Judicial
Cámara desarrolla audiencia contra Benito Lara, esposa e hija por enriquecimiento ilícito
La Cámara Primera de lo Civil continuó el jueves la audiencia contra Benito Lara, en su calidad de exdiputado del FMLN y exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes y su esposa Ana Emilia Zelaya de Lara y su hija Ileana Briseida Lara Campos, quienes son demandados por supuesto enriquecimiento ilícito.
#CombateALaCorrupción | A Benito Lara y a su familia se les acusa de enriquecerse ilícitamente con $201,874.31 dólares del Estado y este día se desarrolla la continuación de la audiencia para determinar si el caso pasa a juicio. pic.twitter.com/HvwJ2PSV3S
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 15, 2022
Los tres son señalados de enriquecerse ilícitamente por un monto de $201,874.31. Las investigaciones y pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República han determinado que el exfuncionario se apropió de $131,571.67, su esposa $2,000.00 y la hija $68,302.64.
Benito Lara Fernández se desempeñó como diputado en la Asamblea Legislativa desde mayo de 2009 hasta mayo de 2014; y como Ministro de Justicia y Seguridad Pública durante el período de junio de 2014 a enero de 2016.
Cuando Lara fungió como legislador en el período comprendido del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, no justificó $33,989.73, según le detectaron en 14 irregularidades en concepto de depósitos bancarios.
Se detalla que en el segundo período como diputado del del 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, no desvaneció ante la Sección de Probidad dos irregularidades por la cantidad de $16,900 en concepto de adquisición de vehículos y resultado negativo entre los ingresos y los gastos $53,751.11.
En su calidad de ministro de Justicia y Seguridad en el período del 1 de junio de 2014 al 20 de enero de 2016, le detectaron una irregularidad consistente en resultado negativo entre los ingresos y gastos por un monto de $26,930.83.
El proceso es iniciado tras una resolución de Corte Plena en la cual los magistrados ordenaron enjuiciarlo civilmente luego de conocer un informe de la Sección de Probidad.
Al finalizar la diligencia, la Cámara deberá determinar si este caso pasará a juicio. El juicio civil promovido por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía es con base en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde 1959.
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Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
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Pandillero enfrenta juicio por asesinar a siete personas en La Paz
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
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Fidel Zavala deberá regresar más de $50,000 a sus víctimas
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.