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Fortalecen los mecanismos de control para entregar el subsidio de transporte
A petición del Gobierno Central la Asamblea Legislativa prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la Ley Transitoria para la Entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros y fortaleció los mecanismos de control para la entrega del subsidio.
La normativa vigente termina sus efectos jurídicos el 31 de diciembre de este año. Fue aprobada por la anterior legislatura, pero no fortaleció los requisitos que deben cumplir los dueños de los buses y microbuses para recibir de la compensación.
El subsidio al transporte público es financiado con el impuesto de $0.10 por cada galón de combustible que compran los salvadoreños. Lo recaudado llega al Fondo General de la Nación y el Ministerio de Hacienda —a petición del Ministerio de Obras Públicas— lo traslada al empresario del transporte colectivo. Mensualmente se entregan $500 por bus y $250 por microbús.
Sin embargo, el empresario perderá la compensación si a partir de la entrada en vigor de la prórroga —aprobada el miércoles pasado con 61 votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC— no instala un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en sus unidades y si no comparte con el Viceministerio de Transporte la información en tiempo real obtenida con ese sistema.
Asimismo, los empresarios quedan obligados a llevar los buses y microbuses a una revisión técnica y de gases dos veces al año, con el fin de evitar percances viales por el mal estado o fallas mecánicas de las unidades.
Las unidades deberán prestar sus servicios como mínimo 21 días por cada mes para que los empresarios reciban la compensación económica.
Los empresarios también quedarán sujetos a implementar los protocolos sanitarios y de bioseguridad en los buses y microbuses, con el fin de prevenir que los usuarios se contagien de la COVID-19.
Además, los conductores deben estar autorizados y con sus documentos en regla, y los empresarios tienen que estar solventes con el pago de esquelas por las infracciones a la ley de tránsito.
Si un empresario participa o promueve directa o indirectamente desórdenes en la vía pública con el uso de las unidades del transporte
público, no recibirá el subsidio por un mes. Si por ese tipo de acciones que impulsa se origina algún accidente de tránsito en el que haya lesionados o fallecidos, la suspensión de la compensación económica será por tres meses, determina el ordinal 1.º del artículo 13 del decreto transitorio.
Actualmente, la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa trabaja en la redacción de la nueva ley general de tránsito y seguridad vial, que impactará en el mejoramiento del sistema público de transporte.
La nueva normativa —que sustituirá a la vigente desde 1995— también aumentará las multas por las infracciones a la ley vial.
Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron en las últimas horas al menos tres incendios registrados en distintos puntos del país, logrando controlar las llamas y evitar su propagación hacia zonas cercanas.
Uno de los incidentes ocurrió en la carretera a Los Naranjos, en Santa Ana Centro, donde tres autobuses estacionados en la terminal de la ruta 55 fueron consumidos por el fuego.
Las autoridades ejecutaron labores de enfriamiento y liquidación en el área afectada con el objetivo de cortar el avance de las llamas y prevenir daños mayores. Por el momento, se desconoce si hubo personas lesionadas.
En otro hecho, bomberos respondieron a un incendio forestal en el Caserío El Junquillo, ubicado dentro de la finca El Refugio, en Coatepeque. Para contener el siniestro, el personal utilizó herramientas manuales y mochilas extintoras, además de establecer líneas de control con el fin de frenar el avance del fuego en la zona rural.
De igual forma, se atendió un incendio en un terreno con abundante vegetación seca en el cantón Guarjila, en el distrito de Chalatenango Sur, departamento de Chalatenango. Las labores incluyeron el uso de herramientas forestales y mochilas extintoras, logrando controlar el siniestro y evitar su expansión hacia áreas cercanas.
En 2025 la Fiscalía General de la República – blica logró que el 84.6 % de los expedientes que avanzaron a una etapa de ejecución de sentencia los jueces dictaran condenas por diversos delitos. De 13,792 expedientes que llegaron a un punto de resolución definitiva en varios tribunales, en 11,666 casos hubo condenas y 2,126 fueron absoluciones, según el balance anual del Gabinete de Seguridad.
Jueces de Paz, de Instrucción, de Sentencia y contra el Crimen Organizado dictaminaron contra imputados por homicidio, lesiones, delitos de corrupción (peculado, negociaciones ilícitas, cohecho), así como actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Además, hubo condenas por delitos contra el patrimonio (robo, hurto, daños y estafa), delitos contra la libertad (secuestro y privación de libertad), también delitos de crimen organizado que incluyen extorsión agravada, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, tráfico ilícito y limitación ilegal a la libre circulación.
En la variedad de ilícitos se impusieron condenas por diversos tipos de falsedades, uso de documentos falsos y delitos en contra de la administración de justicia, así como los que establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, entre los más comunes el feminicidio agrava – do y expresiones de violencia
Los momentos cumbre del juicio no necesariamente se dieron en los tribunales de Sentencia, ya que jueces de Paz y de Instrucción impusieron condenas en procedimientos abreviados, en los que los imputados admitieron los delitos para reducir los años de prisión, y cientos de procesos penales culminaron en menos del plazo establecido en la normativa.
Entre los condenados en 2025 hubo exfuncionarios corruptos que se apropiaron de fondos públicos, incluso pactaron con el crimen organizado, hubo fallos en contra de estructuras de pandillas y cabecillas de esos grupos criminales.
Los jueces emitieron condenas a bandas de robacarros, asaltantes de usuarios de bancos, redes de estafadores, falsificadores y estructuras que incurrieron en delitos informáticos. Otro dato destacado son los 88,680 casos presentados en los tribunales, de los cuales en 70,011 (88.6 %) hubo condenas, obtenidas desde 2019 hasta 2025, años en los cuales Nayib Bukele ha estado al frente de la presidencia de la república.
En ese período, las absoluciones fueron 18,669, es decir, solo en 21.1 % los acusados ganaron los casos. En un balance comparativo que el Gabinete de Seguridad presentó se detalla que en 2025 se registró un 52 % de aumento de las condenas en relación con 2020 en todos los delitos; mientras que en las absoluciones se reportó una disminución del 47 % al comparar 2025 con 2020.
La Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador (UES) a través de su Unidad de Género desarrolló el webinar virtual «Mujeres en la ciencia y la tecnología: retos, talento y transformación», con el objetivo de reflexionar sobre la participación de las mujeres en áreas STEM.
La actividad también ayudó a evaluar los retos que enfrentan las mujeres en esas áreas, el talento que aportan y las transformaciones que se deben hacer para construir entornos académicos más inclusivos y seguros.
El panel de expertos estuvo conformado por Jennifer Chávezz, directora del Programa Jóvenes Talento; Dora Armero, secretaria y docente de la Escuela de Biología; y la estudiante de la Escuela de Física Jennifer López. La moderación estuvo a cargo de la coordinadora de la Unidad de Género, Yariela Escamilla.
Durante el conversatorio, se destacó el papel de la educación y la familia en la eliminación de estereotipos que limitan el acceso de las mujeres a carreras científicas. Jennifer Chávez señaló que «es importante que desde el sistema educativo nacional, desde la familia se rompan los estereotipos sobre que las carreras en ciencia y tecnología están relacionadas con lo masculino».
