Judicial
Fiscalía Suiza sobresee al empresario Enrique Rais tras verificar que demandas eran calumniosas
La parte defensora del empresario suizo- salvadoreño, Enrique Rais, dio a conocer la notificación recibida por su abogado, Marc Cheseaux, donde el Ministerio Público Central de Suiza, del caso por supuesto lavado de dinero, donde las autoridades de ese país hicieron una investigación exhaustiva dando como resultado cierre total del caso y sobreseimiento definitivo.
El procurador Anton Rüsch, de la División de Criminalidad Económica de la Fiscalía Suiza, firmó la resolución donde hace constar que abrieron tres casos contra Rais, en dicho país, dos de estos por delito de lavado de dinero, en base a información que habría montado el ex abogado del empresario, Mario Ricardo Calderón Castillo, dichos documentos los sustrajo de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), propiedad del empresario Rais.
Entre los datos sustraídos por parte de Calderón, se encontraban transferencias bancarias, productos de fondos lícitos de la empresa MIDES y del señor Rais, según indicó la Fiscalía Suiza; y que además la Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña, bajo la administración de Douglas Meléndez y Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), habrían usado para crear una persecución ilegal y arbitraria en el país.
La otra denuncia contra el empresario, fue interpuesta por los italianos, nacionalizados canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes acusaban al Sr. Rais, por Robo de las acciones de MIDES, fraude procesal, lavado de dinero y corrupción de funcionarios, a través de documentación sustraída, también por Calderón, para crear pruebas falsas; poniendo también en evidencia la deslealtad para el empresario, por parte del jurista.
Los abogados defensores de Enrique Rais, sostienen que la persecución que continúa y que fue herencia del exfiscal Meléndez, es ilícita y espúranea y que ha sido creada para despojarlo de forma ilegal, de la empresa MIDES, encargada del manejo de los desechos sólidos de la mayor parte de las alcaldía del país y a más de un millón de clientes privados.
Dicho “proceso” creado para las noticias criminis por el exfiscal Meléndez y su primo, Wil Walter Ruiz, exjefe de la Unidad de Crimen Organizado, sumando casos fraudulentos para, finalmente recurrir a las órdenes penales contra el empresario Rais.
Meléndez ha sido seriamente acusado por este y otro tipo de casos de carácter mediático, que pretendió usar para lograr su reelección en el ministerio público, sin embargo, queda claro que tras la resolución e investigación por parte de Suiza, la fiscalía de Meléndez, careció de seriedad y de justicia.
La Organización de las Naciones Unidas, habría hecho un llamado a parar la persecución ante el caso del empresario Rais, tras una reunión por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), determinaron que él habría sufrido graves violaciones a sus derechos en El Salvador; por lo que solicitó que la corte reparara los daños ocasionados a su persona.
La Fiscalía Suiza declaró un cierre definitivo a estos procedimientos, por lo que ordenó al estado, de ese país, a cancelar una indemnización inmediata por todos los daños y perjuicios causados al empresario, especialmente a su honra y dignidad por los señalamientos que infundadamente debió afrontar y el desgaste que le significó la comparecencia a audiencias y formulación de pruebas que finalmente constataron su inocencia.
El empresario Rais, junto a sus abogados defensores, esperan que en El Salvador se haga pronta y cumplida justicia, ante los casos que se le acusan e insisten que se investigue independientemente este caso que es parte de las maniobras y manipulación por parte del exfiscal Douglas Meléndez.
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
