inclusive la fiscalía actual ha realizado a favor del propio Douglas Meléndez, presentando requerimientos de sobreseimientos definitivos y también se hizo en un caso de Lavado de dinero, contra los señores Juan Wright, Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Saca, sobre los fondos provenientes de Taiwán y nada se ha dicho al respecto, a pesar que en este último caso se pidió porque el Ex Fiscal Meléndez dejó prescribir la acción penal», Añade Rubio.
El Juzgado 14 de Paz de San Salvador, decretó sobreseimiento definitivo, este 17 de marzo, por lo que el jurista, ve como un gran paso para la justicia salvadoreña, tras las persecuciones que sufrió su cliente por parte de Meléndez.
«Esta resolución es un gran paso para la justicia que como defensa hemos batallado judicialmente para alcanzar y que además demuestra que la persecución penal promovida por la Fiscalía (General de la República) durante la administración de Douglas Meléndez fue arbitraria, fabricada sobre prueba falsa, prueba ilícita y testigos sin rostro (testigos protegidos)», añadió.
La Organización de las Naciones Unidas, habría hecho un llamado a parar la persecución ante el caso del empresario Rais, tras una reunión por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), determinaron que él habría sufrido graves violaciones a sus derechos; por lo que solicitó que la corte reparara los daños ocasionados a su persona.
Caso Ramón Kury
Uno de los casos sonados últimamente es el asesinato de Ramón Kury, exsecretario departamental de San Salvador, por el partido de Conciliación Nacional (PCN), las tres personas que culpó la FGR, mientras fungía Douglas Meléndez como fiscal, fueron absueltas, al no establecerse su participación en el homicidio.
En el caso fueron culpados, sin prueba alguna, los hermanos Samuel Elías Delgado y Óscar Remberto Delgado y el policía Santos Hernández Beltrán.
«Este caso lo ordenó Douglas Meléndez. Ellos montaron la escena y ocultaron los videos originales. Este caso fue una mentira», subrayó Delgado.
Delgado señaló que la creación de este juicio fue realizado por el exfiscal con el objetivo de que quedara en la impunidad y que los verdaderos responsables quedaran en libertad de la que ahora gozan.
“¿Por qué ellos sabiendo el caso y teniendo los videos, por qué ellos tienen los videos originales, los cuales no se pudieron mostrar acá, ¿por qué?, ¿por qué Douglas Meléndez me acusó a mí?”, cuestionó el acusado.
El tribunal valoró todas las pruebas en su totalidad y el juez resolvió que los imputados son inocentes, tras dos años de dilatación por parte de la fiscalía.
«Ellos ilegalmente pusieron documentos, pusieron teléfonos que no existían, han decomisado vehículos, es un fraude procesal el que ellos han hecho. Pusieron una arma que estaba incautada desde el 2011 en la Fuerza Armada y ellos sacaron esa arma», denunció Delgado.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
