Judicial
50 años de prisión para terrorista que asesinó a dos personas en Lourdes Colón
A 50 años de cárcel fue condenado el pandillero de la 18 Revolucionarios, Josué Daniel Menjivar Molina, por haber asesinado a dos personas identificadas como César Reynaldo Merino y Mirna Elizabeth Mirau Clemente; el crimen fue cometido en la tortillería de una de las víctimas.
Los hechos sucedieron el 31 de marzo año 2021, en el cantón Lourdes, del municipio de Colón departamento de La Libertad.
De acuerdo a la declaración de un testigo clave -por medio de quien se identificó a Molina como autor del doble crimen-, con frecuencia el imputado y otros dos sujetos siempre vigilaban a Clemente, quien se ganaba la vida honradamente en su negocio de tortillas; cada vez que pasaban por el lugar, los pandilleros se burlaban de ella, y se reían sarcásticamente.
El día que del asesinato, Mirna echaba tortillas y César esperaba que le entregara su pedido cuando llegó Molina “a comprar $0.50 de tortillas”, sacó un arma de fuego y sin mediar palabra, le disparó a ambos; el hombre murió de inmediato y la señora falleció cuando era trasladada hacia el hospital para ser atendida.
Los pandilleros huyeron de la escena, pero gracias al testigo fue posible capturar a Molina, y que se le procesara por el delito de Homicidio Agravado.
Gracias a los elementos probatorios que presentó la Fiscalía General de la República en el juicio, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a Molina, quien se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
