Judicial
Abogado defensor de Carlos Rivas asegura que “el hecho no constituye delito”, así que enfrentará un juicio sumario aunque pidieron sobreseerlo
El abogado defensor del pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, llegó a los Juzgados de Paz para pedir que se le otorgue el sobreseimiento definitivo por considerar que no hay pruebas de que el religioso haya conducido en estado de ebriedad al momento de su detención. Sin embargo, el juez negó la petición.
El defensor de Rivas, Miguel Flores Durel, dijo a Diario el Mundo que no se le puede imputar el delito de conducción peligrosa al pastor porque no existe una prueba de alcotest o un examen de sangre que determine que Rivas haya estado en estado de ebriedad.
“Estamos solicitando sobreseimiento definitivo a favor de él, porque el hecho no constituye delito, porque no se dan los supuestos que la ley o el reglamento de tránsito exige para imputar la acción, no existe alcotest o extracción de sangre por lo que no se puede configurar el delito”, expuso el defensor al rotativo antes citado.
Aunque el pastor Rivas no se presentó a la audiencia inicial su abogado estuvo en el proceso. La jueza escuchó la petición del abogado, sin embargo, la negó. Además le decretó medidas y autorizó un proceso sumario en contra del religioso, acusado de manejar ebrio.
El juicio sumario se realiza de manera más pronta, es decir, sin pasar por todos los procesos de los juicios ordinarios. De esta manera, cuando el caso aún se encuentra en Paz se resuelve de manera más expedita.
Flores Durel calificó de «curioso» que el religioso haya sido detenido por la Policía Nacional Civil (PNC), liberado algunas horas después y que la Fiscalía General de la República (FGR) haya presentado la acusación siete días después.
“Es curioso lo que pasó con él, porque no solo es el hecho de que lo pongan en libertad, porque eso pasa a diario cuando se advierte que alguien no lleva el porcentaje estipulado, sino que en el oficio que le entregaron se dice que se ordene el archivo de las dirigencias, lo que significa que a este oficio le antecede una resolución motivada, fundamentada, que vamos a exigir donde se acredita que el hecho no constituye delito”, señaló.
Rivas fue detenido el jueves de la semana de vacaciones en la colonia Miranda, cercanías del bulevar Constitución, por agentes del sistema 911 de la PNC luego de ser detectado, de acuerdo a los policías, manejando en evidente estado de ebriedad.
El fiscal general, Raúl Melara, anunció por medio de su cuenta de Twitter que se iba a abrir una investigación para determinar si se realizó el proceso correcto para la liberación de Rivas, pues se hizo en algunas horas.
Luego de que la Fiscalía ordenada a la PNC su libertad, el religioso habló a sus fieles diciendo que ese día que fue capturado estaba “desvelado” y no en estado de ebriedad y anunció que se iba a retirar temporalmente del TAI para estar con su familia.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
