Judicial
Abogado defensor de Carlos Rivas asegura que “el hecho no constituye delito”, así que enfrentará un juicio sumario aunque pidieron sobreseerlo
El abogado defensor del pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, llegó a los Juzgados de Paz para pedir que se le otorgue el sobreseimiento definitivo por considerar que no hay pruebas de que el religioso haya conducido en estado de ebriedad al momento de su detención. Sin embargo, el juez negó la petición.
El defensor de Rivas, Miguel Flores Durel, dijo a Diario el Mundo que no se le puede imputar el delito de conducción peligrosa al pastor porque no existe una prueba de alcotest o un examen de sangre que determine que Rivas haya estado en estado de ebriedad.
“Estamos solicitando sobreseimiento definitivo a favor de él, porque el hecho no constituye delito, porque no se dan los supuestos que la ley o el reglamento de tránsito exige para imputar la acción, no existe alcotest o extracción de sangre por lo que no se puede configurar el delito”, expuso el defensor al rotativo antes citado.
Aunque el pastor Rivas no se presentó a la audiencia inicial su abogado estuvo en el proceso. La jueza escuchó la petición del abogado, sin embargo, la negó. Además le decretó medidas y autorizó un proceso sumario en contra del religioso, acusado de manejar ebrio.
El juicio sumario se realiza de manera más pronta, es decir, sin pasar por todos los procesos de los juicios ordinarios. De esta manera, cuando el caso aún se encuentra en Paz se resuelve de manera más expedita.
Flores Durel calificó de «curioso» que el religioso haya sido detenido por la Policía Nacional Civil (PNC), liberado algunas horas después y que la Fiscalía General de la República (FGR) haya presentado la acusación siete días después.
“Es curioso lo que pasó con él, porque no solo es el hecho de que lo pongan en libertad, porque eso pasa a diario cuando se advierte que alguien no lleva el porcentaje estipulado, sino que en el oficio que le entregaron se dice que se ordene el archivo de las dirigencias, lo que significa que a este oficio le antecede una resolución motivada, fundamentada, que vamos a exigir donde se acredita que el hecho no constituye delito”, señaló.
Rivas fue detenido el jueves de la semana de vacaciones en la colonia Miranda, cercanías del bulevar Constitución, por agentes del sistema 911 de la PNC luego de ser detectado, de acuerdo a los policías, manejando en evidente estado de ebriedad.
El fiscal general, Raúl Melara, anunció por medio de su cuenta de Twitter que se iba a abrir una investigación para determinar si se realizó el proceso correcto para la liberación de Rivas, pues se hizo en algunas horas.
Luego de que la Fiscalía ordenada a la PNC su libertad, el religioso habló a sus fieles diciendo que ese día que fue capturado estaba “desvelado” y no en estado de ebriedad y anunció que se iba a retirar temporalmente del TAI para estar con su familia.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
