Judicial
Cámara desarrolla audiencia contra Benito Lara, esposa e hija por enriquecimiento ilícito
La Cámara Primera de lo Civil continuó el jueves la audiencia contra Benito Lara, en su calidad de exdiputado del FMLN y exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes y su esposa Ana Emilia Zelaya de Lara y su hija Ileana Briseida Lara Campos, quienes son demandados por supuesto enriquecimiento ilícito.
#CombateALaCorrupción | A Benito Lara y a su familia se les acusa de enriquecerse ilícitamente con $201,874.31 dólares del Estado y este día se desarrolla la continuación de la audiencia para determinar si el caso pasa a juicio. pic.twitter.com/HvwJ2PSV3S
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 15, 2022
Los tres son señalados de enriquecerse ilícitamente por un monto de $201,874.31. Las investigaciones y pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República han determinado que el exfuncionario se apropió de $131,571.67, su esposa $2,000.00 y la hija $68,302.64.
Benito Lara Fernández se desempeñó como diputado en la Asamblea Legislativa desde mayo de 2009 hasta mayo de 2014; y como Ministro de Justicia y Seguridad Pública durante el período de junio de 2014 a enero de 2016.
Cuando Lara fungió como legislador en el período comprendido del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, no justificó $33,989.73, según le detectaron en 14 irregularidades en concepto de depósitos bancarios.
Se detalla que en el segundo período como diputado del del 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, no desvaneció ante la Sección de Probidad dos irregularidades por la cantidad de $16,900 en concepto de adquisición de vehículos y resultado negativo entre los ingresos y los gastos $53,751.11.
En su calidad de ministro de Justicia y Seguridad en el período del 1 de junio de 2014 al 20 de enero de 2016, le detectaron una irregularidad consistente en resultado negativo entre los ingresos y gastos por un monto de $26,930.83.
El proceso es iniciado tras una resolución de Corte Plena en la cual los magistrados ordenaron enjuiciarlo civilmente luego de conocer un informe de la Sección de Probidad.
Al finalizar la diligencia, la Cámara deberá determinar si este caso pasará a juicio. El juicio civil promovido por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía es con base en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde 1959.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
