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Judicial

9 pandilleros son acusados por la FGR de asesinar a empresario de transporte en Colón, La Libertad

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La Fiscalía General de la República (FGR) comprometida con defender los intereses de la sociedad y el Estado, notificó a nueve pandilleros que serán procesados por el asesinato de un empresario de transporte por no pagar la extorsión que le habían exigido los pandilleros, la cual era de $1,500 dólares.

El crimen fue cometido 5 de abril del 2023 en la colonia El Milagro, cantón Botoncillal, Colón, La Libertad.

Los imputados, a quienes ya se les notificó de la nueva acusación de Homicidio Agravado, son: Jefferson Enmanuel Fuentes Mundo, Ever Edenilson Calderón Rodas, Dayana Abigail Flores Jiménez, Gilmar Isaac Cruz Ángel, Victor Samuel Ardón López, Lorena Patricia Torres Ayala, y Maximino Alexander Cruz Martínez, y un menor de edad más. Todos ya guardan prisión gracias al régimen de excepción.

De acuerdo a las investigaciones, los sujetos pertenecen a la estructura criminal MS-13 de la clica “Delicias Locos Salvatruchos”, y estos iban a abordo de motocicletas cuando interceptaron a la víctima sobre la calle principal de su colonia y lo persiguieron hasta su casa, en el interior de la vivienda le dispararon hasta matarlo.

Los antisociales después de cometer el crimen huyeron del lugar y cambiaron de transporte, asimismo las armas de fuego que utilizaron para cometer el homicidio fueron abandonadas en un restaurante de comida rápida en Santa Tecla, y la motocicleta donde se transportaban fue desmantelada por los terroristas en un taller de San Juan Opico.

La Fiscalía realizó una ardua investigación en conjunto con la Policía Nacional Civil, logrando obtener gran cantidad de evidencia que incrimina a los terroristas en el hecho. Entre estas se tiene registros de allanamiento en la casa de los imputados, celulares que contenían videos del hecho, registro de bitácoras telefónicas, entre otras pruebas.

Los pandilleros serán procesados por los delitos de homicidio agravado y receptación.

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Judicial

Condenan a mujer por tráfico de marihuana en Soyapango

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.

De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.

Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.

Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.

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Judicial

En juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, declararán 130 testigos

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En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.

El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.

Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).

La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.

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Judicial

Condenan por enriquecimiento ilícito al exdiputado Rodolfo Parker y su familia

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.

El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76

En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.

En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.

Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.

En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.

Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.

Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.

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