Judicial
Abogado de Enrique Rais denuncia plan para quitarle MIDES a su apoderado

Una carta enviada el pasado jueves por siete congresistas estadounidenses a la administración del presidente Donld Trump, al Departamento de Estado de EE.UU. y a Hacienda, de esa nación norteamericana, la cual solicita que se les aplique la extinción de dominio al empresario salvadoreño Enrique Rais así como al dirigente del FMLN, José Luis Merino, ha sido objeto de denuncia por el abogado Rafael Saravia, apoderado legal de Rais.
Esto de se debe a que dicha carta, según Saravia, incluye a Rais junto a Merino en la lista de personas “más corruptas de Centroamérica”, según la carta enviada al mandatario estadounidense esta semana.
Tal acción ha hecho que el abogado Rafael Saravia salga en defensa de su apoderado Enrique Rais, y que tal señalamiento, no es más que otro plan de empresarios inescrupulosos que siempre han buscado afectar el honor y el nombre de su apoderado, dueño de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).
Rafael Saravia afirma que todo es parte de “prácticas antiéticas y de competencia desleal”, por parte de un grupo de empresarios que solo quieren arrebatarle MIDES a Rais.
“Todo es un pretexto para aplicar la ley de Extinción de Dominio a los bienes del señor Rais y de esa forma despojarlo de MIDES, lo cual siempre ha sido el objetivo de empresarios sin escrúpulos que promovieron un proceso judicial contra mi representado”, afirma el abogado.
El profesional del derecho también señala que se está queriendo asociar a Rais como socio de José Luis Merino, solo por hecho que ambos empresarios ha reconocido en el pasado su amistad, pero aclaró que “no tienen ningún negocio juntos en la actualidad ni han sido socios en el pasado”, como se quiere afirmar en la lista de los congresista norteamericanos.
El miso Saravia ha denunciado que se busca aplicar sanciones contenidas en la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos Magnitsky, pese a que Rais “nunca ha sido funcionario público, no administró fondos de los contribuyentes, ni aspiró jamás a un cargo de elección popular, ahora intentan ponerlo en el número uno de los más corruptos de Centroamerica”, añade Rafael Saravia.
Sobre dicho acto, Ulises del Dios Guzmán, exmagistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), añadió que se “está poniendo en evidencia los congresista que con gran facilidad los manipulan otros”, esto según Guzmán a opiniones del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, donde anteriormente se había querido desprestigiar a José Luis Merino en plena campaña política. Siempre que estamos en campaña aparecen ese tipo de acusaciones”, en relación a la petición a la solitud de los congresista hacia José Luis Merino.
Guzmán aseveró que esa petición no se refería a Rais, sino a Merino y que la información que se está manejando es “evidentemente equivocada. La fuente de dinero de MIDES y las empresas de Enrique Rais no tienen nada que ver con el narcotráfico, con corrupción, absolutamente nada y eso es algo comprobable”, dijo el exmagistrado.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado

La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
Judicial
Hombre recibe 66 años de prisión por violar y asesinar a niña en Soyapango

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
Judicial
Envían a juicio a Napoleón Duarte y familia por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.