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Gobierno del presidente Bukele avanza en la implementación del ferri con Costa Rica
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa impulsando la ejecución del proyecto del ferri con Costa Rica, luego de que una comitiva de alto nivel viajó a esa nación hermana para reunirse con autoridades gubernamentales y abordar el tema de beneficio para ambos países.
La comitiva salvadoreña es liderada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Patricia Comandari, y un equipo técnico de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), quienes establecieron un plan de trabajo que conlleve a la implementación a corto plazo de este importante proyecto.
Durante su visita por Costa Rica, la comitiva salvadoreña realizó un recorrido por el “puesto 3” en Puerto Caldera donde atracaría el ferri que conectará con el puerto de La Unión.
La puesta en marcha del ferri multimodal entre El Salvador y Costa Rica brindará un servicio diario a través de un buque con capacidad de movilizar 100 vehículos entre tráileres o camiones de carga y su implementación es apoyada por el Banco Mundial como parte de su trabajo de integración regional.
En el caso del puerto de La Unión ya se hicieron las inversiones necesarias para el aparcamiento de los vehículos de carga y ya están listas las oficinas aduaneras habilitadas.
En septiembre de 2020, los gobiernos de El Salvador y Costa Rica reiteraron su compromiso de darle vida a este proyecto, que se convierte en una alternativa para la reducción de tiempos y costos para el transporte de mercadería.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
