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Gobierno acompañará a empresas en su proceso de operatividad con bitcóin
El artículo 7 de la Ley Bitcóin establece que será obligatorio aceptar la criptomoneda, al igual que la transacción, pero es opcional si el comerciante quiere recibir el pago en bitcóin o en dólar, ya que la billetera electrónica Chivo da ambas opciones en pago, explicó ayer el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.
La ley destaca un proceso de convertibilidad automática, instantánea y en tiempo real. «Ningún empresario debería quedarse atrás», acotó Argueta, quien además aclaró que los negocios no pueden tener la excusa de que no se puede hacer la transacción en bitcóin.
El artículo 12 del mismo marco legal da un plazo para todos los negocios que no tengan la capacidad tecnológica para hacer las transacciones en bitcóin; sin embargo, también obliga al Estado a que brinde no solo las capacitaciones, sino los mecanismos necesarios para la operatividad de las empresas en el proceso.
«Se deja claro que recibir bitcoines o dólares es voluntario; en un dado caso alguien no quiere hacer transacciones en bitcóin, aun teniendo los mecanismos, después de pasada la facultad del transitorio, la Defensoría del Consumidor se encargará de proteger al consumidor», reiteró Argueta.
El presidente Nayib Bukele ha aclarado en reiteradas ocasiones que la billetera electrónica Chivo es gratuita, no tiene comisiones ni interés de generación de riqueza, sino de desarrollo de la economía.
El asesor jurídico enfatizó en que, a escala internacional, se está verificando cómo se va a desarrollar la ley en El Salvador. «Muchísimos países están esperando [a ver] cómo le va al país con el tema de la regulación para ellos poderlo emitir», dijo.
En ese contexto, enfatizó en que El Salvador lleva una ventaja fuerte, porque los inversionistas que tienen bitcóin ya están interesados en invertir en el país. «Sin duda alguna eso nos aventaja para el acrecentamiento de la riqueza nacional y que nuestra economía sea pujante», reconoció.
Como parte de la apuesta del Gobierno por reactivar la economía, con la adopción del bitcóin en el país no solo hay un ahorro al Estado, sino también un ingreso, pues más de $400 millones que les quedaban a las instituciones bancarias en comisiones por las remesas ahora estarán en circulación entre la población salvadoreña y, por tanto, se generarán mayores oportunidades.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
