Judicial
Denuncian a Moisés Urbina, Álvaro Cruz Rojas, Héctor Silva Ávalos y otros periodistas, por recibir “sobornos” del expresidente Mauricio Funes
En la sede fiscal ubicadas en la Sultana, Antiguo Cuscatlán, fue presentada el día viernes 9 de octubre del presente año, por la abogada Ana Miriam Flores, denuncia penal en contra del presentador del programa “FRENTE A FRENTE”, Moisés Urbina; contra el jefe editor de Diario El Mundo, Álvaro Cruz Rojas; el periodista y exdirector de la Revista Factum, Insigth Crime y colaborador de La Prensa Gráfica, Héctor Silva Ávalos; el entrevistador Narciso Castillo, conocido como “Nacho Castillo”; y el exeditor de La Prensa Gráfica, Gabriel Trillos de La Hoz.
La razón de la denuncia, según manifestó la abogada, surge en atención a publicaciones efectuadas por el medio digital “LA PÁGINA” donde se describió la forma en que a través del expresentador y periodista Jorge Hernández y otras personas “intermediarias” el expresidente de la República, Mauricio Funes, creó una red de periodistas y medios de prensa que no sólo ocultaron los señalamientos de corrupción contra el gobierno, sino que manipularon la información para favorecer a Mauricio Funes, mientras fue presidente de la República. Como contraprestación por tales “servicios”, los mencionados recibían pagos provenientes de la Partida Secreta de Casa Presidencial, lo que en el “argot” periodístico se conoce como “mentas” (percepción de dineros o cualquier clase de dádivas por ajustar noticias al interés, intención o gusto del benefactor).
Según la misma nota, citada por la abogada en la denuncia interpuesta: “El acuerdo consistía en que el expresidente de la República Mauricio Funes entregaría a través de los ‘negociadores’ las siguientes sumas de dinero, todas en efectivo y de forma mensual así:
$ 5,000.00 para Gabriel Trillos, como jefe editor de La Prensa Gráfica.
$3,000.00 para Álvaro Cruz Rojas, editor en jefe de Diario El Mundo.
$1,500.00 para Moisés Urbina, presentador del programa “Frente a Frente” de TCS.
$ 3,000.00 para Nacho Castillo.
Y una fuerte suma que podría llegar hasta los $10,000.00 para Héctor Silva Ávalos, co-director de las Revistas Factum e Insight Crime y colaborador de La Prensa Gráfica.
De acuerdo a la profesional del derecho, “además de ser indignante el hecho que estas personas hayan aceptado recibir ilícitamente fondos públicos, lo es más el considerar que se trata de personas que ejercen una función periodística, en la que se encuentran éticamente obligados a transmitir, comunicar e informar la realida sin distorciones, parcialidades u ocultamientos de hechos, como derecho de una sociedad democrática a la información y a la libertad de prensa. Sin embargo, acá ha ocurrido lo contrario, se ha ‘comercializado’ con el derecho a la información de la Sociedad Civil, con el interés de obtener beneficios económicos ilegales por parte de estos periodistas ‘menteros’”.
Finalmente, detalló que a su vez ha solicitado que se ejerza por parte de la Fiscalía General de la República, el correspondiente proceso de extinción de dominio, “ya que los fondos que fueron percibidos de forma mensual por un prolongado periodo por parte de los periodistas denunciados, tratándose de un beneficio patrimonial injusto, pues son fondos públicos. No es posible, que existiendo grandes necesidades de fondos por parte del Estado para resolver problemas de necesidades públicas, la FGR no utilice esta herramienta legal para recuperar lo que ya se ha comprobado que fue ilícitamente erogado de la Partida Secreta de Casa Presidencial”, justificó.
Con información de La Noticia SV
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
