Judicial
Fiscalía Suiza sobresee al empresario Enrique Rais tras verificar que demandas eran calumniosas
La parte defensora del empresario suizo- salvadoreño, Enrique Rais, dio a conocer la notificación recibida por su abogado, Marc Cheseaux, donde el Ministerio Público Central de Suiza, del caso por supuesto lavado de dinero, donde las autoridades de ese país hicieron una investigación exhaustiva dando como resultado cierre total del caso y sobreseimiento definitivo.
El procurador Anton Rüsch, de la División de Criminalidad Económica de la Fiscalía Suiza, firmó la resolución donde hace constar que abrieron tres casos contra Rais, en dicho país, dos de estos por delito de lavado de dinero, en base a información que habría montado el ex abogado del empresario, Mario Ricardo Calderón Castillo, dichos documentos los sustrajo de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), propiedad del empresario Rais.
Entre los datos sustraídos por parte de Calderón, se encontraban transferencias bancarias, productos de fondos lícitos de la empresa MIDES y del señor Rais, según indicó la Fiscalía Suiza; y que además la Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña, bajo la administración de Douglas Meléndez y Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), habrían usado para crear una persecución ilegal y arbitraria en el país.
La otra denuncia contra el empresario, fue interpuesta por los italianos, nacionalizados canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes acusaban al Sr. Rais, por Robo de las acciones de MIDES, fraude procesal, lavado de dinero y corrupción de funcionarios, a través de documentación sustraída, también por Calderón, para crear pruebas falsas; poniendo también en evidencia la deslealtad para el empresario, por parte del jurista.
Los abogados defensores de Enrique Rais, sostienen que la persecución que continúa y que fue herencia del exfiscal Meléndez, es ilícita y espúranea y que ha sido creada para despojarlo de forma ilegal, de la empresa MIDES, encargada del manejo de los desechos sólidos de la mayor parte de las alcaldía del país y a más de un millón de clientes privados.
Dicho “proceso” creado para las noticias criminis por el exfiscal Meléndez y su primo, Wil Walter Ruiz, exjefe de la Unidad de Crimen Organizado, sumando casos fraudulentos para, finalmente recurrir a las órdenes penales contra el empresario Rais.
Meléndez ha sido seriamente acusado por este y otro tipo de casos de carácter mediático, que pretendió usar para lograr su reelección en el ministerio público, sin embargo, queda claro que tras la resolución e investigación por parte de Suiza, la fiscalía de Meléndez, careció de seriedad y de justicia.
La Organización de las Naciones Unidas, habría hecho un llamado a parar la persecución ante el caso del empresario Rais, tras una reunión por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), determinaron que él habría sufrido graves violaciones a sus derechos en El Salvador; por lo que solicitó que la corte reparara los daños ocasionados a su persona.
La Fiscalía Suiza declaró un cierre definitivo a estos procedimientos, por lo que ordenó al estado, de ese país, a cancelar una indemnización inmediata por todos los daños y perjuicios causados al empresario, especialmente a su honra y dignidad por los señalamientos que infundadamente debió afrontar y el desgaste que le significó la comparecencia a audiencias y formulación de pruebas que finalmente constataron su inocencia.
El empresario Rais, junto a sus abogados defensores, esperan que en El Salvador se haga pronta y cumplida justicia, ante los casos que se le acusan e insisten que se investigue independientemente este caso que es parte de las maniobras y manipulación por parte del exfiscal Douglas Meléndez.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
