Judicial
A juicio acusado de asaltar a usuario de agencia bancaria
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio para Edgar Odir Ascencio Monroy., de 44 años de edad, a quien la Fiscalía acusa del delito de robo agravado en perjuicio de las víctimas con régimen de protección “Gedeón” y “Gedeón Uno”. El caso será del conocimiento del Tribunal 1º de Sentencia de esta ciudad.
Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2018, cuando la víctima identificada “Gedeón” llegó a un banco cerca del mercado Colón, a retirar $3,000 (dicha cuenta está a nombre de “Gedeón Uno”). Luego, se fue a otra agencia bancaria cerca de un centro comercial de Santa Ana a retirar $32 mil (cuenta que también pertenece a “Gedeón Uno”). Todo ese dinero era para cancelar un crédito rotativo que “Gedeón Uno” tenía en un banco, ya que un analista de crédito le había aconsejado que si lo pagaban en efectivo se les reembolsaría el mismo día del pago, pero si lo hacían por cheque sería hasta tres días después.
Posterior a este retiro, “Gedeón” se fue a otro banco a retirar otros $2,000; y luego de los tres retiros se fue al banco a pagar el crédito de “Gedeón Uno”. Al llegar sacó todo el dinero frente a la cajera y otros $600 que él llevaba para completar el pago; pero la empleada del banco le dijo que no se los podía recibir porque la copia de un documento que llevaba estaba incompleta.
La víctima salió del banco y se dirigió a otra sucursal del mismo banco que está en el centro de Santa Ana. Al salir del lugar observó que tras de él venían dos vehículos, los cuales no perdió de vista y observó que lo siguieron hasta que llegó a la Avenida Independencia Sur, entre la 9ª. y 11ª. Calle Poniente. Cuando el semáforo del lugar se puso en rojo, un sujeto se le acercó a la ventanilla y comenzó a tocarle el vidrio con un arma de fuego e intentó abrir la puerta. Luego, un segundo sujeto apareció por el lado del copiloto exigiéndole lo mismo.
La víctima “Gedeón” intentaba avanzar, pero el tráfico se lo impidió. Por temor a que le dispararan, la víctima le quitó los seguros a las puertas y los sujetos abrieron las puertas y se abalanzaron sobre él para quitarle la cartera donde llevaba el dinero. Cuando lo lograron, salieron caminando sobre la 11ª Calle Oriente con los más de $35 mil, además de tarjetas de crédito y dos chequeras.
“Gedeón” aparcó su vehículo y en su afán por recuperar el dinero comenzó a seguir a los hampones, observando que en la intersección de la Avenida Independencia Sur y la 11ª. Calle Oriente los dos hombres se subieron a la parte de atrás de un vehículo, placas P557-357. Mientras que un ciudadano que observó todo, le proporcionó a la víctima la placa del auto del que se bajaron los delincuentes (P807-341).
Es así que en el transcurso de la investigación, el 25 de octubre del año 2018, se rastrearon las placas de los vehículos y esto los llevó a ubicar al imputado Edgar Odir, quien fue señalado por clave “Gedeón” de ser la misma persona que ingresó al banco cuando él llegó y vio cuando sacó todo el dinero a la cajera del banco y que le dio persecución.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
