Judicial
Cámara ordena apertura de juicio contra implicados en lavado de dinero en caso Saca
La Fiscalía General de la República(FGR), dio a conocer este miércoles un nuevo giro en el proceso conocido como “Destape a la Corrupción II”, ya que los sobreseimientos definitivos emitidos a favor de 10 imputados acusados de Lavado de Dinero quedaron sin efecto por disposición de una Cámara.
El caso implica a Óscar Edgardo Mixco Sol, hermano de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca; José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Emma Suazo Canjura, Ángel José Montoya Morales, Oswaldo Octavio Orantes Marenco, Julio Roberto Zamora Bolaños y José Antonio Lemus Zaldívar, todos acusados por Lavado de dinero y activos.
Mientras que Milton Romeo Avilés Cruz, por el delito de Casos especiales del delito de encubrimiento.
El grupo especializado contra la impunidad de la FGR dio a conocer la resolución pronunciada por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en la cual se sustenta y fundamenta de manera detallada el planteamiento jurídico que respalda la decisión de los magistrados.
La Cámara determinó que existen suficientes elementos de juicio sobre la existencia del delito de lavado de dinero y activos, así como de la participación de cada uno de los imputados en los hechos atribuidos.
Esta valoración no fue hecha por el Juez Séptimo de Instrucción, tras desarrollar la audiencia preliminar en junio del año 2019 y cuya resolución fue conocida hasta septiembre de ese mismo año.
«El Juez no realizó un análisis a través del cual desacreditara todos los elementos de prueba aportados por Fiscalía, es decir, todos los informes relacionados a que el Ente ‘Dirección de Proyectos’, no existió bajo la administración del expresidente Elías Antonio Saca González, ya que los imputados no tuvieron una relación laboral ni contractual con Casa Presidencial, como también que ninguno fue autorizado por las instituciones respectivas para la apertura de cuentas bancarias para el manejo de fondos públicos, y el que hayan tenido el manejo de los fondos que ingresaron ilegítimamente a sus cuentas bancarias», se fundamenta en dicha acta.
«Si el juez no desacreditó de manera específica todos y cada uno de estos elementos de prueba ofrecidos por la Fiscalía, significa que continúan teniendo fuerza probatoria indiciaria mientras no se acrediten como prueba en el Juicio o se descarten, y en ese orden, lo que resulta, es que existen elementos de prueba de cargo y descargo, que motivan el paso del proceso a la etapa plenaria, en donde se vaciarán las pruebas, de carácter contradictorio, y será un Tribunal de Sentencia, quien determine a quien le asiste la razón», se agrega.
Resolución
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
