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Gobierno anuncia creación de superintendencia sanitaria
El Gobierno creará una Superintendencia de Regulación Sanitaria, que será la institución del Estado responsable de regular los medicamentos, cosméticos, alimentos y las bebidas e insumos agropecuarios, plantea el proyecto de ley de creación de este nuevo organismo, enviado a la Asamblea Legislativa para su estudio.
Dicha superintendencia —establece el proyecto— será la autoridad estatal responsable de regular, otorgar el registro sanitario, reconocimiento de registro, autorización de comercialización, permisos de importación y exportación de medicamentos, cosméticos, alimentos y bebidas en insumos agropecuarios.
La comisión de salud del congreso estudiará la propuesta de ley que consta de 43 artículos, cuyo objetivo es armonizar en un solo cuerpo legal las diferentes normas que tratan sobre la regulación sanitaria.
El Ejecutivo busca con la puesta en marcha de esta nueva superintendencia ejercer un control y vigilancia técnica, especializada, moderna y permanente, con enfoque en la mejora continua, así como fomentar el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones.
Concentrar en una sola institución la regulación sanitaria también contribuye a garantizar la salud de la población salvadoreña en su más amplio sentido, consigna el anteproyecto de normativa.
La ley de creación de la superintendencia —que será una institución autónoma de derecho público y con carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio— también da vida a la intendencia de productos farmacéuticos y afines; la intendencia de alimentos, bebidas y productos afines; la intendencia agropecuaria y productos afines, y la intendencia de vigilancia.
La finalidad de la superintendencia será garantizar la calidad, eficacia, seguridad, disponibilidad, inocuidad, accesibilidad y uso racional de los productos sanitarios.
La comisión de salud del parlamento tiene su próxima sesión de trabajo programada para el lunes, cuando se espera que establezca la hoja de ruta para la discusión del anteproyecto de ley.
Dicha nueva entidad asumirá las atribuciones de regulación sanitaria que le han sido conferidas a la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), al Consejo Superior de Salud Pública, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Tendrá su domicilio principal en Santa Tecla, La Libertad, y comenzará a funcionar un año y medio después de que el decreto de su creación haya sido publicado en el «Diario Oficial».
El proyecto de ley deroga los artículos del 3 al 12 de la Ley de Medicamentos, relativos a las atribuciones, la organización y el patrimonio de la DNM.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
