Judicial
Abogado de Enrique Rais denuncia plan para quitarle MIDES a su apoderado
Una carta enviada el pasado jueves por siete congresistas estadounidenses a la administración del presidente Donld Trump, al Departamento de Estado de EE.UU. y a Hacienda, de esa nación norteamericana, la cual solicita que se les aplique la extinción de dominio al empresario salvadoreño Enrique Rais así como al dirigente del FMLN, José Luis Merino, ha sido objeto de denuncia por el abogado Rafael Saravia, apoderado legal de Rais.
Esto de se debe a que dicha carta, según Saravia, incluye a Rais junto a Merino en la lista de personas “más corruptas de Centroamérica”, según la carta enviada al mandatario estadounidense esta semana.
Tal acción ha hecho que el abogado Rafael Saravia salga en defensa de su apoderado Enrique Rais, y que tal señalamiento, no es más que otro plan de empresarios inescrupulosos que siempre han buscado afectar el honor y el nombre de su apoderado, dueño de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).
Rafael Saravia afirma que todo es parte de “prácticas antiéticas y de competencia desleal”, por parte de un grupo de empresarios que solo quieren arrebatarle MIDES a Rais.
“Todo es un pretexto para aplicar la ley de Extinción de Dominio a los bienes del señor Rais y de esa forma despojarlo de MIDES, lo cual siempre ha sido el objetivo de empresarios sin escrúpulos que promovieron un proceso judicial contra mi representado”, afirma el abogado.
El profesional del derecho también señala que se está queriendo asociar a Rais como socio de José Luis Merino, solo por hecho que ambos empresarios ha reconocido en el pasado su amistad, pero aclaró que “no tienen ningún negocio juntos en la actualidad ni han sido socios en el pasado”, como se quiere afirmar en la lista de los congresista norteamericanos.
El miso Saravia ha denunciado que se busca aplicar sanciones contenidas en la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos Magnitsky, pese a que Rais “nunca ha sido funcionario público, no administró fondos de los contribuyentes, ni aspiró jamás a un cargo de elección popular, ahora intentan ponerlo en el número uno de los más corruptos de Centroamerica”, añade Rafael Saravia.
Sobre dicho acto, Ulises del Dios Guzmán, exmagistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), añadió que se “está poniendo en evidencia los congresista que con gran facilidad los manipulan otros”, esto según Guzmán a opiniones del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, donde anteriormente se había querido desprestigiar a José Luis Merino en plena campaña política. Siempre que estamos en campaña aparecen ese tipo de acusaciones”, en relación a la petición a la solitud de los congresista hacia José Luis Merino.
Guzmán aseveró que esa petición no se refería a Rais, sino a Merino y que la información que se está manejando es “evidentemente equivocada. La fuente de dinero de MIDES y las empresas de Enrique Rais no tienen nada que ver con el narcotráfico, con corrupción, absolutamente nada y eso es algo comprobable”, dijo el exmagistrado.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
