Judicial
Condenan a Raúl Mijango a 13 años de prisión por extorsión
El Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador impuso 13 años de prisión en contra de Raúl Mijango, tras ser acusado del delito de extorsión agravada continuada cometido contra una empresa.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Mijango fue quien giró órdenes a las diferentes pandillas con el fin de cambiar la modalidad de extorsionar a la empresa afectada. Pasaron de extorsionar con pagos en efectivos a recibir una extorsión de 6 mil dólares en productos distribuidos por la empresa, mismo que eran divididos en tres partes iguales para las principales tres pandillas que operan en el país.
Tras el fallo condenatorio, los abogados defensores de Mijango indicaron que van a presentar el recurso de apelación del veredicto, debido a que consideran que la condena fue hecha a base de «testigos criteriados comprados». Además, comentaron que las versiones expresadas por estos fueron totalmente contradictorias y no poseen pruebas técnicas.
Además, también fueron condenados 10 pandilleros más, a quienes les otorgó un total de 20 años de prisión. Entre los procesados se encontró a Danny Romero García Balmore, José Alonso Marroquín López, Jonathan Torres Calderón, Pedro Benjamín Rivas, Edwin Cedillos Rodríguez, entre otros, ellos –según la FGR- eran los líderes que se reunieron con pandillas rivales y Mijango para negociar de una manera directa la extorsión.
La parte acusadora solicitó a la juzgadora que a todos los procesados se les condenara a 20 años de prisión, debido a que fue una extorsión continuada, misma que ocasionó pérdidas de más de 300 mil dólares a la empresa.
En la vista pública, la jueza admitió la mayor parte de la prueba aportada por parte de los fiscales de la Unidad Antiextorsiones y validó el contenido de los audios aportados por la FGR, así como las pruebas que demostraron que los implicados se reunieron en la oficina de Mijango, que le pertenecía al Estado de Inteligencia del Estado (OIE), que estaba ubicada por el Salvador del Mundo.
Por: Carmina Castro/ El Salvador Times
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
