Judicial
Esto declaró la exesposa de Eugenio Chicas sobre el supuesto abuso de la ahijada de ambos: «Los encontré teniendo relaciones…»
La exesposa del Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, ofreció detalles íntimos que comprueban la relación que el exfuncionario tuvo con la ahijada de ambos, cuando esta aún era menor de edad.
En su declaración, la mujer cuenta cómo Chicas comienza a apoyar a la joven, al principio costeando sus estudios y luego contratándola como doméstica, hasta que todo termina en una relación de pareja.
La exesposa de Chicas rindió su declaración y al menos tres páginas de esta se han hecho circular en redes sociales.
Según el testimonio de la mujer, quien reconoce que rompió su matrimonio con Chicas cuando este se relaciona con la menor, no hay duda alguna que el caso se remonta cuando la menor tenía apenas 14 años.
La mujer reconoce la difícil etapa que vivió, pero ha hecho honor a la transparencia, justicia y honestidad por la manera con que habla de lo sucedido sin tapujos y con fechas concretas.
Entérese cómo ocurrieron los hechos:
Eugenio Chicas se defiende y asegura que presionaron a su exesposa
“Yo a ella la respeto mucho por ser la madre de mi hija, pero desconozco qué métodos de presión hayan utilizado, porque la aportación de pruebas inició en mayo (de 2018) y el único testimonio calificado que presentaron hoy viene suscrito con fechas del día de ayer”, comentó el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República.
Chicas indicó, además, que junto a su equipo de abogados defensores presentó un requerimiento en donde solicita un peritaje psicológico y psiquiátrico para Bukele.
El fin de la solicitud de ambos exámenes, según el exfuncionario de Casa Presidencial (CAPRES), es para conocer si Bukele distingue el alcance de sus actos, si sabe distinguir lo ilícito de lo lícito y la realidad de la fantasía.
Tanto Bukele como Chicas se presentaron ante el Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, para presenciar el desarrollo de la audiencia especial de aportación de pruebas en contra del exalcalde de San Salvador, tras ser demandado por el delito de calumnia.
La audiencia tuvo como objetivo que el juez a cargo del caso escuchara el planteamiento de medios probatorios de los abogados, tanto de la parte acusadora como del acusado.
El hecho por el que ha sido acusado Bukele ocurrió el 16 de octubre del año 2017, cuando este se encontraba como invitado en un programa televisivo y durante el desarrollo del mismo expresó que Chicas habría participado en la comisión del delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
