Judicial
Audiencia “Caso Benítez” por lavar más de $17 millones
La Fiscalía General de la República (FGR), comunicó, que hoy a las 2:00 p.m., se desarrolla en San Salvador, la audiencia de imposición de medidas en contra del exalcalde Cristóbal Benítez y tres de sus parientes, quienes enfrentan el delito de lavado de dinero y activos, por más de $17 millones.
Los involucrados en este proceso son Cristóbal Benítez Canales, Noemy Argentina Flores de Canales, Santos Francisco Benítez Canales y Juan Carlos Benítez Canales, estos últimos hermano y sobrino del exedil.
La investigación en este caso se ha desarrollado a partir del año 2010, cuando Cristóbal Benítez Canales, venía participando en actividades ligadas al tráfico ilícito de drogas y por lo que fue capturado y procesado. El 18 de enero de 2016, el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel, lo declaró culpable y lo condenó a 13 años de prisión.
Posteriormente, las investigaciones abiertas llevaron a determinar que tanto el señor Benítez Canales como parte de su familia, así como empresas formadas por ellos presentaron flujos altos de dinero, reflejando un incremento patrimonial que no fue coherente con los ingresos reportados legalmente al Ministerio de Hacienda. Fue así como se inmovilizaron los bienes registrados a nombre de los vinculados en este caso, ya que se estableció que lavaron un monto total de $17,805,077.28.
Entre los inmuebles intervenidos a esta familia, se encuentra el Estadio Correcaminos, ubicado en San Francisco Gotera, Morazán, inmueble que ayer fue materializado por la Unidad Fiscal Especializada de Extinción de Dominio. Los demás inmuebles intervenidos se encuentran ubicados en el Oriente del país.
La solicitud de imposición de medidas fue presentada ante el Juzgado Especializado de Instrucción B en San Salvador, ante el cual se pedirá decrete la instrucción del proceso con la detención provisional para cada uno de los involucrados.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
