Judicial
Acusados de secuestrar a un adulto mayor enfrentan los tribunales en San Miguel
En el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel fue presentada la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), contra tres sujetos acusados de secuestro agravado en perjuicio de una víctima.
Los imputados son Douglas Esaú A., Mario de Jesús R. y Johanna Cristina G. M., quienes habrían participado en el secuestro de una persona que posteriormente fue liberada.
Según el requerimiento, el lunes de la semana pasada, los dos hombres interceptaron en Usulután a la víctima y la subieron a un carro con rumbo desconocido.
Luego llamaron a los parientes para exigir $80 mil dólares por su liberación. Tras las negociaciones aceptaron recibir $12 mil dólares los cuales fueron entregados el viernes pasado con la supervisión de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil).
Tras la entrega los agentes policiales capturaron a los dos sospechosos y liberaron sana a la víctima, un hombre de la tercera edad.
Las investigaciones policiales indican que la víctima fue trasladada a una vivienda rústica en la periferia del municipio de Conchagua, departamento de La Unión, donde estuvo privada de libertad durante cuatro días al cuido de Johanna Cristina. En el lugar fueron encontradas evidencias del cautiverio, entre ellas la colchoneta donde dormía la víctima.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
