Judicial
Dura condena para pandillero que asaltó a una mujer con una pistola de plástico
Santa Ana.— Según relató la víctima, el 29 de diciembre del año pasado, mientras ella caminaba sobre la 7ª. Calle Poniente, en el lugar conocido como Calle Santa Cruz, un vehículo se estacionó un sujeto se bajó del mismo; el hombre la contraminó contra la pared, mientras le apuntaba con una pistola exigiéndole que le entregara su teléfono celular.
La víctima obedeció a la exigencia y luego de que el delincuente y otro que manejaba el automotor cumplieron su cometido, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Inmediatamente la mujer se hizo presente a la sede de la Policía Nacional Civil (PNC) de la localidad, donde les dijo que tres sujetos la habían asaltado a punta de pistola
Los agentes se movilizaron a los alrededores del lugar de los hechos y ubicaron el automotor con las placas antes descritas sobre la 3ª. Calle Oriente y 7ª. Avenida Sur.
En ese momento, un sujeto que iba en el auto abrió la puerta y escapó, por lo que sólo lograron darle captura a uno de ellos, a quien le decomisaron dos teléfonos celulares. Uno de ellos era propiedad de la víctima.
Además, en el asiento de atrás del vehículo hallaron un arma de fuego de juguete de material plástico pintada de negro y un cargador plástico color negro, por lo que procedieron a capturar al sospechoso en flagrancia.
Por este hecho, el Juzgado 2º de Paz de Santa Ana condenó en juicio sumario a Marvin Eduardo R., de 28 años, por el delito de robo agravado, en perjuicio de una víctima que goza de régimen de protección.
La pena impuesta para el delincuente es de 8 años de prisión y la inhabilitación absoluta de la pérdida de los derechos de ciudadano por igual período de tiempo que la pena principal impuesta.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
