Judicial
Cámara desarrolla audiencia contra Benito Lara, esposa e hija por enriquecimiento ilícito
La Cámara Primera de lo Civil continuó el jueves la audiencia contra Benito Lara, en su calidad de exdiputado del FMLN y exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes y su esposa Ana Emilia Zelaya de Lara y su hija Ileana Briseida Lara Campos, quienes son demandados por supuesto enriquecimiento ilícito.
#CombateALaCorrupción | A Benito Lara y a su familia se les acusa de enriquecerse ilícitamente con $201,874.31 dólares del Estado y este día se desarrolla la continuación de la audiencia para determinar si el caso pasa a juicio. pic.twitter.com/HvwJ2PSV3S
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 15, 2022
Los tres son señalados de enriquecerse ilícitamente por un monto de $201,874.31. Las investigaciones y pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República han determinado que el exfuncionario se apropió de $131,571.67, su esposa $2,000.00 y la hija $68,302.64.
Benito Lara Fernández se desempeñó como diputado en la Asamblea Legislativa desde mayo de 2009 hasta mayo de 2014; y como Ministro de Justicia y Seguridad Pública durante el período de junio de 2014 a enero de 2016.
Cuando Lara fungió como legislador en el período comprendido del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, no justificó $33,989.73, según le detectaron en 14 irregularidades en concepto de depósitos bancarios.
Se detalla que en el segundo período como diputado del del 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, no desvaneció ante la Sección de Probidad dos irregularidades por la cantidad de $16,900 en concepto de adquisición de vehículos y resultado negativo entre los ingresos y los gastos $53,751.11.
En su calidad de ministro de Justicia y Seguridad en el período del 1 de junio de 2014 al 20 de enero de 2016, le detectaron una irregularidad consistente en resultado negativo entre los ingresos y gastos por un monto de $26,930.83.
El proceso es iniciado tras una resolución de Corte Plena en la cual los magistrados ordenaron enjuiciarlo civilmente luego de conocer un informe de la Sección de Probidad.
Al finalizar la diligencia, la Cámara deberá determinar si este caso pasará a juicio. El juicio civil promovido por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía es con base en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde 1959.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Jaqueline Carolina Cruz Martínez a 57 años de prisión por delitos cometidos en perjuicio de sus tres hijos. La mujer recibió una pena de 45 años por el homicidio agravado de su hija de 5 años, y 12 años adicionales por el abandono y maltrato de sus otros dos hijos menores de edad.
Durante el juicio, también fue procesado Carlos Francisco Sosa Pérez, pareja de Cruz Martínez, quien fue hallado culpable por comisión por omisión en los delitos de abandono, desamparo y maltrato infantil. El tribunal le impuso una condena total de 12 años de prisión, con tres años por cada menor y por cada delito.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el crimen ocurrió el 25 de abril de 2024, en el distrito de San Martín, donde la niña murió en su vivienda a causa de múltiples golpes propinados por su madre.
El Ministerio Público logró sustentar los hechos mediante pruebas documentales, periciales y testimoniales, las cuales demostraron que los tres menores eran víctimas frecuentes de maltrato y negligencia por parte de los acusados.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $60,225 en efectivo y un vehículo Kia Forte, modelo 2015, pasen a favor del Estado, al determinarse su vinculación con delitos relacionados con lavado de dinero y actividades de narcotráfico.
Según la investigación de la Fiscalía, ambos bienes fueron incautados a Carlos Rafael Barrientos, quien fue intervenido por agentes policiales en enero de 2022, durante un patrullaje en la carretera que conecta Metapán con Santa Ana.
De acuerdo con el reporte judicial, los policías observaron un vehículo que circulaba de forma imprudente y, al interceptarlo, localizaron un maletín en el asiento trasero con más de 60 mil dólares en efectivo. El conductor no logró justificar el origen del dinero.
Posteriormente, peritajes científicos revelaron que tanto el dinero como el vehículo presentaban rastros de cocaína, lo que reforzó su relación con actividades ilícitas.
Judicial
FGR logra condena histórica contra 66 pandilleros de la MS-13: penas alcanzan hasta 807 años de cárcel
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una histórica condena contra 66 miembros de la clica Saylor Locos Salvatruchos, de la pandilla MS-13, quienes fueron sentenciados a penas que oscilan hasta los 807 años de prisión por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en los municipios de Lolotique, Moncagua, Chapeltique y San Miguel.
Las investigaciones fiscales comprobaron que los imputados estuvieron involucrados en 24 homicidios agravados, 12 extorsiones, un caso de privación de libertad, dos proposiciones y conspiraciones para cometer homicidio, y cuatro expedientes relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas. También se les procesó por asociaciones delictivas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo fue el asesinato de una pareja el 4 de agosto de 2019 en el cantón El Platanar, Moncagua. Según las autoridades, los pandilleros sospechaban que una de las víctimas colaboraba con la Policía al brindar información sobre el paradero de un marero.
Entre los cabecillas condenados figura Hérbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue sentenciado a 807 años de prisión por su participación en 20 homicidios, así como por extorsiones, tráfico de drogas y conspiración para cometer homicidios. Otros sentenciados destacados incluyen a Gérber Natividad López Mejía, alias Aliens, condenado a 727 años por 18 homicidios, y Melquisidec Jiménez Zavala, alias Yaspers, sentenciado a 663 años por 17 asesinatos.
De los 66 pandilleros procesados, 18 enfrentaron juicio en calidad de rebeldes y los demás comparecieron de manera virtual ante el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel. La FGR subrayó que esta sentencia representa un golpe contundente contra estructuras criminales que operaban con impunidad en el oriente del país.
