Judicial
Condenan a 20 años de prisión a sujeto que asesinó a un hombre cuando se dirigía para un culto
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana declaró culpable penalmente a José Nahún V., de 28 años de edad, en calidad de coautor por la comisión del delito calificado como homicidio agravado en perjuicio de Jonathan Alexander Solís González.
Por ello, le condenó a cumplir una pena de 20 años de prisión; y a la pena accesoria de la pérdida de los derechos de ciudadano por igual período de tiempo, ordenando que el ahora condenado continúe en la detención provisional en la que se encuentra hasta que quede en firme la sentencia.
Durante la vista pública, desfilaron pruebas documentales, periciales y testimoniales. En esta última, el testimonio del testigo con régimen de protección clave “Zulma” mereció total credibilidad por parte del juez, quien aseguró que el testigo se ubicó en tiempo, lugar y espacio, así como en la forma que dijo haber presenciado los hechos.
El hecho por el cual fue condenado ocurrió la tarde del 20 de agosto de 2016, cuando la víctima fue lesionada con arma de fuego, hecho en el cual tuvo participación directa el imputado. A raíz de las lesiones, la víctima fue trasladada a la emergencia del hospital nacional San Juan de Dios de Santa Ana.
Sin embargo, falleció antes de recibir atención médica, quedando su cadáver en la cama de un pick up particular que lo había trasladado.
La investigación inició por medio de la colaboración del testigo con clave “Zulma”, quien en su testimonio expresó que el sábado 20 de agosto del año 206, se encontraba en una tienda ubicada en el caserío La Gallina, del cantón Conacaste, en Coatepeque, Santa Ana, cuando observó a un grupo de 50 personas, aproximadamente, pero que también continuaban llegando más personas al lugar a pie y en vehículo.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
