Judicial
“Pido al fiscal general, Raúl Melara, que investigue la corrupción detrás de los fiscales que han fabricado los casos contra Enrique Rais”
Este medio entrevistó nuevamente al Apoderado Legal, del empresario Suizo-Salvadoreño Enrique Rais, se trata del abogado Carlos Miranda Rubio, quien en esta ocasión habla de la preocupación porque dentro de la Fiscalía, aún existen agentes auxiliares que siguen trabajando bajo el guión legado por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, al grado que siguen fabricando causas penales contra su cliente, sobre los mismos hechos por los que ya ha sido procesado y sobre los que ha resuelto la Organización de Naciones Unidas, que el trasfondo consiste en el interés ilícito de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por obtener beneficios patrimoniales injustos a través de coaccionar a Rais con el desgaste de juicios y la inseguridad jurídica para retornar al país.
¿Por qué considera que sigue existiendo un problema de corrupción en la actual FGR y especialmente por qué la atribuye al Ex Fiscal General Douglas Meléndez?
Mire, allí hay varios temas que tocar, pero voy a iniciar en este caso, por el último dato que tenemos, recién los abogados defensores del Sr. Enrique Rais, hemos tenido conocimiento el día lunes 22 de marzo, que el Jefe Fiscal de la Unidad de Administración de Justicia, Atilio Santín Alvarado, tiene en marcha una investigación en el expediente 226-UDAJ-2020. Y esta causa, está basada nuevamente en la incorporación de unos peritajes psicológicos practicados al Sr. Rais, dentro del proceso penal seguido por los delitos de Extorsión y Apropiación Indebida contra Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes han sido declarados rebeldes y con órdenes de captura internacional.
¿Cómo se enteran de esta nueva investigación en contra del Sr. Rais?
Aclaro que en este momento, nosotros no podemos confirmar que sea contra el Sr. Enrique Rais, pero si tenemos certeza que existe la investigación y que el Fiscal del caso ha solicitado las certificaciones de esos peritajes psicológicos al Juzgado 5º de Instrucción de San Salvador, donde hemos sido notificados de esa solicitud.
De hecho, acá comienzan a saltar las irregularidades, porque fíjese que el 19 de marzo recién pasado nos notifica el juzgado 5º de instrucción de la documentación requerida por fiscalía, donde consta el oficio firmado por Atilio Santín Alvarado y dice que lo requiere con “urgencia” y que es una investigación en trámite en fiscalía. Pero ese mismo día la Juez 2º de instrucción, Edelmira Violeta Flores, remite una notificación en la que además de la referencia judicial del caso viene relacionada la referencia fiscal 226-UDAJ-2020. ¿Cómo pudo ser eso, si se supone que se trata de una investigación que no ha sido judicializada? Estas y otras razones hacen que pidamos una auditoría de ese expediente y que además se cuestione el actuar de esa jueza, pues no es la primera de las irregularidades advertidas.
Entiendo que sobre esos peritajes ya se inició una acción penal. ¿Por qué Fiscalía vuelve a ellos?
Ese es el punto. Que en realidad desde el primer caso, por el cual el Sr. Rais fue detenido arbitrariamente el 22 de agosto de 2016, la Fiscalía, siendo titular de ésta, Douglas Meléndez, ha fabricado tres causas penales sobre esos mismos Peritajes y ahora hay un cuarto caso, esto ya no es doble, ni triple persecución penal…
¿Cómo se explica que la Fiscalía siga realizando investigaciones y procesos contra el Sr. Rais, desde los mismos hechos que usted señala?
Por eso le digo, que uno ve en esto signos de corrupción y por eso hago un llamado al Señor Fiscal General, Raúl Melara, para que realice las auditorías e investigaciones internas de los agentes fiscales que han tenido a cargo las causas penales promovidas de forma ilegal y arbitraria contra el Sr. Enrique Rais, pues la corrupción e impunidad, debe frenarse desde la misma institucionalidad, para que tenga resonancia en los principios que promueve la FGR de Justicia y legalidad.
Sin embargo, lo visto, sobre las actuaciones de ciertos fiscales auxiliares dista ampliamente de ese discurso, por ejemplo, por qué razón después que en tres procesos penales no han podido demostrar la comisión de ningún hecho delictivo contra el Sr. Rais, respecto a la pericia psicológica ya comentada, hay un empecinamiento por promover un cuarto caso. Esto además de un abuso de poder, me parece un desgaste increíble de recursos sobre hechos ya juzgados; sobre todo cuando existen tantos temas pendientes de investigar sobre los cuales la Sociedad Civil demanda avances, por ejemplo respecto a Omisiones de investigación por parte del Ex Fiscal General Douglas Meléndez; los sobresueldos de funcionarios y ex funcionarios públicos; la tregua y financiamiento de pandillas, por citar algunos.
¿Y como abogados del Sr. Enrique Rais han decido realizar alguna acción ante esta nueva investigación que de acuerdo a ustedes surge de los mismos hechos que ya están siendo juzgados en su contra?
De hecho, este mismo día hemos presentado una solicitud dirigida al Jefe de la Unidad de Administración Justicia, para que se nos informe si el Sr. Rais es objeto de esa investigación y en tal caso poder ejercer su defensa y que no ocurra como en los casos anteriores, que todo se fabricó ocultamente en Fiscalía hasta que se libraron las órdenes de detención en su contra y es lo que no puede pasar, ese es un hábito heredado por ciertos fiscales de la época de Douglas Meléndez, usar la FGR de forma desleal, ocultando información a los imputados, usando sus propios fiscales como testigos “sin rostro” (testigos protegidos), coaccionando testigos para que acepten “criterios de oportunidad”, alterando prueba, entre otros aspectos.
Además, vamos a solicitar al Fiscal General, Raúl Melara, una auditoría sobre todas las actuaciones de Atilio Santín Alvarado.
¿Por qué específicamente la auditoría es sobre el fiscal Santín Alvarado?
Veamos, le hago un detalle cronológico de las actuaciones de este fiscal auxiliar. En un primer momento presenta un Requerimiento de Sobreseimiento Definitivo a favor de Matteo Pasquale y Franco Pacetti, que no fue aceptado por el Juez de Paz, ante la petición de los Querellantes que representaron al Sr. Rais; y a pesar que el fiscal Santín Alvarado no realizó ninguna diligencia durante la etapa de instrucción y presentó un Dictamen de Sobreseimiento Definitivo, el juez no estuvo de acuerdo, resultando que los dos mencionados fueron declarados rebeldes y tienen orden de detención vigente por este caso.
Luego, el 2 de mayo de 2019, presenta junto a la fiscal Giovvana Jiménez, Requerimiento Fiscal en contra del Sr. Enrique Rais y a favor de las sociedades TRADESAL INC y CINDESOL INC, que en el trasfondo se trata de interés infundados de Matteo Pasquale y Franco Pacetti, sobre los mismos hechos vinculados a la transferencia de acciones de MIDES por los que se acaba de sobreseer definitivamente a mi cliente en el Juzgado 14º de Paz, ante la falta de pruebas por parte de Fiscalía y de los mencionados canadienses.
Además, retoma el expediente iniciado por Wil Walter Ruiz, Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado, cuando Corte Plena confirmó que no existen elementos para señalar al Sr. Enrique Rais de ser parte de una organización criminal y la Unidad de Administración de Justicia presenta en contra del Sr. Rais y como supuestas víctimas a Matteo Pasquale y Franco Pacetti, un Dictamen sin fundamento alguno, era una copia del Requerimiento Fiscal, basado en intervenciones telefónicas ilegales y un supuesto “testigo sin rostro” (Testigo Criteriado) del que nunca se ha conocido ni siquiera si existe y qué Juzgado le otorgó el criterio. Por cierto el supuesto perito manifiesta ser quien elaboró los peritajes que se señalan de falsos.
La verdad es que sí es curioso que el mismo fiscal aparezca actuando en varios casos aparentemente para beneficiar a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, pero para efectos de poder ser más objetivos en la apreciación ¿considera que existen otros elementos que pueden reforzar los señalamientos contra el fiscal Atilio Santín Alvarado?
En esto nosotros queremos ser respetuosos del debido proceso y por eso estamos pidiendo una auditoría e investigación exhaustiva; sin embargo, hay hechos que evidencian que hay un transfondo no legal, ni jurídico en estas persecuciones penales promovidas arbitrariamente contra el Sr. Rais, por ejemplo:
Que Wil Walter Ruiz, apertura una investigación contra el Sr. Rais, en octubre de 2017 por la incorporación de los peritajes psicológicos antes mencionados y lo hace basado en una “supuesta Acta de Entrevista” de un testigo sin rostro denominado clave “GRECIA” que 15 minutos antes y para otro caso contra el Sr. Rais, supuestamente da otra versión de los hechos.
Que los Fiscales asignados al caso, únicamente a cuestionamiento del Juez 8º de Paz de San Salvador, aceptaron que el supuesto testigo no era un testigo espontáneo sino un testigo criteriado.
Que los Fiscales usan escuchas telefónicas -que además eran ilícitas- captadas entre octubre 2014 al mes de abril de 2015, para “presuponer unos hechos presuntamente acontecidos en mayo 2014”
Que al abogado René Alberto Medrano, se le declaró en firme y ejecutoriada el abandono de la Querella, que ejercía en representación de Matteo Pasquale y Franco Pacetti sobre el supuesto fraude de los Peritajes Psicológicos atribuido al Sr. Rais. Esto a pesar que se autovictimizaban diciendo que la justicia no les atendía sus reclamos, cuando son ellos quienes no los realizan por carecer de fundamento para probarlos.
Que autoridades judiciales han cuestionado a Fiscalía, pretender probar delitos contra el Sr. Rais por medio de certificaciones de otros expedientes judiciales, inclusive presentando copias de denuncias y Requerimientos Fiscales como pruebas, cuando se ha precisado que esos documentos pueden tener elementos referenciales pero no son prueba.
Parece que hay muchos elementos para cuestionar la actuación Fiscal. ¿Alguna reflexión o consideración para cerrar esta entrevista?
Si. Reiterar nuestra petición al Sr. Fiscal General, Raúl Melara, para que haga la auditoría de los casos tramitados y en investigación contra el Sr. Enrique Rais, quien ya ha sufrido bastante y ha demostrado tanto en El Salvador como en Suiza, que los hechos acusados -los mismos por cierto en ambos países- carecen de pruebas por no ser ciertos, sino que solamente atienden a intereses económicos ilegítimos de Matteo Pasquale y Franco Pacetti; pero que en Suiza respetando el Estado de Derecho, la fiscalía se ha encargado de archivar y decretar sobreseimiento definitivo, al igual que Naciones Unidas, por medio del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria dictaminó que los procesos penales contra mi cliente deben cerrarse por ser arbitrarios e ilegales.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
