Judicial
Condenas de 10 años de prisión para pandilleros extorsionistas
Las investigaciones debidamente fundamentadas por parte de Fiscalía y con el apoyo de la PNC, demostraron la responsabilidad penal de dos miembros de estructuras, quienes se venían dedicando a extorsionar a comerciantes al oriente de San Salvador. Así quedó demostrado en juicio y por lo que ahora deberán cumplir penas de 10 años de prisión.
Uno de los casos se trata del imputado Roger Eduardo Zelaya Ramírez, presentado ante el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, acusado de Extorsión Agravada.
El 21 de diciembre de 2019, la víctima decidió promover la denuncia, ya que el pandillero le exigía la entrega de $500 a cambio de no atentar contra su negocio ni el personal que laboraba en el lugar; una vez interpuesta la denuncia, los investigadores determinaron ubicarlo en un centro comercial de la Residencial Alta Vista, en donde se le entregó el dinero y posteriormente se le dio seguimiento hasta concretar su captura.
El otro proceso, fue contra Ronald Oswaldo Aquino Cárcamo, procesado por Extorsión Agravada, a cargo del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.
En este caso, el pandillero ejercía permanente acoso contra la víctima, a quien no dejaba desarrollar su labor comercial de forma normal, por lo que decidió denunciarlo el 31 de agosto de 2016, ya que llegó a exigirle la cantidad de $1,000. Las coordinaciones entre fiscales e investigadores lograron ubicarlo cerca de la Alcaldía de San Martín, en donde le dieron captura una vez que retiró parte del efectivo que venía exigiendo.
Los juicios desarrollados en diferentes fechas fueron determinantes, dado que la FGR estableció tanto la existencia del delito como la participación de los implicados, por lo que ahora cumplirán las penas respectivas que ya se describieron.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
