Judicial
Cámara Especializada anula condena de 12 años contra exalcalde Elías Hernández
La Cámara Especializada de lo Penal anuló el jueves la condena contra el exalcalde de Apopa, Elías Hernández, quien había sido sentenciado por beneficiar a pandilleros de su municipio
Según detalló la cámara, la condena de 12 años de prisión que le habían impuesto al exalcalde de Apopa debe de ser replanteada, pues ordenó que se repita el juicio siempre el Tribunal Especializado de Sentencia A pero con otro Juez.
Elías Hernández, fungió como alcalde de Apopa desde el 2015 con ARENA. Fue condenado en febrero de 2018 por el delito de agrupaciones ilícitas, pero también fue acusado de otros delitos como Homicidio, del cual fue absuelto.
El exalcalde es acusado por la Fiscalía de dar beneficios a pandilleros que operan y amedrentan ese municipio. Según la declaración del testigo clave “Tanque”, Elías Hernández, aseguró que a cambio de favores políticos les entregada a pandilleros del Barrio 18 $10 mil dólares mensuales, les facilitaba fiestas y los trasladaba en carros municipales e inclusive daba protección con agentes de la municipalidad.
Hernández cumplió ya dos años en prisión preventiva, era el único exfuncionario condenado por favorecer a pandilleros con fondos municipales. Su defensor especificó que presentará un escrito para que ordenen su liberación mientras el nuevo juez asignado al caso defina la fecha del nuevo juicio.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
