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9 pandilleros son acusados por la FGR de asesinar a empresario de transporte en Colón, La Libertad

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La Fiscalía General de la República (FGR) comprometida con defender los intereses de la sociedad y el Estado, notificó a nueve pandilleros que serán procesados por el asesinato de un empresario de transporte por no pagar la extorsión que le habían exigido los pandilleros, la cual era de $1,500 dólares.

El crimen fue cometido 5 de abril del 2023 en la colonia El Milagro, cantón Botoncillal, Colón, La Libertad.

Los imputados, a quienes ya se les notificó de la nueva acusación de Homicidio Agravado, son: Jefferson Enmanuel Fuentes Mundo, Ever Edenilson Calderón Rodas, Dayana Abigail Flores Jiménez, Gilmar Isaac Cruz Ángel, Victor Samuel Ardón López, Lorena Patricia Torres Ayala, y Maximino Alexander Cruz Martínez, y un menor de edad más. Todos ya guardan prisión gracias al régimen de excepción.

De acuerdo a las investigaciones, los sujetos pertenecen a la estructura criminal MS-13 de la clica “Delicias Locos Salvatruchos”, y estos iban a abordo de motocicletas cuando interceptaron a la víctima sobre la calle principal de su colonia y lo persiguieron hasta su casa, en el interior de la vivienda le dispararon hasta matarlo.

Los antisociales después de cometer el crimen huyeron del lugar y cambiaron de transporte, asimismo las armas de fuego que utilizaron para cometer el homicidio fueron abandonadas en un restaurante de comida rápida en Santa Tecla, y la motocicleta donde se transportaban fue desmantelada por los terroristas en un taller de San Juan Opico.

La Fiscalía realizó una ardua investigación en conjunto con la Policía Nacional Civil, logrando obtener gran cantidad de evidencia que incrimina a los terroristas en el hecho. Entre estas se tiene registros de allanamiento en la casa de los imputados, celulares que contenían videos del hecho, registro de bitácoras telefónicas, entre otras pruebas.

Los pandilleros serán procesados por los delitos de homicidio agravado y receptación.

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Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.

La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.

El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.

El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.

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