Nacionales
Gobierno acompañará a empresas en su proceso de operatividad con bitcóin
El artículo 7 de la Ley Bitcóin establece que será obligatorio aceptar la criptomoneda, al igual que la transacción, pero es opcional si el comerciante quiere recibir el pago en bitcóin o en dólar, ya que la billetera electrónica Chivo da ambas opciones en pago, explicó ayer el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.
La ley destaca un proceso de convertibilidad automática, instantánea y en tiempo real. «Ningún empresario debería quedarse atrás», acotó Argueta, quien además aclaró que los negocios no pueden tener la excusa de que no se puede hacer la transacción en bitcóin.
El artículo 12 del mismo marco legal da un plazo para todos los negocios que no tengan la capacidad tecnológica para hacer las transacciones en bitcóin; sin embargo, también obliga al Estado a que brinde no solo las capacitaciones, sino los mecanismos necesarios para la operatividad de las empresas en el proceso.
«Se deja claro que recibir bitcoines o dólares es voluntario; en un dado caso alguien no quiere hacer transacciones en bitcóin, aun teniendo los mecanismos, después de pasada la facultad del transitorio, la Defensoría del Consumidor se encargará de proteger al consumidor», reiteró Argueta.
El presidente Nayib Bukele ha aclarado en reiteradas ocasiones que la billetera electrónica Chivo es gratuita, no tiene comisiones ni interés de generación de riqueza, sino de desarrollo de la economía.
El asesor jurídico enfatizó en que, a escala internacional, se está verificando cómo se va a desarrollar la ley en El Salvador. «Muchísimos países están esperando [a ver] cómo le va al país con el tema de la regulación para ellos poderlo emitir», dijo.
En ese contexto, enfatizó en que El Salvador lleva una ventaja fuerte, porque los inversionistas que tienen bitcóin ya están interesados en invertir en el país. «Sin duda alguna eso nos aventaja para el acrecentamiento de la riqueza nacional y que nuestra economía sea pujante», reconoció.
Como parte de la apuesta del Gobierno por reactivar la economía, con la adopción del bitcóin en el país no solo hay un ahorro al Estado, sino también un ingreso, pues más de $400 millones que les quedaban a las instituciones bancarias en comisiones por las remesas ahora estarán en circulación entre la población salvadoreña y, por tanto, se generarán mayores oportunidades.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
