Judicial
Alcalde de ARENA permanecerá en prisión acusado de tráfico de drogas y de personas
El alcalde arenero Lucio Ayala Flores fue enviado a prisión mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, en el que se le acusa de tener vínculos con el narco y de tráfico de personas.
El Juzgado 14° de Paz de San Salvador celebró este día la audiencia inicial en su contra, en la que se determinó enviar el caso a la etapa de instrucción y mantener al edil en prisión en lo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa desarrolla las diligencias de investigación del caso.
Ayala mientras participaba en la audiencia fue notificado de un nuevo delito que pesa en su contra – el de tráfico ilegal de personas- y este se sumó al de la acusación de distribuir drogas desde la comuna de San Antonio La Cruz, Chalatenango, donde fue reelecto el pasado 4 de marzo.
Una representante de la Fiscalía General de la República (FGR) llegó hasta donde estaba Ayala Flores para informarle del nuevo delito que se suma a las investigaciones.
El edil y el resto de implicados fueron trasladados esta mañana al Centro Judicial “Isidro Meléndez” para conocer la etapa inicial del proceso en el que se le señala de tráfico de drogas.
La investigación señala que el funcionario recibía droga proveniente de Honduras, la cual era escondida en las instalaciones de la alcaldía y posteriormente era trasladada a San Salvador, donde se distribuía en la comunidad Tutunichapa.
De esta manera el alcalde continuará detenido, pase lo que pase, luego de celebrarse la audiencia inicial en su contra en el tribunal Decimocuarto de Paz de San Salvador.
Esta mañana también se conoció que una banda de traficantes de mercadería y ganado que fue desarticulada en Metapán podría tener vínculos con Ayala Flores.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reveló recientemente que aún no se ha tomado decisión sobre el futuro de la alcaldía que Ayala Flores ganó nuevamente con la bandera de ARENA.
Investigadores del caso señalaron que luego de la captura del alcalde, quien también es conocido con el alias de “El Patrón”, se localizaron rastros de droga en carros y propiedades de este, algo que el funcionario ha desmentido en declaraciones a la prensa.
Ayala Flores intentó justificar el nivel de vida que ostenta asegurando que es un prominente ganadero de la zona.
Según fiscales a cargo del caso, entre 2013 y 2014 el alcalde compró diez terrenos los cuales están valorados en $72,500 y que podrían ser producto de actividades ilícitas.
Por: El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
