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Ernesto Muyshondt culpa al Ejecutivo por problemática de la basura en San Salvador, pese a tener en arcas de la comuna $16 Mills. en concepto de disposición final de desechos sólidos
Durante la visita del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa el edil capitalino instó a los parlamentarios su intervención para encontrar una solución final de la grave crisis sanitaria que afronta la ciudad, debido a la falta de recolección de basura.
En su exposición ante los parlamentarios, Muyshondt descargó la responsabilidad de la situación a presuntos bloqueos por parte de funcionarios del Ejecutivo, sin presentar alguna prueba y solo argumentando las situaciones que a su juicio han evitado que la problemática se resuelva.
Pese a que una auditoría de la Corte de Cuentas de la República reveló que la municipalidad recolectó solo del período del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2018, más de $16 millones en concepto de disposición final de desechos sólidos, el edil capitalino no pagó una deuda que en su momento no pasaba los $2 millones con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), la cual hasta la fecha ya supera los $4 millones.
Debido a la millonaria deuda la capacidad operativa de la empresa MIDES se redujo y podía seguir brindando un servicio óptimo a la municipalidad, a la cual nunca se le cerraron las puertas del relleno sanitario en Nejapa; sin embargo, las municipalidades que han ido honrando sus deudas tenían prioridad para la disposición final.
Por otra parte, el descontento de decenas de trabajadores municipales por la retención ilegal de cuotas laborales, razón por la que se abrió un proceso judicial en contra del tesorero de la alcaldía de San Salvador, dio paso a que los afectados iniciaron una protesta frente a la entrada del relleno sanitario en Nejapa, donde no dejaban ingresar los camiones de la capital.
Tras solventar las dificultades de las protestas, la alcaldía capitalina afrontó la grave situación que más de 47 camiones recolectores no pudieran salir a realizar sus recorridos, debido a la falta de combustible, ya que según lo denunciaron los trabajadores, el proveedor se negó a seguir prestando el servicio ante la deuda de más de ocho meses que mantiene la municipalidad en ese rubro.
Paradójicamente, pese a las deudas a otros proveedores de servicios, retención de cuotas laborales, la millonaria deuda a MIDES, el alcalde suscribió recientemente la contratación de una campaña publicitaria mayor al medio millón de dólares, según lo reveló Diario El Salvador y la construcción de la considerada bandera más grande del país, que tuvo un costo mayor a los $300 mil
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
