Judicial
Cabecillas de la pandilla 18 detenidos durante régimen de excepción reciben primer condena de 16 años
A 16 años de cárcel fueron condenados dos cabecillas de la pandilla 18 detenidos durante el régimen de excepción por posesión y tenencia con fines de tráfico de droga y tenencia portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Se trata de Marvin Alexander García, alias «Chele Rugrats» y Ulises Ernesto Machado, alias «Maizoro o Blazer» quienes han recibido la primera condena, está pendiente que enfrenten la audiencia preliminar por el delito de agrupaciones ilícitas ya que la Fiscalía General de la República, asegura que tiene pruebas que los perfila como ranfleros de la pandilla.
Un juzgado especializado de instrucción de San Salvador los procesa aplicándole las reformas al Código Penal que la Asamblea Legislativa aprobó el 30 de marzo del año pasado y que castiga el delito de agrupaciones ilícitas hasta con 45 años de prisión a los cabecillas.
«La FGR presentó abundante prueba con lo que demostró que son culpables por los delitos de posesión y tenencia con fines de tráfico y tenencia portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego», destacó el ministerio público.
Los cabecillas de la pandilla fueron detenidos el 4 de mayo del año 2022 a través de allanamientos realizados en sus viviendas ubicadas en la Calle a San Antonio Abad, de San Salvador, encontrándoles drogas y armas de fuego que tenían escondidas.
En la vista pública que realizó el Tribunal Sexto de Sentencia la Fiscalía dijo que al momento de la captura les decomisaron marihuana dos balanzas con las que pesaban la droga a comercializar y $2,191 en efectivo.
También les incautaron tres armas de fuego. Una pistola marca Prieto Beretta, calibre 9×19, una segunda arma del mismo tipo, calibre 40 S&W, y una tercera marca Glock, con nueve cartuchos y una cuarta marca Micro UZI, calibre 9 mm con un cargador y nueve cartuchos.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
