Judicial
Condenas de 10 años de prisión para pandilleros extorsionistas
Las investigaciones debidamente fundamentadas por parte de Fiscalía y con el apoyo de la PNC, demostraron la responsabilidad penal de dos miembros de estructuras, quienes se venían dedicando a extorsionar a comerciantes al oriente de San Salvador. Así quedó demostrado en juicio y por lo que ahora deberán cumplir penas de 10 años de prisión.
Uno de los casos se trata del imputado Roger Eduardo Zelaya Ramírez, presentado ante el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, acusado de Extorsión Agravada.
El 21 de diciembre de 2019, la víctima decidió promover la denuncia, ya que el pandillero le exigía la entrega de $500 a cambio de no atentar contra su negocio ni el personal que laboraba en el lugar; una vez interpuesta la denuncia, los investigadores determinaron ubicarlo en un centro comercial de la Residencial Alta Vista, en donde se le entregó el dinero y posteriormente se le dio seguimiento hasta concretar su captura.
El otro proceso, fue contra Ronald Oswaldo Aquino Cárcamo, procesado por Extorsión Agravada, a cargo del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.
En este caso, el pandillero ejercía permanente acoso contra la víctima, a quien no dejaba desarrollar su labor comercial de forma normal, por lo que decidió denunciarlo el 31 de agosto de 2016, ya que llegó a exigirle la cantidad de $1,000. Las coordinaciones entre fiscales e investigadores lograron ubicarlo cerca de la Alcaldía de San Martín, en donde le dieron captura una vez que retiró parte del efectivo que venía exigiendo.
Los juicios desarrollados en diferentes fechas fueron determinantes, dado que la FGR estableció tanto la existencia del delito como la participación de los implicados, por lo que ahora cumplirán las penas respectivas que ya se describieron.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
