Judicial
Audiencia “Caso Benítez” por lavar más de $17 millones
La Fiscalía General de la República (FGR), comunicó, que hoy a las 2:00 p.m., se desarrolla en San Salvador, la audiencia de imposición de medidas en contra del exalcalde Cristóbal Benítez y tres de sus parientes, quienes enfrentan el delito de lavado de dinero y activos, por más de $17 millones.
Los involucrados en este proceso son Cristóbal Benítez Canales, Noemy Argentina Flores de Canales, Santos Francisco Benítez Canales y Juan Carlos Benítez Canales, estos últimos hermano y sobrino del exedil.
La investigación en este caso se ha desarrollado a partir del año 2010, cuando Cristóbal Benítez Canales, venía participando en actividades ligadas al tráfico ilícito de drogas y por lo que fue capturado y procesado. El 18 de enero de 2016, el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel, lo declaró culpable y lo condenó a 13 años de prisión.
Posteriormente, las investigaciones abiertas llevaron a determinar que tanto el señor Benítez Canales como parte de su familia, así como empresas formadas por ellos presentaron flujos altos de dinero, reflejando un incremento patrimonial que no fue coherente con los ingresos reportados legalmente al Ministerio de Hacienda. Fue así como se inmovilizaron los bienes registrados a nombre de los vinculados en este caso, ya que se estableció que lavaron un monto total de $17,805,077.28.
Entre los inmuebles intervenidos a esta familia, se encuentra el Estadio Correcaminos, ubicado en San Francisco Gotera, Morazán, inmueble que ayer fue materializado por la Unidad Fiscal Especializada de Extinción de Dominio. Los demás inmuebles intervenidos se encuentran ubicados en el Oriente del país.
La solicitud de imposición de medidas fue presentada ante el Juzgado Especializado de Instrucción B en San Salvador, ante el cual se pedirá decrete la instrucción del proceso con la detención provisional para cada uno de los involucrados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
Judicial
50 años de cárcel para exmilitar que mató a su pareja luego que ella decidiera terminar la relación
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez, acusado del delito de feminicidio, ocurrido en un mercado municipal de Chalatenango.
Según la investigación, el acusado, un militar que sirvió en Irak, mantenía una relación sentimental con la víctima, Blanca Iris Rivera; sin embargo, ella decidió terminar la convivencia debido a los constantes maltratos, episodios de celos y el control que Rodríguez Velásquez ejercía sobre ella. Ante la negativa de continuar la relación, el acusado comenzó a acosarla, hostigarla y amenazarla con atentar contra su vida y la de sus familiares.
El 16 de julio de 2018, el acusado llegó al lugar de trabajo de su expareja. Testigos que lo reconocieron declararon que Álvaro Rodríguez se dirigió directamente hacia ella y le disparó, provocándole heridas en el cráneo y tórax que causaron su muerte.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental, la jueza encontró a Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez culpable del delito de feminicidio y lo condenó a 50 años de prisión. El hombre se encuentra prófugo desde el día que cometió el feminicidio.
