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Ernesto Muyshondt culpa al Ejecutivo por problemática de la basura en San Salvador, pese a tener en arcas de la comuna $16 Mills. en concepto de disposición final de desechos sólidos
Durante la visita del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa el edil capitalino instó a los parlamentarios su intervención para encontrar una solución final de la grave crisis sanitaria que afronta la ciudad, debido a la falta de recolección de basura.
En su exposición ante los parlamentarios, Muyshondt descargó la responsabilidad de la situación a presuntos bloqueos por parte de funcionarios del Ejecutivo, sin presentar alguna prueba y solo argumentando las situaciones que a su juicio han evitado que la problemática se resuelva.
Pese a que una auditoría de la Corte de Cuentas de la República reveló que la municipalidad recolectó solo del período del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2018, más de $16 millones en concepto de disposición final de desechos sólidos, el edil capitalino no pagó una deuda que en su momento no pasaba los $2 millones con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), la cual hasta la fecha ya supera los $4 millones.
Debido a la millonaria deuda la capacidad operativa de la empresa MIDES se redujo y podía seguir brindando un servicio óptimo a la municipalidad, a la cual nunca se le cerraron las puertas del relleno sanitario en Nejapa; sin embargo, las municipalidades que han ido honrando sus deudas tenían prioridad para la disposición final.
Por otra parte, el descontento de decenas de trabajadores municipales por la retención ilegal de cuotas laborales, razón por la que se abrió un proceso judicial en contra del tesorero de la alcaldía de San Salvador, dio paso a que los afectados iniciaron una protesta frente a la entrada del relleno sanitario en Nejapa, donde no dejaban ingresar los camiones de la capital.
Tras solventar las dificultades de las protestas, la alcaldía capitalina afrontó la grave situación que más de 47 camiones recolectores no pudieran salir a realizar sus recorridos, debido a la falta de combustible, ya que según lo denunciaron los trabajadores, el proveedor se negó a seguir prestando el servicio ante la deuda de más de ocho meses que mantiene la municipalidad en ese rubro.
Paradójicamente, pese a las deudas a otros proveedores de servicios, retención de cuotas laborales, la millonaria deuda a MIDES, el alcalde suscribió recientemente la contratación de una campaña publicitaria mayor al medio millón de dólares, según lo reveló Diario El Salvador y la construcción de la considerada bandera más grande del país, que tuvo un costo mayor a los $300 mil
A ocho años de cárcel fue condenado el estafador Walter Reyneris González Contreras, quien engañó a una víctima con la venta de un inmueble en San Salvador.
Además de los años de prisión, el Tribunal Sexto de Sentencia, ha ordenado que debe de pagar $25,000 en concepto de responsabilidad civil, por el delito de estafa agravada.
La Fiscalía General de la República expuso durante la vista pública que González Contreras, le ofreció a la víctima la venta de un inmueble ubicado en San Salvador por un monto de $25,000.
La persona afectada le pidió toda la documentación para verificar que el inmueble estuviera inscrito en el Centro Nacional de Registros (CNR), por lo que el imputado le entregó una escritura a nombre de la supuesta vendedora, Ana Elisa Alemán Rivera, quien ha sido separada del proceso.
Confiada en que los documentos eran auténticos la víctima formalizó la compraventa del inmueble el 4 de enero de 2018 y desembolsó los $25,000, para no levantar sospecha, Alemán Rivera compareció para firmar el contrato a favor de la víctima.
Después, el hermano de la persona denunciante se presentó a la administración del edificio para consultar los costos de mantenimiento del local, pero le informaron que el inmueble no había sido vendido y que pertenecía a otra persona distinta de Ana Elisa Alemán Rivera.
La víctima se comunicó con González Contreras para reclamarle que ese local estaba a nombre de otra persona, respondiéndole que le devolvería el dinero, pero nunca le hizo la entrega, por lo que acudió a denunciarlo.
Jeanine Alejandrina Cárcamo Jiménez, quien se hacía pasar como doctora, utilizando el número de registro de una profesional de la medicina, fue enviada a juicio por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador
Al finalizar la audiencia preliminar se le decretó auto de apertura a juicio por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material, será un tribunal de sentencia el que definirá su situación jurídica.
El caso comenzó a ser investigado en mayo de 2022, cuando la víctima detectó que alguien estaba utilizando su número de registro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), esa irregularidad fue reportada al Consejo Superior de Salud Pública.
En las pesquisas efectuadas se determinó que Cárcamo Jiménez, se hacía pasar como doctora y había rentado un local para instalar un consultorio con el fin de atender pacientes, realizar evaluaciones médicas, prescribir recetas, también efectuaba procedimientos quirúrgicos.
Cuando las autoridades realizaron una inspección les proporcionó otro número de registro de la JVPM inexistente, eso provocó que los inspectores dieran aviso a la Policía Nacional Civil (PNC).
Cuando la detuvieron le decomisaron gabachas médicas con logotipos de hospitales nacionales, equipo médico y sellos profesionales.
En la resolución emitida por el juzgado se detalla que hay suficientes elementos de prueba que un tribunal de sentencia debe analizar y debatir mediante una vista pública.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de cinco personas señaladas de participar en una pelea ocurrida frente a un bar ubicado en el kilómetro 12½ de la carretera Troncal del Norte, en Apopa.
Según las autoridades, el incidente quedó grabado en video y posteriormente circuló en redes sociales.
Luis Alexander Campos Rauda, Jaqueline Lisbeth Alfaro Marroquín, Michael Jeremías Borja Efigenio y Jorge Amílcar Mazariego Marroquín serán remitidos por el delito de lesiones.
Mientras tanto, Edwin Alexander Beltrán Escobar enfrentará cargos por desórdenes públicos.
