Judicial
A juicio acusado de asaltar a usuario de agencia bancaria
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio para Edgar Odir Ascencio Monroy., de 44 años de edad, a quien la Fiscalía acusa del delito de robo agravado en perjuicio de las víctimas con régimen de protección “Gedeón” y “Gedeón Uno”. El caso será del conocimiento del Tribunal 1º de Sentencia de esta ciudad.
Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2018, cuando la víctima identificada “Gedeón” llegó a un banco cerca del mercado Colón, a retirar $3,000 (dicha cuenta está a nombre de “Gedeón Uno”). Luego, se fue a otra agencia bancaria cerca de un centro comercial de Santa Ana a retirar $32 mil (cuenta que también pertenece a “Gedeón Uno”). Todo ese dinero era para cancelar un crédito rotativo que “Gedeón Uno” tenía en un banco, ya que un analista de crédito le había aconsejado que si lo pagaban en efectivo se les reembolsaría el mismo día del pago, pero si lo hacían por cheque sería hasta tres días después.
Posterior a este retiro, “Gedeón” se fue a otro banco a retirar otros $2,000; y luego de los tres retiros se fue al banco a pagar el crédito de “Gedeón Uno”. Al llegar sacó todo el dinero frente a la cajera y otros $600 que él llevaba para completar el pago; pero la empleada del banco le dijo que no se los podía recibir porque la copia de un documento que llevaba estaba incompleta.
La víctima salió del banco y se dirigió a otra sucursal del mismo banco que está en el centro de Santa Ana. Al salir del lugar observó que tras de él venían dos vehículos, los cuales no perdió de vista y observó que lo siguieron hasta que llegó a la Avenida Independencia Sur, entre la 9ª. y 11ª. Calle Poniente. Cuando el semáforo del lugar se puso en rojo, un sujeto se le acercó a la ventanilla y comenzó a tocarle el vidrio con un arma de fuego e intentó abrir la puerta. Luego, un segundo sujeto apareció por el lado del copiloto exigiéndole lo mismo.
La víctima “Gedeón” intentaba avanzar, pero el tráfico se lo impidió. Por temor a que le dispararan, la víctima le quitó los seguros a las puertas y los sujetos abrieron las puertas y se abalanzaron sobre él para quitarle la cartera donde llevaba el dinero. Cuando lo lograron, salieron caminando sobre la 11ª Calle Oriente con los más de $35 mil, además de tarjetas de crédito y dos chequeras.
“Gedeón” aparcó su vehículo y en su afán por recuperar el dinero comenzó a seguir a los hampones, observando que en la intersección de la Avenida Independencia Sur y la 11ª. Calle Oriente los dos hombres se subieron a la parte de atrás de un vehículo, placas P557-357. Mientras que un ciudadano que observó todo, le proporcionó a la víctima la placa del auto del que se bajaron los delincuentes (P807-341).
Es así que en el transcurso de la investigación, el 25 de octubre del año 2018, se rastrearon las placas de los vehículos y esto los llevó a ubicar al imputado Edgar Odir, quien fue señalado por clave “Gedeón” de ser la misma persona que ingresó al banco cuando él llegó y vio cuando sacó todo el dinero a la cajera del banco y que le dio persecución.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
