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Fiscalía se esmera para lograr desaforar a viceministro de Justicia y presenta pocos indicios en contra de alcalde de Ilopango, acusado de peculado
En libertad será procesado el alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, del partido ARENA, acusado por el delito de peculado. La decisión judicial estuvo basada en los pobres indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).
El alcalde Perdomo está siendo procesado por apropiarse de paquetes alimentarios destinados por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele a las familias salvadoreñas más afectadas durante la emergencia por la pandemia de COVID-19.
El artículo 325 del Código Penal salvadoreño establece que la pena por el delito de peculado oscila entre cinco y 10 años de prisión.
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A pesar de las evidencias en contra del jefe municipal de Ilopango, los indicios presentados en la audiencia inicial no fueron suficientes para que el juez le decretara la detención provisional que se solicitaba.
El esmero puesto por la Fiscalía en el proceso contra el alcalde de Ilopango no es el mismo que se evidenció para presentar la solicitud de desafuero del viceministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas.
La Fiscalía se esmeró hasta conseguir un dictamen favorable de los diputados de la comisión especial legislativa para desaforar al viceministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas.
Arriaza se hizo presente a la comisión junto a su equipo de abogados quienes desvirtuaron las acusaciones planteadas por los diputados y por la FGR.
Los diputados no fueron capaces de presentar documentación oficial que haga constar que el ministro de hacienda haya sido notificado del citatorio. Por lo tanto, no es procedente la orden de apremio.
“Al hacer efectiva esta de orden de apremio ilícita, como ya lo hemos expuesto, el director de la PNC iba a incurrir en una privación de libertad, por lo que él optó por sopesar el fuero constitucional con el que cuenta el ministro de Hacienda”, abogado de la defensa.
La defensa del viceministro de Seguridad desbarató con base a pruebas documentales y argumentos legales las acusaciones hechas por los diputados y la FGR luego que el Fiscal General solicitó el desafuero de Mauricio Arriaza Chicas.
“El Fiscal General de la República hizo descansar una acusación de incumplimiento de deberes al director policial en una normativa que estaba derogada”, abogado de la defensa, Héctor García.
Los diputados miembros de la comisión de antejuicio de la Asamblea legislativa que busca desaforar a uno de los funcionarios que ha trabajado arduamente en el combate a la inseguridad y cuyo papel es de vital importancia en la implementación del Plan Control Territorial cuyos resultados son innegables y gozan del apoyo y reconocimiento nacional e internacional.
Tampoco fueron capaces de admitir prueba testimonial presentada por la defensa ni de separar a los diputados Rodolfo Parker y Yancy Urbina de dicha comisión como se había solicitado por haber adelantado criterio respecto a la resolución final que emitirá dicha comisión.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encuentra llevando a cabo la instalación 314 luminarias y 342 postes translúcidos con los colores de la bandera nacional de El Salvador en el bulevar Monseñor Romero con el fin de garantizar una mejor visibilidad nocturna para los conductores de esa arteria que conecta Santa Tecla con San Salvador.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, supervisó el proyecto de iluminación este martes 15 de abril por la noche y destacó que los trabajos van a garantizar la seguridad vial de todos los conductores que transitan diariamente por el bulevar, que contabilizó en más de 80,000.
“Los postes cuentan con tecnología LED que iluminará los seis carriles. Contamos con un avance considerable y estimamos que este mes de abril estaremos finalizando la iluminación de todo el bulevar Monseñor Romero, dijo el titular del MOP.
Internacionales
Expresidente de Perú Ollanta Humala es condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero
Un tribunal peruano condenó este martes a 15 años de prisión por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y aplicó igual pena a su esposa, Nadine Heredia, por recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Los magistrados de la Corte Superior Nacional consideraron que Humala y Heredia recibieron varios millones de dólares en aportes ilegales para esas campañas presidenciales por parte de la constructora brasileña y del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).
Nayko Coronado, una de las tres juezas del tribunal, ordenó que los condenados sean encarcelados de inmediato. El expresidente, el único sentenciado que estaba presente, fue rodeado por varios policías que lo llevaron afuera de la sala de audiencias.
Humala, un militar retirado de 62 años, escribía y hablaba por su celular. Su esposa, de 48 años, no estaba presente en la sesión. Ambos estarán en la cárcel hasta el 28 de julio de 2039. La magistrada dictó una orden de captura contra ella para llevarla a un penal.
Humala es el tercer exmandatario peruano condenado a prisión en casi dos décadas luego de que en 2024 el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) fue sentenciado a 20 años y seis meses por corrupción y lavado de activos por recibir dinero de Odebrecht y de que el fallecido Alberto Fujimori (1990-2000) recibió en 2009 tres sentencias por corrupción y otra adicional como autor intelectual de 25 asesinatos.
El juicio empezó en 2022. Además de Humala, la justicia condenó a 12 años de cárcel por lavado de activos al hermano de Heredia, llamado Ilán Heredia. La pareja estuvo presa de forma preventiva entre 2017 y 2018 por pedido de la fiscalía para evitar que se fugaran del país, pese a que ambos siempre asistieron a las audiencias.
Odebrecht admitió en 2016 que pagó millonarios sobornos a políticos de casi toda Latinoamérica a cambio de obtener obras públicas. Las primeras investigaciones fiscales contra Humala empezaron en 2015 y un año antes de que Odebrecht comenzara a delatar a los políticos poderosos de todo el continente.
La mayoría de los presidentes que gobernaron Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con la constructora brasileña.
Toledo está preso cumpliendo una sentencia, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski también está bajo prisión domiciliaria, y Alan García, quien gobernó entre 1985 y 1990 y luego entre 2006 y 2011, se suicidó en 2019 minutos antes de ser detenido por una orden fiscal mientras era investigado por los sobornos recibidos de Odebrecht.
Además de expresidentes también están investigados políticos importantes como Keiko Fujimori, excandidata presidencial, así como varios exgobernadores.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un sujeto que habría acabado con la vida de otro tras una acalorada discusión cuando ingerían bebidas embriagantes.
De acuerdo con los informes de la PNC, la víctima es un hombre de 47 años, quien estaba tomando bebidas alcohólicas con su sobrino y este lo atacó con un corvo tras una discusión.
El hecho de intolerancia que terminó en tragedia ocurrió Santa Isabel, Ishuatán, departamento de Sonsonate.
“En conjunto con elementos de la Fuerza Armada, se realizó la captura del responsable, identificado como Elmer Antonio Ayala Solorzano, quien será remitido por homicidio”, reportó la PNC.
