Judicial
Capturan a alias «Peligro» un peligroso cabecilla de la pandilla MS en San Miguel buscado por el FBI
Foto tomada de Policía
Un cabecilla de la pandilla MS-13 quien era buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), fue capturado la madrugada del martes por la Policía Nacional Civil (PNC).
El pandillero fue identificado como Carlos Zavala Guevara, alias «Peligro», quien tiene ocho órdenes de captura en El Salvador acusado de los delitos de homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas. Su detención fue ejecutada por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT).
Junto a Zavala Guevara se detuvo a siete sujetos más integrantes de la clica Pinos Locos de la MS y se intimó a seis personas más que guardan prisión en algunos penales del país y en bartolinas policiales.
Según la Policía y Fiscalía la estructura criminal tiene presencia en San Miguel, Morazán, La Unión y en Estados Unidos.
A toda la clica se les acusa de 14 casos de extorsión agravada, un homicidio agravado, siete proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, tráfico ilícito, asociaciones delictivas y organizaciones terroristas.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló también que los sujetos se dedicaban a extorsionar a comerciantes y transportistas en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
En los procedimientos de captura se les incautó tres vehículos, «vouchers» de remesas, una motocicleta y dinero en efectivo.
Zavala Guevara junto a los otros siete detenidos fueron presentados la tarde del martes en la delegación de San Miguel.
Con información de: El Salvador Times
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
