Judicial
Cámara desarrolla audiencia contra Benito Lara, esposa e hija por enriquecimiento ilícito
La Cámara Primera de lo Civil continuó el jueves la audiencia contra Benito Lara, en su calidad de exdiputado del FMLN y exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes y su esposa Ana Emilia Zelaya de Lara y su hija Ileana Briseida Lara Campos, quienes son demandados por supuesto enriquecimiento ilícito.
#CombateALaCorrupción | A Benito Lara y a su familia se les acusa de enriquecerse ilícitamente con $201,874.31 dólares del Estado y este día se desarrolla la continuación de la audiencia para determinar si el caso pasa a juicio. pic.twitter.com/HvwJ2PSV3S
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 15, 2022
Los tres son señalados de enriquecerse ilícitamente por un monto de $201,874.31. Las investigaciones y pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República han determinado que el exfuncionario se apropió de $131,571.67, su esposa $2,000.00 y la hija $68,302.64.
Benito Lara Fernández se desempeñó como diputado en la Asamblea Legislativa desde mayo de 2009 hasta mayo de 2014; y como Ministro de Justicia y Seguridad Pública durante el período de junio de 2014 a enero de 2016.
Cuando Lara fungió como legislador en el período comprendido del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, no justificó $33,989.73, según le detectaron en 14 irregularidades en concepto de depósitos bancarios.
Se detalla que en el segundo período como diputado del del 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, no desvaneció ante la Sección de Probidad dos irregularidades por la cantidad de $16,900 en concepto de adquisición de vehículos y resultado negativo entre los ingresos y los gastos $53,751.11.
En su calidad de ministro de Justicia y Seguridad en el período del 1 de junio de 2014 al 20 de enero de 2016, le detectaron una irregularidad consistente en resultado negativo entre los ingresos y gastos por un monto de $26,930.83.
El proceso es iniciado tras una resolución de Corte Plena en la cual los magistrados ordenaron enjuiciarlo civilmente luego de conocer un informe de la Sección de Probidad.
Al finalizar la diligencia, la Cámara deberá determinar si este caso pasará a juicio. El juicio civil promovido por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía es con base en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde 1959.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
