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Gobierno acompañará a empresas en su proceso de operatividad con bitcóin
El artículo 7 de la Ley Bitcóin establece que será obligatorio aceptar la criptomoneda, al igual que la transacción, pero es opcional si el comerciante quiere recibir el pago en bitcóin o en dólar, ya que la billetera electrónica Chivo da ambas opciones en pago, explicó ayer el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.
La ley destaca un proceso de convertibilidad automática, instantánea y en tiempo real. «Ningún empresario debería quedarse atrás», acotó Argueta, quien además aclaró que los negocios no pueden tener la excusa de que no se puede hacer la transacción en bitcóin.
El artículo 12 del mismo marco legal da un plazo para todos los negocios que no tengan la capacidad tecnológica para hacer las transacciones en bitcóin; sin embargo, también obliga al Estado a que brinde no solo las capacitaciones, sino los mecanismos necesarios para la operatividad de las empresas en el proceso.
«Se deja claro que recibir bitcoines o dólares es voluntario; en un dado caso alguien no quiere hacer transacciones en bitcóin, aun teniendo los mecanismos, después de pasada la facultad del transitorio, la Defensoría del Consumidor se encargará de proteger al consumidor», reiteró Argueta.
El presidente Nayib Bukele ha aclarado en reiteradas ocasiones que la billetera electrónica Chivo es gratuita, no tiene comisiones ni interés de generación de riqueza, sino de desarrollo de la economía.
El asesor jurídico enfatizó en que, a escala internacional, se está verificando cómo se va a desarrollar la ley en El Salvador. «Muchísimos países están esperando [a ver] cómo le va al país con el tema de la regulación para ellos poderlo emitir», dijo.
En ese contexto, enfatizó en que El Salvador lleva una ventaja fuerte, porque los inversionistas que tienen bitcóin ya están interesados en invertir en el país. «Sin duda alguna eso nos aventaja para el acrecentamiento de la riqueza nacional y que nuestra economía sea pujante», reconoció.
Como parte de la apuesta del Gobierno por reactivar la economía, con la adopción del bitcóin en el país no solo hay un ahorro al Estado, sino también un ingreso, pues más de $400 millones que les quedaban a las instituciones bancarias en comisiones por las remesas ahora estarán en circulación entre la población salvadoreña y, por tanto, se generarán mayores oportunidades.
En un crimen que ha conmocionado al barrio Concepción, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima fatal de un violento ataque con arma blanca.Se trata de Freddy Meza Castillo, un ciudadano nicaragüense de 43 años, quien fue asesinado de forma brutal el pasado 3 de mayo dentro del mesón conocido como “El Pino”.
Según los primeros reportes, el hombre fue atacado salvajemente con cuchillo en el interior del mesón, donde perdió la vida en medio de un charco de sangre.
Meza Castillo era originario del municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega, Nicaragua.
Hasta el momento, las autoridades no han capturado al responsable de este horrendo crimen y continúan las investigaciones para dar con el o los asesinos que dejaron sin vida al nicaragüense.
Las autoridades confirmaron la captura de Maynor Humberto García Flores, conocido con los alias de “La Mica” o “Tiquiza”, señalado como el presunto responsable del homicidio de Lorensa del Tránsito Cardona, de 65 años.
De acuerdo con información preliminar, el detenido habría atacado a la víctima con un arma blanca, provocándole heridas de gravedad que le causaron la muerte. El hecho generó consternación entre los habitantes de la zona por la violencia con la que ocurrió.
El crimen se registró en la colonia Las Ánimas, cantón Tierra Blanca, Candelaria de la Frontera, Santa Ana, ha causando indignación entre familiares, vecinos y la población en general.
Tras las investigaciones, equipos de la Policía Nacional Civil lograron ubicar y capturar al sospechoso, quien será puesto a la orden de los tribunales correspondientes para enfrentar el proceso judicial por este delito.
Familiares y residentes esperan que el caso sea esclarecido y que se aplique la ley conforme a lo establecido.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
