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Gobierno cumple sentencia de la Corte IDH en caso de masacre de El Mozote y lugares aledaños
Construcción y reparación de calles, edificación de viviendas y entrega de becas son algunas de las acciones a las que la actual administración de Gobierno está dando cumplimiento como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Esta sentencia, que fue emitida en 2012, no fue cumplida por los gobiernos del FMLN, sin embargo, durante la actual administración presenta importantes avances en las acciones para resarcir daños a las víctimas de este lamentable hecho.
En la construcción y reparación de calles, el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha invertido $477,524.61. Estos trabajos continúan en ejecución; fueron temporalmente suspendidos debido a la pandemia por COVID-19.
En cuanto a vivienda, ya se finalizó la construcción de 18 de 19 casas, con una inversión de $441,856.72. La vivienda restante presenta atrasos por problemas de legalización del terreno en donde se encuentra.
Asimismo, se han entregado 14 certificados de vivienda por $6,000 cada uno, y hay una más programado para el mes de octubre de 2020. En diciembre de este año se proyecta la entrega de 42 contribuciones adicionales, por un monto de $342,000, ejecutados por el Ministerio de Vivienda.
Además, el Ministerio de Educación (MINED), dará seguimiento a 137 becarios incorporados a este programa, que incluye víctimas que residen en el departamento de Morazán, y víctimas y familiares de la diáspora que están ubicados en Lourdes, Colón, La Libertad.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
