Judicial
Fiscalía Suiza sobresee al empresario Enrique Rais tras verificar que demandas eran calumniosas
La parte defensora del empresario suizo- salvadoreño, Enrique Rais, dio a conocer la notificación recibida por su abogado, Marc Cheseaux, donde el Ministerio Público Central de Suiza, del caso por supuesto lavado de dinero, donde las autoridades de ese país hicieron una investigación exhaustiva dando como resultado cierre total del caso y sobreseimiento definitivo.
El procurador Anton Rüsch, de la División de Criminalidad Económica de la Fiscalía Suiza, firmó la resolución donde hace constar que abrieron tres casos contra Rais, en dicho país, dos de estos por delito de lavado de dinero, en base a información que habría montado el ex abogado del empresario, Mario Ricardo Calderón Castillo, dichos documentos los sustrajo de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), propiedad del empresario Rais.
Entre los datos sustraídos por parte de Calderón, se encontraban transferencias bancarias, productos de fondos lícitos de la empresa MIDES y del señor Rais, según indicó la Fiscalía Suiza; y que además la Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña, bajo la administración de Douglas Meléndez y Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), habrían usado para crear una persecución ilegal y arbitraria en el país.
La otra denuncia contra el empresario, fue interpuesta por los italianos, nacionalizados canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes acusaban al Sr. Rais, por Robo de las acciones de MIDES, fraude procesal, lavado de dinero y corrupción de funcionarios, a través de documentación sustraída, también por Calderón, para crear pruebas falsas; poniendo también en evidencia la deslealtad para el empresario, por parte del jurista.
Los abogados defensores de Enrique Rais, sostienen que la persecución que continúa y que fue herencia del exfiscal Meléndez, es ilícita y espúranea y que ha sido creada para despojarlo de forma ilegal, de la empresa MIDES, encargada del manejo de los desechos sólidos de la mayor parte de las alcaldía del país y a más de un millón de clientes privados.
Dicho “proceso” creado para las noticias criminis por el exfiscal Meléndez y su primo, Wil Walter Ruiz, exjefe de la Unidad de Crimen Organizado, sumando casos fraudulentos para, finalmente recurrir a las órdenes penales contra el empresario Rais.
Meléndez ha sido seriamente acusado por este y otro tipo de casos de carácter mediático, que pretendió usar para lograr su reelección en el ministerio público, sin embargo, queda claro que tras la resolución e investigación por parte de Suiza, la fiscalía de Meléndez, careció de seriedad y de justicia.
La Organización de las Naciones Unidas, habría hecho un llamado a parar la persecución ante el caso del empresario Rais, tras una reunión por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), determinaron que él habría sufrido graves violaciones a sus derechos en El Salvador; por lo que solicitó que la corte reparara los daños ocasionados a su persona.
La Fiscalía Suiza declaró un cierre definitivo a estos procedimientos, por lo que ordenó al estado, de ese país, a cancelar una indemnización inmediata por todos los daños y perjuicios causados al empresario, especialmente a su honra y dignidad por los señalamientos que infundadamente debió afrontar y el desgaste que le significó la comparecencia a audiencias y formulación de pruebas que finalmente constataron su inocencia.
El empresario Rais, junto a sus abogados defensores, esperan que en El Salvador se haga pronta y cumplida justicia, ante los casos que se le acusan e insisten que se investigue independientemente este caso que es parte de las maniobras y manipulación por parte del exfiscal Douglas Meléndez.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
