Nacionales
Gobierno exhorta a centros educativos públicos y privados a cumplir protocolos contra el COVID-19 y reitera que las clases semipresenciales no están suspendidas
Los esfuerzos del Gobierno del Presidente Nayib Bukele por mantener bajo control la propagación del COVID-19 se extiende a diferentes sectores, lo que permite garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención contra la enfermedad mientras se avanza rápidamente en la inmunización de la población.
Uno de ellos es el sector educativo, tanto público como privado, que continúa con la modalidad semipresencial, opcional y multimodal, gracias al buen manejo de la pandemia que ha permitido que los estudiantes regresen a las aulas de manera gradual.
Sin embargo, las autoridades instan a la comunidad educativa a intensificar las medidas de prevención para evitar cadenas de transmisión del virus.
El Gobierno emitió, como medida preventiva, el Decreto transitorio 90, que suspende durante 90 días la concentración de personas en eventos de carácter público como conciertos, mítines, eventos deportivos y festejos de fiestas patronales.
Ante esta acción gubernamental oportuna, el Ministerio de Educación pide a los centros educativos que, para prevenir contagios masivos del virus, se suspenda la realización de intramuros, fiestas educativas, ferias de logros y otros actos educativos que impliquen la concentración de personas.
Esto además incluye desfiles u otro tipo de aglomeraciones, a excepción de la asamblea general de padres de familia que se puede hacer siempre que se cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas.
Las instituciones públicas y privadas deben verificar de manera estricta el cumplimiento de los protocolos de prevención al momento de que los estudiantes ingresen, como el uso obligatorio de mascarilla, lavado de manos, desinfección de superficies en las aulas y la correcta distribución de los estudiantes al 50 % de capacidad como lo contempla el protocolo avalado por el Ministerio de Salud.
El bienestar de la población es prioridad para el Gobierno del Presidente Bukele, por lo que continúa articulando esfuerzos en la lucha contra la pandemia y hace un llamado a la población a no bajar la guardia, a informarse por los medios oficiales y a que acudan a vacunarse contra el COVID-19 para evitar complicaciones por la enfermedad.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que, tras el aparatoso accidente de un camión repartidor de bebidas sobre la carretera al Puerto de La Libertad, dos personas resultaron lesionadas.
“Al menos cinco personas resultaron lesionadas en el accidente ocurrido en el km 19½ carretera al Puerto de La Libertad”, reportó la PNC.
Las autoridades indicaron que en el percance estuvieron involucrados el camión repartido y otros vehículos particulares.
Agregaron que dos de los lesionados eran acompañantes del conductor del camión, quienes fueron trasladados a un centro médico cercano.
Por el momento el paso vehicular está cerrado debido a que el producto está esparcido sobre la carretera y equipos de primera respuesta realizarán el levantamiento de los escombros.
Como Jorge Ramírez, ha sido identificado el joven motociclista que falleció esta mañana al accidentase en el departamento de San Miguel Oeste.
Las autoridades informaron que la tragedia se reportó en carretera que conduce al distrito de San Jorge, cerca del cantón Placitas.
Según información compartida, Ramírez vivía en el cantón Conacastal, en cercanías donde se registró el accidente que acabó con su vida.
Las autoridades policiales llevaron a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas del trágico accidente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de cárcel a los colombianos Luis Alberto Cuero, Yulian Duván Ortiz y Herminsuk Victoria Gamboa, por el delito de tráfico ilícito. Historia
Los ahora condenados fueron capturados el 23 de noviembre de 2024, durante una intervención realizada por la Marina Nacional a una lancha localizada a 406 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz, en la cual transportaban 2,000 kilos de cocaína.
La droga está valorada en más de $50 millones. En la vista pública se valoraron las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, con base en las cuales el tribunal declaró responsables a los imputados.
