Judicial
Agentes encubiertos descubren venta de droga en bares y discotecas del Paseo El Carmen, Santa Tecla
El Juzgado de Paz de Santa Tecla ordenó que los empleados de bares y discotecas del Paseo El Carmen y contornos del parque El Cafetalón, en Santa Tecla, sigan presos mientras continúa el proceso judicial en su contra por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Según la Fiscalía, son nueve personas las vinculadas con los casos de venta de drogas en establecimientos nocturnos de Santa Tecla.
Los procesados son: Juan Carlos Herrera Cuchilla, Joaquín Dolores Ayala Martínez, José Antonio Alas Canales, José Antonio Melara Zedan, Arnold Alberto Alas Córdova, Carlos Alberto Castillo Minero, Alexander Castellanos Posada, Edwin Javier Hernández Hernández y Juan Carlos Contreras.
Todos fueron arrestados el pasado fin de semana con órdenes administrativas giradas por el Ministerio Público.
Los hechos por los cuales fueron llevados a los tribunales iniciaron en 2015 cuando la población denunció en la alcaldía de Santa Tecla el comercio de cocaína por parte de los sospechosos.
«Por tal motivo la alcaldía de Santa Tecla mandó un informe a Fiscalía, en el cual establecía de que en ciertos establecimientos del Paseo El Carmen y Paseo El Cafetalón, además de dedicarse a la venta de bebidas embriagantes, también se dedicaban a la venta drogas», explicó la fiscal del caso.
Recibida la denuncia, las autoridades iniciaron con las averiguaciones y hasta enviaron a investigadores encubiertos.
«Es así que se realiza las respectivas vigilancias de las primeras diligencias de investigación culminando con las compras que se hicieron en dichos restaurantes con la técnica especial del agente encubierto, en el cual se logró determinar que efectivamente en esos lugares se vendía droga que resultó ser cocaína incautándose varias porciones de cocaína en diferentes fechas. Estos fue entre junio a septiembre de del año 2016», detalló la fiscal.
Entre los detenidos se encuentra el dueño de uno de los negocios, pero también meseros, otro tipo de empleados y personas de confianza que frecuentan estos lugares para comercializar la droga.
“Fiscalía lo que está pidiendo es instrucción con detención -que fue lo decretado por el juez este miércoles 30 de octubre durante la audiencia inicial- por ser un delito grave, para ello tiene prueba documental, testimonial y pericial que son los análisis físico-químico en los que se ha logrado determinar que lo incautado resultó ser cocaína», aseguró la representante del Ministerio Público.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
