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Gobierno exhorta a centros educativos públicos y privados a cumplir protocolos contra el COVID-19 y reitera que las clases semipresenciales no están suspendidas
Los esfuerzos del Gobierno del Presidente Nayib Bukele por mantener bajo control la propagación del COVID-19 se extiende a diferentes sectores, lo que permite garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención contra la enfermedad mientras se avanza rápidamente en la inmunización de la población.
Uno de ellos es el sector educativo, tanto público como privado, que continúa con la modalidad semipresencial, opcional y multimodal, gracias al buen manejo de la pandemia que ha permitido que los estudiantes regresen a las aulas de manera gradual.
Sin embargo, las autoridades instan a la comunidad educativa a intensificar las medidas de prevención para evitar cadenas de transmisión del virus.
El Gobierno emitió, como medida preventiva, el Decreto transitorio 90, que suspende durante 90 días la concentración de personas en eventos de carácter público como conciertos, mítines, eventos deportivos y festejos de fiestas patronales.
Ante esta acción gubernamental oportuna, el Ministerio de Educación pide a los centros educativos que, para prevenir contagios masivos del virus, se suspenda la realización de intramuros, fiestas educativas, ferias de logros y otros actos educativos que impliquen la concentración de personas.
Esto además incluye desfiles u otro tipo de aglomeraciones, a excepción de la asamblea general de padres de familia que se puede hacer siempre que se cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas.
Las instituciones públicas y privadas deben verificar de manera estricta el cumplimiento de los protocolos de prevención al momento de que los estudiantes ingresen, como el uso obligatorio de mascarilla, lavado de manos, desinfección de superficies en las aulas y la correcta distribución de los estudiantes al 50 % de capacidad como lo contempla el protocolo avalado por el Ministerio de Salud.
El bienestar de la población es prioridad para el Gobierno del Presidente Bukele, por lo que continúa articulando esfuerzos en la lucha contra la pandemia y hace un llamado a la población a no bajar la guardia, a informarse por los medios oficiales y a que acudan a vacunarse contra el COVID-19 para evitar complicaciones por la enfermedad.
El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) pronostica un breve ingreso de vientos nortes en El Salvador este jueves, que solamente durará este día con ráfagas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
En el transcurso del día se esperan vientos acelerados con cielos despejados durante la mañana, sin embargo, a mediodía se prevé la llegada de lluvias puntuales en la parte central del país y se extenderán hacia la zona oriental.
En la tarde, aumentará la nubosidad en la zona montañosa y la franja volcánica, con lluvias puntuales y actividad eléctrica en sectores del norte, centro y occidente.
En horas de la tarde también se mantendrán las altas temperaturas que alcanzarán entre 32 y 38 grados Celsius en el sector oriental del territorio salvadoreño, mientras que en la zona central las máximas alcanzarán entre los 30º y 32º.
En la noche se mantienen las posibilidades de lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador, Cuscatlán y algunos sectores del oriente del país.
Durante la madrugada del jueves habrá nubosidad en la zona costera del oriente del país.
Los integrantes de una estructura de la pandilla 18 que fueron condenados a altas penas carcelarias cometieron al menos tres feminicidios en Ilopango y diversos asesinatos al interior del Penal de Izalco, reveló la Fiscalía General de la República.
Fueron 61 pandilleros procesados por diversos casos de feminicidio, homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y otros actos de violencia, en perjuicio de varias víctimas. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador les impuso penas carcelarias de hasta 408 años.
La Fiscalía explicó que entre los crímenes por los que fueron condenados está un triple feminicidio, ocurrido en el 2010, en Ilopango. Los imputados privaron de libertad a tres víctimas, las atacaron con arma blanca y finalmente mutilaron sus cuerpos.
Además, a los pandilleros se les declaró culpables por el asesinato de un activista, en el 2015. También participaron en dos asesinatos múltiples perpetrados en el 2015 y 2016, al interior del Centro Penal de Izalco. En este ataque, fueron asesinadas 8 víctimas, detalló el ministerio público.
Los pandilleros condenados son Alejandro Ernesto Rodríguez, con pena de 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, 205 años de prisión; Celestino Vásquez Benítez, 195 años de prisión; Douglas Alirio Alfaro Amaya, 105 años de prisión.
También el cabecilla a nivel nacional del Barrio 18, Erick Saúl Villalobos, quien fue capturado en el 2020, en la residencial Villa Galicia 2 del municipio de San Martín, deberá cumplir condena de 144 años de cárcel.
Otros condenados son Mauricio Arnoldo Peña Miranda y Salomón Eleazar Romero Sigüenza, quienes recibieron penas de 114 años de prisión; Francisco Alberto Eduardo Cabrera, Carlos Salvador Campos León, Tomás Meléndez López y Elguin Alexander Pérez Fabián deben cumplir condena de 105 años de prisión.
Mientras que, Miguel Jerónimo Maravilla Cruz, 114 años de prisión; Félix Antonio García Guardado, 165 años de prisión; José Luis Antonio Martínez Bolaños, 44 años de prisión, entre otros condenados
Una pena de 14 años de cárcel recibió Vicente Antonio Tobías Alberto, alias Demon, cabecilla de la pandilla 18. La condena fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Tobías Alberto fue procesado por agrupaciones ilícitas. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, el criminal ostentaba el rango de palabrero de la cancha Tynis Locos Revolucionarios, de la pandilla 18 y delinquía en los distritos de El Paisnal y Aguilares y alrededores, todos del municipio de San Salvador Norte junto a otros delincuentes.
Junto a Tobías fueron procesados otros seis miembros de la pandilla -todos ausentes- quienes recibieron una condena de cinco años de cárcel, debido a su rango de homeboys.
«Las investigaciones, iniciadas en 2016, determinaron que los sujetos amedrentaban a estudiantes de la zona para impedirles asistir a los centros escolares. Asimismo, mantenían bajo amenaza a empleados de un ingenio local, a quienes intimidaban para forzar el pago de extorsiones por parte de sus patronos», detalló el ministerio público.
