Judicial
Denuncian a Moisés Urbina, Álvaro Cruz Rojas, Héctor Silva Ávalos y otros periodistas, por recibir “sobornos” del expresidente Mauricio Funes
En la sede fiscal ubicadas en la Sultana, Antiguo Cuscatlán, fue presentada el día viernes 9 de octubre del presente año, por la abogada Ana Miriam Flores, denuncia penal en contra del presentador del programa “FRENTE A FRENTE”, Moisés Urbina; contra el jefe editor de Diario El Mundo, Álvaro Cruz Rojas; el periodista y exdirector de la Revista Factum, Insigth Crime y colaborador de La Prensa Gráfica, Héctor Silva Ávalos; el entrevistador Narciso Castillo, conocido como “Nacho Castillo”; y el exeditor de La Prensa Gráfica, Gabriel Trillos de La Hoz.
La razón de la denuncia, según manifestó la abogada, surge en atención a publicaciones efectuadas por el medio digital “LA PÁGINA” donde se describió la forma en que a través del expresentador y periodista Jorge Hernández y otras personas “intermediarias” el expresidente de la República, Mauricio Funes, creó una red de periodistas y medios de prensa que no sólo ocultaron los señalamientos de corrupción contra el gobierno, sino que manipularon la información para favorecer a Mauricio Funes, mientras fue presidente de la República. Como contraprestación por tales “servicios”, los mencionados recibían pagos provenientes de la Partida Secreta de Casa Presidencial, lo que en el “argot” periodístico se conoce como “mentas” (percepción de dineros o cualquier clase de dádivas por ajustar noticias al interés, intención o gusto del benefactor).
Según la misma nota, citada por la abogada en la denuncia interpuesta: “El acuerdo consistía en que el expresidente de la República Mauricio Funes entregaría a través de los ‘negociadores’ las siguientes sumas de dinero, todas en efectivo y de forma mensual así:
$ 5,000.00 para Gabriel Trillos, como jefe editor de La Prensa Gráfica.
$3,000.00 para Álvaro Cruz Rojas, editor en jefe de Diario El Mundo.
$1,500.00 para Moisés Urbina, presentador del programa “Frente a Frente” de TCS.
$ 3,000.00 para Nacho Castillo.
Y una fuerte suma que podría llegar hasta los $10,000.00 para Héctor Silva Ávalos, co-director de las Revistas Factum e Insight Crime y colaborador de La Prensa Gráfica.
De acuerdo a la profesional del derecho, “además de ser indignante el hecho que estas personas hayan aceptado recibir ilícitamente fondos públicos, lo es más el considerar que se trata de personas que ejercen una función periodística, en la que se encuentran éticamente obligados a transmitir, comunicar e informar la realida sin distorciones, parcialidades u ocultamientos de hechos, como derecho de una sociedad democrática a la información y a la libertad de prensa. Sin embargo, acá ha ocurrido lo contrario, se ha ‘comercializado’ con el derecho a la información de la Sociedad Civil, con el interés de obtener beneficios económicos ilegales por parte de estos periodistas ‘menteros’”.
Finalmente, detalló que a su vez ha solicitado que se ejerza por parte de la Fiscalía General de la República, el correspondiente proceso de extinción de dominio, “ya que los fondos que fueron percibidos de forma mensual por un prolongado periodo por parte de los periodistas denunciados, tratándose de un beneficio patrimonial injusto, pues son fondos públicos. No es posible, que existiendo grandes necesidades de fondos por parte del Estado para resolver problemas de necesidades públicas, la FGR no utilice esta herramienta legal para recuperar lo que ya se ha comprobado que fue ilícitamente erogado de la Partida Secreta de Casa Presidencial”, justificó.
Con información de La Noticia SV
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
