Judicial
Enrique Rais desacredita rotundamente al testigo Criteriado que presentó la Fiscalía para perjudicarlo

Fiscal Douglas Melendez, por favor sea mas creativo ! ponga por lo menos fechas que sean mas o menos creíbles : Prueba de otro Fraude Procesal de sus fiscales :
Ladeclaración del testigo criteriado dice “ No recuerdo la fecha pero fue en Septiembre 2014, que me ofrecieron $ 1’500 dolares para acelerar el peritaje “
CLAUDIA HERRERA FUE CAPTURADA EL 22 DE OCTUBRE, UN MES DESPUES, NI SIQUIERA EXISTÍA REQUERIMIENTO !
La acusación dice que me pidió 5 miligramos , en una llamada que no existe !
Al demostrar esa falsedad, la fiscal Mayra Raquel Guerra presenta al juez octavo de instrucción un escrito diciendo : “ DISCULPE SEÑOR JUEZ FUE UN ERROR DE LA TECNICO ENA MARICELA GRANADO PONCE, EFECTIVAMENTE EL NUMERO NO ERA DE ENRIQUE RAIS , ERA DE OTRA PERSONA, PERO CON ESA FALSEDAD O ERROR COMO LO LLAMA LA FISCAL, EL MAGISTRADO LIC. CARLOS SANCHEZ ESCOBAR CANDIDATO A LA CSJ , ORDENA MI CAPTURA .
EL ANALISIS DE BITACORA DICE QUE TUVE 78 LLAMADAS CON MI ABOGADO ERNESTO GUTIERREZ CON ESE SUPUESTO NUMERO TELEFONICO , RESULTA QUE EFECTIVAMENTE REALIZÓ 78 LLAMADAS , PERO FUE ENTRE EL PAPA ERNESTO GUTIERREZ Y SU HIJO RODRIGO, A QUIEN POR ERROR LA TECNICO PENSÓ QUE ESE NUMERO ERA EL MÍO. NO ES ESO ABERRANTE ? QUE ESA ES LA PRUEBA PARA ORDENAR MI CAPTURA ?
LUEGO LA FECHA TAMPOCO CORRESPONDE , NUEVO ESCRITO DE LIC. GUERRA, DISCULPE SEÑOR JUEZ : “ LO QUE PASA ES QUE LA TECNICO ESCRIBIÓ LA FECHA EN FORMATO NORTEAMERICANO DICE 02-10-2015 ( 2 DE OCTUBRE 2015 ) EN REALIDAD ELLA QUISO DECIR ( FEBRERO 10 DEL 2015 ) 10-02-2015, SI UTILIZAMOS EL FORMATO AMERICANO , TODAS LAS DEMAS FECHAS NADA CONCUERDA. ES LÓGICO TANTOS ERRORES PORQUE TODO ES FABRICADO Y NUNCA PENSARON QUE HARIAMOS UNA AUDITORÍA MINUCIOSA DE CADA SEGUNDO DE CADA LLAMADA DE CADA NUMERO. SON 22 PERSONAS INVESTIGADOAS EN EL EXP. 8-DIT-2014 Y 28 NUMEROS TELEFONICOS Y EN ESE EXPEDIENTE, NI UNA SOLO VEZ ME MENCIONAN, SON 5 INFORMES QUE EL DIRECTOR DEL CENTRO LIC. CAMPOS CRESPO Y EN NINGUNO ME MENCIONA COMO PERSONA INVESTIGADA , NI SOLICITADA NI SIQUIERA POR REFERENCIA. LA TECNICO GRANADO PONCE, NO ES PERITO, COMO ORDENA LA LEY, NI FUE JURAMENTADA POR NINGUN JUEZ. ELLA UNICAMENTE INGRESÓ AL CENTRO DE ESCUCHAS EL DIA 17 DE AGOSTO 2016 Y PRESENTÓ SU INFORME EL 18, EN 12 HORAS ESTUDIÓ, ANALIZÓ, INTERPRETÓ Y TRANSCRIBIÓ MAS DE 7 MIL LLAMADAS TELEFONICAS Y MAS DE UN MILLAR DE MENSAJES DE TEXTO EN 12 HORAS , ESO EQUIVALDRIA A 1900 LLAMADA INTERPRETADAS Y ESCUCHADAS POR HORA ! HUMANAMENTE , MATERIALMENTE Y FISICAMENTE IMPOSIBLE !!! OTRO FRAUDE PROCESAL, MAGISTRADOS COMO PUEDEN EXPLICAR Y JUSTIFICAR ESTO ?
EL TESTIGO CRITERIADO DICE “ LA LLAMADA FUE EL 9 DE MARZO 2015 “
CONFUNDIÓ AL FABRICAR NUEVA LLAMADA CON MI FECHA DE CUMPLEAÑOS,
SOY EFECTIVAMENTE DEL 9 DE MARZO.
LA FISCALIA ME ACUSA DE ESA LLAMADA INEXISTENTE PERO DE FECHA 5 DE MARZO 2015, NO LA ENCONTRAMOS EN NINGUNA PARTE DE LAS BITACORAS.
CLAUDIA HERRERA FUE CAPTURADA EL 22 DE OCTUBRE 2014,
POR AMENAZAS CON ARMA DE FUEGO CON SUS GUARDESPALDAS, Y EL PERITAJE FUE ORDENADO POR UNA AUXILIAR FISCAL DE CLAVE FRANCIA, EN SU TESTIMONIO LA FISCAL DICE “ YO ORDENÉ EL PERITAJE , YO MANDÉ EL OFICIO A MEDICINA LEGAL, YO LO MANDÉ A RETIRAR OFICIALMENTE, YO LO TRANSPORTÉ DE FORMA OFICIAL EL PERITAJE , YO PERSONALMENTE PRESENTÉ ESE PERITAJE AL JUZGADO.
ENTONCES SI JAMAS PASÓ POR MIS MANOS ¿ COMO PUEDO COMETER FRAUDE PROCESAL O FALSEDAD ?
SI NUNCA HABLE CON EL JUEZ, NUNCA CONOCIÓ EL JUEZ 9 DE PAZ DE ESE CASO DE CLAUDIA HERRERA, ¿ COMO ME PUEDEN ACUSARME DE COHECHO ?
LA DESESPERACION ES GRANDE DE FISCALIA CUANDO RECONOCEN QUE EL CASO LO HEMOS DESEMASCARADO Y DESBARATADO. PODRÁN PRESIONAR PARA QUE ESTE CASO SIGA CON VIDA ARTIFICIAL POR POCO TIEMPO MAS , PERO HAGO CONSIENCIA A LOS FISCALES AUXILIARES, EL FISCAL GENERAL TERMINA EN 98 DIAS SU MANDATO, PERO USTEDES ? ESTAN DISPUESTOS A SEGUIR FABRICANDO FRAUDES ?
REFLEXIONEN ! GENTE INOCENTE ESTA PADECIENDO INJUSTAMENTE .
ENRIQUE RAIS.
Judicial
Juzgado emite orden de captura contra Enrique Rais y confirma su estatus de prófugo

El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.

Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.

El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.

Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.

Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.

Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador

El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
Judicial
35 años de cárcel para sujeto que asesinó a su expareja en Ciudad Delgado

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
Judicial
10 años de cárcel a mujer que colaboraba con la Mara Salvatrucha

El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.