Judicial
Abogado defensor de Carlos Rivas asegura que “el hecho no constituye delito”, así que enfrentará un juicio sumario aunque pidieron sobreseerlo
El abogado defensor del pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, llegó a los Juzgados de Paz para pedir que se le otorgue el sobreseimiento definitivo por considerar que no hay pruebas de que el religioso haya conducido en estado de ebriedad al momento de su detención. Sin embargo, el juez negó la petición.
El defensor de Rivas, Miguel Flores Durel, dijo a Diario el Mundo que no se le puede imputar el delito de conducción peligrosa al pastor porque no existe una prueba de alcotest o un examen de sangre que determine que Rivas haya estado en estado de ebriedad.
“Estamos solicitando sobreseimiento definitivo a favor de él, porque el hecho no constituye delito, porque no se dan los supuestos que la ley o el reglamento de tránsito exige para imputar la acción, no existe alcotest o extracción de sangre por lo que no se puede configurar el delito”, expuso el defensor al rotativo antes citado.
Aunque el pastor Rivas no se presentó a la audiencia inicial su abogado estuvo en el proceso. La jueza escuchó la petición del abogado, sin embargo, la negó. Además le decretó medidas y autorizó un proceso sumario en contra del religioso, acusado de manejar ebrio.
El juicio sumario se realiza de manera más pronta, es decir, sin pasar por todos los procesos de los juicios ordinarios. De esta manera, cuando el caso aún se encuentra en Paz se resuelve de manera más expedita.
Flores Durel calificó de «curioso» que el religioso haya sido detenido por la Policía Nacional Civil (PNC), liberado algunas horas después y que la Fiscalía General de la República (FGR) haya presentado la acusación siete días después.
“Es curioso lo que pasó con él, porque no solo es el hecho de que lo pongan en libertad, porque eso pasa a diario cuando se advierte que alguien no lleva el porcentaje estipulado, sino que en el oficio que le entregaron se dice que se ordene el archivo de las dirigencias, lo que significa que a este oficio le antecede una resolución motivada, fundamentada, que vamos a exigir donde se acredita que el hecho no constituye delito”, señaló.
Rivas fue detenido el jueves de la semana de vacaciones en la colonia Miranda, cercanías del bulevar Constitución, por agentes del sistema 911 de la PNC luego de ser detectado, de acuerdo a los policías, manejando en evidente estado de ebriedad.
El fiscal general, Raúl Melara, anunció por medio de su cuenta de Twitter que se iba a abrir una investigación para determinar si se realizó el proceso correcto para la liberación de Rivas, pues se hizo en algunas horas.
Luego de que la Fiscalía ordenada a la PNC su libertad, el religioso habló a sus fieles diciendo que ese día que fue capturado estaba “desvelado” y no en estado de ebriedad y anunció que se iba a retirar temporalmente del TAI para estar con su familia.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
