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Nacionales

El Salvador registró 10 días con cero homicidios en las primeras semanas de agosto 2022

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En los primeros 14 días del presente mes de agosto se contabilizan 10 con cero homicidios en El Salvador, según los datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil (PNC) durante las últimas horas del pasado domingo.

Según los datos de la institución policial, el domingo 14 de agosto no se contabilizaron muertes a causa de la violencia en todo el territorio salvadoreño, siendo el décimo día con esta estadística y manteniendo la tendencia positiva con la que cerró el pasado mes de julio, el más seguro de toda la historia de El Salvador.

Julio 2022 contabilizó un total de 21 días con cero homicidios, siendo el más seguro de toda la historia reciente del país. Los datos oficiales de la corporación policial señalan que los días con cero homicidios en el recién finalizado mes de julio fueron: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 y 31.

Esta estadística positiva se registra en el marco del régimen de excepción, aprobado el pasado 27 de marzo por la Asamblea Legislativa en respuesta a la última alza de homicidios que se ha registrado en el país.

El régimen de excepción continúa vigente en El Salvador luego que el Órgano Legislativo lo extendiera una cuarta ocasión ante los resultados positivos que se han presentado en la seguridad pública en el territorio salvadoreño.

Además, esta estadística positiva en materia de seguridad sigue siendo el resultado de la ejecución del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, para combatir la delincuencia y la criminalidad.

De igual forma, los datos señalan que desde el año 2019, en el cual inició la gestión presidencial de Nayib Bukele, El Salvador contabiliza más de 170 días con cero homicidios, evidenciando la efectividad del trabajo realizado por el Gabinete de Seguridad Pública.

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Detienen a pandillero de la clica Arce Malditos Locos Salvatruchos

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Un nuevo golpe contra las pandillas se registra hoy con la detención de José Francisco Yanes Linares, de 22 años, quien de acuerdo a la Policía Nacional Civil es miembro de la MS13, clica Arce Malditos Locos Salvatruchos.

Las investigaciones arrojan que este sujeto tenía un cargo principal para la financiación de la mara, de acuerdo a la corporación policial.

«Según las investigaciones se encargaba de movilizar la droga y dinero para la pandilla», informó la PNC en la red social X.

Yanes Linares fue capturado en el cantón La Esperanza, en Ciudad Arce, La Libertad Centro.

Tras su aprehensión será remitido por el delito de pertenencia a esta organización terrorista.

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Incautan cocaína y más de 15 mil dólares a una mujer en Santa Ana

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Una mujer fue puesta bajo arresto luego de ser denunciada por comerciar y distribuir droga en la zona occidental. Al momento de su captura se le incautaron estupefacientes y miles de dólares en efectivo, informó la Fiscalía General de la República.

De acuerdo a la versión del Ministerio Público, la detenida, identificada como Andrea Dessire Beltrán Calderón se dedicaba al comercio y distribución de cocaína en Ciudad Real, San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.

La Policía Nacional Civil llevó a cabo el procedimiento en la vivienda de Beltrán Calderón en la cual se encontraron diferentes porciones de droga, una báscula y 15,129 dólares en efectivo.

La FGR detalló que Beltrán Calderón fue denunciada, lo que llevó a las autoridades a seguirle la pista comprobando el cometimiento de los delitos de tráfico de droga y lavado de activos, por los cuales será juzgada.

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En 2026, 10 estafadores han sido condenados a penas de seis a 62 años de cárcel

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Según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), en lo que va del año al menos 10 personas acusadas de estafa han sido condenadas a prisión.

Las cantidades defraudadas por los imputados oscilan entre $12,000 y $375,360, mientras que las penas impuestas van desde seis hasta 62 años de cárcel.

Las autoridades aseguran que las detenciones de estafadores y posteriores condenas se deben al trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía, quienes han fortalecido sus esfuerzos tanto en la investigación de estos casos como en la propuesta y diseño de reformas legales orientadas a combatir delitos para combatir delitos que afectan contra el patrimonio de los salvadoreños.

«Tenemos la responsabilidad de gestionar, ordenar e investigar para poner tras las rejas y frente a un juez a los responsables de delitos graves. Hemos venido trabajando en una técnica de empezar por los delitos más graves, todo lo que tiene que ver con los delitos de la libertad sexual, violaciones, agresiones sexuales, estafas, robos y hurtos», señaló recientemente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El funcionario detalló que, para luchar contra este tipo de delitos, se presentaron el año pasado ante la Asamblea Legislativa, una serie de reformas relacionadas a delitos patrimoniales.

«El año pasado también llevamos a la Asamblea el último compacto de reformas que estaba relacionado a delitos patrimoniales, y también estamos analizando la información, escuchando las nuevas formas en que los salvadoreños se manifiestan y denuncian este tipo de delitos para lograr capturar a los implicados y llevarlos tras las rejas», indicó Villatoro.

El pasado 16 de febrero, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador decretó una condena de seis años de prisión a Jorge Franklin Ríos Rugamas, quien fue declarado culpable por el delito de estafa agravada. El imputado también fue condenado a pagar $85,000 en calidad de responsabilidad civil.

«Los hechos sucedieron a comienzos del año 2020 cuando la víctima conoció a Ríos Rugamas, quien se hacía pasar como un empresario del área de las edificaciones y otros rubros. El imputado le ofreció a la víctima diferentes servicios del sector construcción y suscribió varios contratos para efectuar los proyectos», explicó el fiscal del caso.

Al vencer los plazos establecidos, Ríos Rugamas incumplió los contratos; sin embargo, simuló que respondería económicamente debido a los daños y perjuicios que ocasionó, pero lo hizo emitiendo cheques sin fondos.

En otro caso, un mes después, el 20 de marzo, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó que Edgar Omar Revelo Álvarez siga en prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra por el delito de estafa agravada en perjuicio de 23 víctimas.

«En 2025 se comenzaron a recibir múltiples denuncias contra el imputado, quien ofrecía boletos aéreos a bajo costo a través de redes sociales», explicó la fiscal del caso.

Según la representación fiscal, Revelo Álvarez se hacía pasar por empleado de una aerolínea y promocionaba supuestas ofertas bajo modalidades como el pago únicamente de impuestos o promociones de 2×1 a países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, España, Italia, Indonesia, Tailanda, Japón, Panamá, Perú y México.

«Las víctimas realizaban transferencias por los supuestos boletos; sin embargo, el imputado cortaba toda comunicación posteriormente, y las reservaciones resultaban falsas o inexistentes. El monto total de lo estafado asciende a $50,491.04», dijo la fiscal.

Mientras que, en Usulután, el Tribunal de Sentencia de dicha localidad declaró culpables a Santos Tomás Mercado y José Reinaldo Turcios Callejas por el delito de estafa y les impuso una pena de ocho años de prisión. Los imputados estafaron a 32 personas residentes en distintas comunidades del departamento.

«Los ahora condenados solicitaron a las víctimas diversas cantidades de dinero a cambio de supuestos beneficios como viviendas, terrenos, ganado y abonos para proyectos agrícolas. Los imputados aseguraban que dichos recursos serían entregados mediante una presunta ayuda humanitaria proveniente de China Taiwán», detalló el fiscal del caso.

En abril de 2025, las víctimas fueron convocadas a una reunión en San Salvador, donde supuestamente recibirían escrituras y otros beneficios; sin embargo, las promesas nunca se concretaron. Tras constatar el incumplimiento y la pérdida de su dinero, los afectados interpusieron la denuncia que dio origen al proceso judicial y a la posterior sentencia condenatoria.

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