Judicial
Arresto domiciliar para acusado en caso Carla Ayala
El Juzgado Especializado de Sentencia para una vida libre de Violencia contra las Mujeres, realizó una audiencia especial para verificar la situación jurídica del reo Víctor Daniel Castillo Campos, acusado de cómplice no necesario en el feminicidio agravado de la agente de la Policìa Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala Palacios, mejor conocida como Carla Ayala.
El imputado es primo del principal sospechoso del feminicidio agravado y prófugo de la justicia, el exagente de la PNC Juan Josué Castillo Arévalo, conocido por su alias de «samurai».
Tras la audiencia, el juez decretó arresto domiciliar para el reo y mientras enfrenta el proceso judicial en su contra.
Se explicó que Castillo cumplió el pasado 1 de junio dos años de estar en prisión, sin que hasta este momento se haya dictado sentencia, por lo que el artículo 8 del Código Procesal Penal se le cambia la medida de la detención provisional a arresto domiciliar.
El artículo referido indica, que nadie puede estar preso más de 24 meses sin haber recibido sentencia definitiva, por lo que debe seguir el proceso en libertad o con una medida menos gravosa que la detención.
Consta en el proceso judicial, que a Castillo se le encontró el teléfono celular de la agente Ayala, quien fue asesinada la madrugada del 29 de diciembre de 2017, luego de una fiesta de fin de año que se llevó a cabo en el desaparecido Grupo de Reacción Policial (GRP).
Por este caso son procesados varios oficiales, agentes y civiles que tuvieron diferente participación en el hecho, siendo Juan Josué Castillo Arévalo el único procesado por homicidio agravado.
La vista pública estaba programada para realizarse del 13 al 20 de marzo pasado, pero debido a la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19 fue aplazada y pospuesta para una fecha aún no definida.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
