Judicial
Fiscalía Suiza sobresee al empresario Enrique Rais tras verificar que demandas eran calumniosas
La parte defensora del empresario suizo- salvadoreño, Enrique Rais, dio a conocer la notificación recibida por su abogado, Marc Cheseaux, donde el Ministerio Público Central de Suiza, del caso por supuesto lavado de dinero, donde las autoridades de ese país hicieron una investigación exhaustiva dando como resultado cierre total del caso y sobreseimiento definitivo.
El procurador Anton Rüsch, de la División de Criminalidad Económica de la Fiscalía Suiza, firmó la resolución donde hace constar que abrieron tres casos contra Rais, en dicho país, dos de estos por delito de lavado de dinero, en base a información que habría montado el ex abogado del empresario, Mario Ricardo Calderón Castillo, dichos documentos los sustrajo de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), propiedad del empresario Rais.
Entre los datos sustraídos por parte de Calderón, se encontraban transferencias bancarias, productos de fondos lícitos de la empresa MIDES y del señor Rais, según indicó la Fiscalía Suiza; y que además la Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña, bajo la administración de Douglas Meléndez y Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), habrían usado para crear una persecución ilegal y arbitraria en el país.
La otra denuncia contra el empresario, fue interpuesta por los italianos, nacionalizados canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes acusaban al Sr. Rais, por Robo de las acciones de MIDES, fraude procesal, lavado de dinero y corrupción de funcionarios, a través de documentación sustraída, también por Calderón, para crear pruebas falsas; poniendo también en evidencia la deslealtad para el empresario, por parte del jurista.
Los abogados defensores de Enrique Rais, sostienen que la persecución que continúa y que fue herencia del exfiscal Meléndez, es ilícita y espúranea y que ha sido creada para despojarlo de forma ilegal, de la empresa MIDES, encargada del manejo de los desechos sólidos de la mayor parte de las alcaldía del país y a más de un millón de clientes privados.
Dicho “proceso” creado para las noticias criminis por el exfiscal Meléndez y su primo, Wil Walter Ruiz, exjefe de la Unidad de Crimen Organizado, sumando casos fraudulentos para, finalmente recurrir a las órdenes penales contra el empresario Rais.
Meléndez ha sido seriamente acusado por este y otro tipo de casos de carácter mediático, que pretendió usar para lograr su reelección en el ministerio público, sin embargo, queda claro que tras la resolución e investigación por parte de Suiza, la fiscalía de Meléndez, careció de seriedad y de justicia.
La Organización de las Naciones Unidas, habría hecho un llamado a parar la persecución ante el caso del empresario Rais, tras una reunión por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), determinaron que él habría sufrido graves violaciones a sus derechos en El Salvador; por lo que solicitó que la corte reparara los daños ocasionados a su persona.
La Fiscalía Suiza declaró un cierre definitivo a estos procedimientos, por lo que ordenó al estado, de ese país, a cancelar una indemnización inmediata por todos los daños y perjuicios causados al empresario, especialmente a su honra y dignidad por los señalamientos que infundadamente debió afrontar y el desgaste que le significó la comparecencia a audiencias y formulación de pruebas que finalmente constataron su inocencia.
El empresario Rais, junto a sus abogados defensores, esperan que en El Salvador se haga pronta y cumplida justicia, ante los casos que se le acusan e insisten que se investigue independientemente este caso que es parte de las maniobras y manipulación por parte del exfiscal Douglas Meléndez.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
