Judicial
Decretan prisión para pandillero que asesino a su novio y lo enterró en el patio de su casa en Santa Ana
Un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS), identificado como José Ricardo Estrada Escobar, asesinó el pasado 3 de junio a su novio, José Geovanny Romero Ortiz, por celos. Según las investigaciones fiscales, la víctima sufría de maltratos desde hace varios años.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el asesinato de la víctima ocurrió en el interior de la vivienda en donde este residía, situada en la residencial Tenerife II, en Santa Ana.
En el año 2011, Estrada Escobar ya había sido detenido por el delito de homicidio y fueron los padres de este quienes buscaron a la víctima para que lo ayudara a salir de la situación.
Cuando el imputado salió libre entabló una relación sentimental con Romero Ortiz, quien era propietario de una taquería móvil, por lo que ambos trabajaban en ese negocio que colocaban en Atiquizaya, en Ahuachapán.
El pandillero acusado de este homicidio agredía físicamente a Romero Ortiz. En varias ocasiones sus familiares y amigos lo veían golpeado, pero este no relataba nada de lo que ocurría porque el imputado lo amenazaba con matarlo. Las amenazas eran recurrentes, así como las peleas provocadas por celos.
Los familiares de la víctima aconsejaban que terminara la relación y al darse cuenta de esto el imputado mostraba molestia.
De hecho, en la celebración de su último cumpleaños, la víctima le manifestó a una de sus cuñadas, Noelia P., que ese era el último festejo que iban a tener porque Estrada Escobar lo iba a matar, debido a que los problemas entre ellos era tan graves que una discusión terminaba en peleas y amenazas.
Pese a ello, Romero Ortiz nunca terminó la relación, debido a que estaba enamorado del ahora imputado.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
