Judicial
Cámara ordena apertura de juicio contra implicados en lavado de dinero en caso Saca
La Fiscalía General de la República(FGR), dio a conocer este miércoles un nuevo giro en el proceso conocido como “Destape a la Corrupción II”, ya que los sobreseimientos definitivos emitidos a favor de 10 imputados acusados de Lavado de Dinero quedaron sin efecto por disposición de una Cámara.
El caso implica a Óscar Edgardo Mixco Sol, hermano de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca; José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Emma Suazo Canjura, Ángel José Montoya Morales, Oswaldo Octavio Orantes Marenco, Julio Roberto Zamora Bolaños y José Antonio Lemus Zaldívar, todos acusados por Lavado de dinero y activos.
Mientras que Milton Romeo Avilés Cruz, por el delito de Casos especiales del delito de encubrimiento.
El grupo especializado contra la impunidad de la FGR dio a conocer la resolución pronunciada por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en la cual se sustenta y fundamenta de manera detallada el planteamiento jurídico que respalda la decisión de los magistrados.
La Cámara determinó que existen suficientes elementos de juicio sobre la existencia del delito de lavado de dinero y activos, así como de la participación de cada uno de los imputados en los hechos atribuidos.
Esta valoración no fue hecha por el Juez Séptimo de Instrucción, tras desarrollar la audiencia preliminar en junio del año 2019 y cuya resolución fue conocida hasta septiembre de ese mismo año.
«El Juez no realizó un análisis a través del cual desacreditara todos los elementos de prueba aportados por Fiscalía, es decir, todos los informes relacionados a que el Ente ‘Dirección de Proyectos’, no existió bajo la administración del expresidente Elías Antonio Saca González, ya que los imputados no tuvieron una relación laboral ni contractual con Casa Presidencial, como también que ninguno fue autorizado por las instituciones respectivas para la apertura de cuentas bancarias para el manejo de fondos públicos, y el que hayan tenido el manejo de los fondos que ingresaron ilegítimamente a sus cuentas bancarias», se fundamenta en dicha acta.
«Si el juez no desacreditó de manera específica todos y cada uno de estos elementos de prueba ofrecidos por la Fiscalía, significa que continúan teniendo fuerza probatoria indiciaria mientras no se acrediten como prueba en el Juicio o se descarten, y en ese orden, lo que resulta, es que existen elementos de prueba de cargo y descargo, que motivan el paso del proceso a la etapa plenaria, en donde se vaciarán las pruebas, de carácter contradictorio, y será un Tribunal de Sentencia, quien determine a quien le asiste la razón», se agrega.
Resolución
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
