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Ernesto Muyshondt culpa al Ejecutivo por problemática de la basura en San Salvador, pese a tener en arcas de la comuna $16 Mills. en concepto de disposición final de desechos sólidos
Durante la visita del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa el edil capitalino instó a los parlamentarios su intervención para encontrar una solución final de la grave crisis sanitaria que afronta la ciudad, debido a la falta de recolección de basura.
En su exposición ante los parlamentarios, Muyshondt descargó la responsabilidad de la situación a presuntos bloqueos por parte de funcionarios del Ejecutivo, sin presentar alguna prueba y solo argumentando las situaciones que a su juicio han evitado que la problemática se resuelva.
Pese a que una auditoría de la Corte de Cuentas de la República reveló que la municipalidad recolectó solo del período del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2018, más de $16 millones en concepto de disposición final de desechos sólidos, el edil capitalino no pagó una deuda que en su momento no pasaba los $2 millones con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), la cual hasta la fecha ya supera los $4 millones.
Debido a la millonaria deuda la capacidad operativa de la empresa MIDES se redujo y podía seguir brindando un servicio óptimo a la municipalidad, a la cual nunca se le cerraron las puertas del relleno sanitario en Nejapa; sin embargo, las municipalidades que han ido honrando sus deudas tenían prioridad para la disposición final.
Por otra parte, el descontento de decenas de trabajadores municipales por la retención ilegal de cuotas laborales, razón por la que se abrió un proceso judicial en contra del tesorero de la alcaldía de San Salvador, dio paso a que los afectados iniciaron una protesta frente a la entrada del relleno sanitario en Nejapa, donde no dejaban ingresar los camiones de la capital.
Tras solventar las dificultades de las protestas, la alcaldía capitalina afrontó la grave situación que más de 47 camiones recolectores no pudieran salir a realizar sus recorridos, debido a la falta de combustible, ya que según lo denunciaron los trabajadores, el proveedor se negó a seguir prestando el servicio ante la deuda de más de ocho meses que mantiene la municipalidad en ese rubro.
Paradójicamente, pese a las deudas a otros proveedores de servicios, retención de cuotas laborales, la millonaria deuda a MIDES, el alcalde suscribió recientemente la contratación de una campaña publicitaria mayor al medio millón de dólares, según lo reveló Diario El Salvador y la construcción de la considerada bandera más grande del país, que tuvo un costo mayor a los $300 mil
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
