Judicial
Condenas de 10 años de prisión para pandilleros extorsionistas
Las investigaciones debidamente fundamentadas por parte de Fiscalía y con el apoyo de la PNC, demostraron la responsabilidad penal de dos miembros de estructuras, quienes se venían dedicando a extorsionar a comerciantes al oriente de San Salvador. Así quedó demostrado en juicio y por lo que ahora deberán cumplir penas de 10 años de prisión.
Uno de los casos se trata del imputado Roger Eduardo Zelaya Ramírez, presentado ante el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, acusado de Extorsión Agravada.
El 21 de diciembre de 2019, la víctima decidió promover la denuncia, ya que el pandillero le exigía la entrega de $500 a cambio de no atentar contra su negocio ni el personal que laboraba en el lugar; una vez interpuesta la denuncia, los investigadores determinaron ubicarlo en un centro comercial de la Residencial Alta Vista, en donde se le entregó el dinero y posteriormente se le dio seguimiento hasta concretar su captura.
El otro proceso, fue contra Ronald Oswaldo Aquino Cárcamo, procesado por Extorsión Agravada, a cargo del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.
En este caso, el pandillero ejercía permanente acoso contra la víctima, a quien no dejaba desarrollar su labor comercial de forma normal, por lo que decidió denunciarlo el 31 de agosto de 2016, ya que llegó a exigirle la cantidad de $1,000. Las coordinaciones entre fiscales e investigadores lograron ubicarlo cerca de la Alcaldía de San Martín, en donde le dieron captura una vez que retiró parte del efectivo que venía exigiendo.
Los juicios desarrollados en diferentes fechas fueron determinantes, dado que la FGR estableció tanto la existencia del delito como la participación de los implicados, por lo que ahora cumplirán las penas respectivas que ya se describieron.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
