Judicial
A juicio acusado de asaltar a usuario de agencia bancaria
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio para Edgar Odir Ascencio Monroy., de 44 años de edad, a quien la Fiscalía acusa del delito de robo agravado en perjuicio de las víctimas con régimen de protección “Gedeón” y “Gedeón Uno”. El caso será del conocimiento del Tribunal 1º de Sentencia de esta ciudad.
Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2018, cuando la víctima identificada “Gedeón” llegó a un banco cerca del mercado Colón, a retirar $3,000 (dicha cuenta está a nombre de “Gedeón Uno”). Luego, se fue a otra agencia bancaria cerca de un centro comercial de Santa Ana a retirar $32 mil (cuenta que también pertenece a “Gedeón Uno”). Todo ese dinero era para cancelar un crédito rotativo que “Gedeón Uno” tenía en un banco, ya que un analista de crédito le había aconsejado que si lo pagaban en efectivo se les reembolsaría el mismo día del pago, pero si lo hacían por cheque sería hasta tres días después.
Posterior a este retiro, “Gedeón” se fue a otro banco a retirar otros $2,000; y luego de los tres retiros se fue al banco a pagar el crédito de “Gedeón Uno”. Al llegar sacó todo el dinero frente a la cajera y otros $600 que él llevaba para completar el pago; pero la empleada del banco le dijo que no se los podía recibir porque la copia de un documento que llevaba estaba incompleta.
La víctima salió del banco y se dirigió a otra sucursal del mismo banco que está en el centro de Santa Ana. Al salir del lugar observó que tras de él venían dos vehículos, los cuales no perdió de vista y observó que lo siguieron hasta que llegó a la Avenida Independencia Sur, entre la 9ª. y 11ª. Calle Poniente. Cuando el semáforo del lugar se puso en rojo, un sujeto se le acercó a la ventanilla y comenzó a tocarle el vidrio con un arma de fuego e intentó abrir la puerta. Luego, un segundo sujeto apareció por el lado del copiloto exigiéndole lo mismo.
La víctima “Gedeón” intentaba avanzar, pero el tráfico se lo impidió. Por temor a que le dispararan, la víctima le quitó los seguros a las puertas y los sujetos abrieron las puertas y se abalanzaron sobre él para quitarle la cartera donde llevaba el dinero. Cuando lo lograron, salieron caminando sobre la 11ª Calle Oriente con los más de $35 mil, además de tarjetas de crédito y dos chequeras.
“Gedeón” aparcó su vehículo y en su afán por recuperar el dinero comenzó a seguir a los hampones, observando que en la intersección de la Avenida Independencia Sur y la 11ª. Calle Oriente los dos hombres se subieron a la parte de atrás de un vehículo, placas P557-357. Mientras que un ciudadano que observó todo, le proporcionó a la víctima la placa del auto del que se bajaron los delincuentes (P807-341).
Es así que en el transcurso de la investigación, el 25 de octubre del año 2018, se rastrearon las placas de los vehículos y esto los llevó a ubicar al imputado Edgar Odir, quien fue señalado por clave “Gedeón” de ser la misma persona que ingresó al banco cuando él llegó y vio cuando sacó todo el dinero a la cajera del banco y que le dio persecución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
