Judicial
Abogado de Enrique Rais denuncia plan para quitarle MIDES a su apoderado
Una carta enviada el pasado jueves por siete congresistas estadounidenses a la administración del presidente Donld Trump, al Departamento de Estado de EE.UU. y a Hacienda, de esa nación norteamericana, la cual solicita que se les aplique la extinción de dominio al empresario salvadoreño Enrique Rais así como al dirigente del FMLN, José Luis Merino, ha sido objeto de denuncia por el abogado Rafael Saravia, apoderado legal de Rais.
Esto de se debe a que dicha carta, según Saravia, incluye a Rais junto a Merino en la lista de personas “más corruptas de Centroamérica”, según la carta enviada al mandatario estadounidense esta semana.
Tal acción ha hecho que el abogado Rafael Saravia salga en defensa de su apoderado Enrique Rais, y que tal señalamiento, no es más que otro plan de empresarios inescrupulosos que siempre han buscado afectar el honor y el nombre de su apoderado, dueño de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).
Rafael Saravia afirma que todo es parte de “prácticas antiéticas y de competencia desleal”, por parte de un grupo de empresarios que solo quieren arrebatarle MIDES a Rais.
“Todo es un pretexto para aplicar la ley de Extinción de Dominio a los bienes del señor Rais y de esa forma despojarlo de MIDES, lo cual siempre ha sido el objetivo de empresarios sin escrúpulos que promovieron un proceso judicial contra mi representado”, afirma el abogado.
El profesional del derecho también señala que se está queriendo asociar a Rais como socio de José Luis Merino, solo por hecho que ambos empresarios ha reconocido en el pasado su amistad, pero aclaró que “no tienen ningún negocio juntos en la actualidad ni han sido socios en el pasado”, como se quiere afirmar en la lista de los congresista norteamericanos.
El miso Saravia ha denunciado que se busca aplicar sanciones contenidas en la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos Magnitsky, pese a que Rais “nunca ha sido funcionario público, no administró fondos de los contribuyentes, ni aspiró jamás a un cargo de elección popular, ahora intentan ponerlo en el número uno de los más corruptos de Centroamerica”, añade Rafael Saravia.
Sobre dicho acto, Ulises del Dios Guzmán, exmagistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), añadió que se “está poniendo en evidencia los congresista que con gran facilidad los manipulan otros”, esto según Guzmán a opiniones del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, donde anteriormente se había querido desprestigiar a José Luis Merino en plena campaña política. Siempre que estamos en campaña aparecen ese tipo de acusaciones”, en relación a la petición a la solitud de los congresista hacia José Luis Merino.
Guzmán aseveró que esa petición no se refería a Rais, sino a Merino y que la información que se está manejando es “evidentemente equivocada. La fuente de dinero de MIDES y las empresas de Enrique Rais no tienen nada que ver con el narcotráfico, con corrupción, absolutamente nada y eso es algo comprobable”, dijo el exmagistrado.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
