Judicial
Abogado defensor de Carlos Rivas asegura que “el hecho no constituye delito”, así que enfrentará un juicio sumario aunque pidieron sobreseerlo
El abogado defensor del pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, llegó a los Juzgados de Paz para pedir que se le otorgue el sobreseimiento definitivo por considerar que no hay pruebas de que el religioso haya conducido en estado de ebriedad al momento de su detención. Sin embargo, el juez negó la petición.
El defensor de Rivas, Miguel Flores Durel, dijo a Diario el Mundo que no se le puede imputar el delito de conducción peligrosa al pastor porque no existe una prueba de alcotest o un examen de sangre que determine que Rivas haya estado en estado de ebriedad.
“Estamos solicitando sobreseimiento definitivo a favor de él, porque el hecho no constituye delito, porque no se dan los supuestos que la ley o el reglamento de tránsito exige para imputar la acción, no existe alcotest o extracción de sangre por lo que no se puede configurar el delito”, expuso el defensor al rotativo antes citado.
Aunque el pastor Rivas no se presentó a la audiencia inicial su abogado estuvo en el proceso. La jueza escuchó la petición del abogado, sin embargo, la negó. Además le decretó medidas y autorizó un proceso sumario en contra del religioso, acusado de manejar ebrio.
El juicio sumario se realiza de manera más pronta, es decir, sin pasar por todos los procesos de los juicios ordinarios. De esta manera, cuando el caso aún se encuentra en Paz se resuelve de manera más expedita.
Flores Durel calificó de «curioso» que el religioso haya sido detenido por la Policía Nacional Civil (PNC), liberado algunas horas después y que la Fiscalía General de la República (FGR) haya presentado la acusación siete días después.
“Es curioso lo que pasó con él, porque no solo es el hecho de que lo pongan en libertad, porque eso pasa a diario cuando se advierte que alguien no lleva el porcentaje estipulado, sino que en el oficio que le entregaron se dice que se ordene el archivo de las dirigencias, lo que significa que a este oficio le antecede una resolución motivada, fundamentada, que vamos a exigir donde se acredita que el hecho no constituye delito”, señaló.
Rivas fue detenido el jueves de la semana de vacaciones en la colonia Miranda, cercanías del bulevar Constitución, por agentes del sistema 911 de la PNC luego de ser detectado, de acuerdo a los policías, manejando en evidente estado de ebriedad.
El fiscal general, Raúl Melara, anunció por medio de su cuenta de Twitter que se iba a abrir una investigación para determinar si se realizó el proceso correcto para la liberación de Rivas, pues se hizo en algunas horas.
Luego de que la Fiscalía ordenada a la PNC su libertad, el religioso habló a sus fieles diciendo que ese día que fue capturado estaba “desvelado” y no en estado de ebriedad y anunció que se iba a retirar temporalmente del TAI para estar con su familia.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
